Organizaciones sociales manifestaron su repudio a la investigación sobre la actuación del la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), por la demarcación de tierras indígenas y remanentes de quilombos.

Los movimientos aseguran que la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), responsable de la investigación, forma parte de una ofensiva «desigual, violenta e inconstitucional” contra los quilombos y los pueblos. «Entendemos que el intento de debilitar a la Funai y al Incra, de parte del Congreso Nacional, carece de justificaciones legales y fácticas”.

La CPI expresa una “inmerecida” pretensión de la bancada ruralista de «ayudar en la elaboración de una nueva política para los indios y quilombolas, más adecuada a nuestra realidad”, sostienen las organizaciones.

Otra denuncia es que los intereses de la bancada en el 2015 se excedieron, citando al presidente de la Comisión, Alceu Moreira: «En 2013, él incitó a la población no indígena a la violencia: ‘(…) se ponen uniformes de guerreros y no dejen a ningún embustero de esos dar un paso en su propiedad. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Usen todos los tipos de red. Reúnan verdaderas multitudes y expulsen (a los indígenas), de la manera que fuere necesario’.”

La explicación de la prerrogativa de demarcación de tierras indígenas y quilombolas es el soborno de casi 9 millones de reales brasileños que las empresas del sector agropecuario otorgaron a los diputados del Congreso Nacional y miembros del CPI.

Con información de Adital