Foto: Fachada interior de las oficinas de la Red Nacional de Refugios en Ciudad de México. Esta organización de la sociedad civil (OSC), así como la población a la que atiende, podrían verse afectadas por la nueva política gubernamental de no financiar a las OSC.(Red Nacional de Refugios)
A Aurelia su esposo la golpeaba en las noches, cuando sus hijas estaban dormidas. Por la mañana, las niñas le notaban los moretones y le preguntaban si se había caído de la cama; ella les mentía. También la golpeó cuando estuvo embarazada. Estaba desesperada pero no sabía qué hacer pues él le decía que no se podría librar de él.
Después de un tiempo una amiga le habló de la Red de Nacional de Refugios en donde podría encontrar protección y atención integral y acudió a ella. “Si no hubiera sido por la organización civil que opera el refugio, hoy no estaría viva”, asegura Aurelia mientras abraza a una de sus hijas.
Sin embargo, esos refugios (hay 41 en el país y 39 centros de atención externa) se encuentran en peligro toda vez que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de ya no apoyar económicamente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). A ninguna, “parejo”, dice él, pues considera que han sido intermediarias que sólo se han aprovechado de los recursos mientras que los beneficios no se han dejado sentir en la población.
Ante la indignación que se generó a nivel nacional y la movilización que emprendió la Red Nacional de Refugios tras dicho anuncio, el presidente autorizó que se emitiera la convocatoria para que un pequeño grupo de organizaciones que trabajan el tema de equidad de género concurse por recursos este año, pero no queda claro qué pasará más allá de 2019.
“Nos encontramos en un estado de emergencia pues ocurren entre 9 y 10 feminicidios cada día, es decir, cada 3 horas asesinan a una mujer en nuestro país. No se debe poner a concurso la vida y la seguridad de las mujeres violentadas y no podemos seguir con esta incertidumbre de lo que va a pasar con los refugios”, señala Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, en entrevista con Equal Times.
“Lo que hacemos es salvar vidas y el futuro de los refugios es incierto. No se han salvado los refugios. No hay una política pública clara, contundente y efectiva de cómo van a garantizar la no-violencia contra las mujeres. El Gobierno presentó un plan que no es un plan sino simplemente un punteo de cosas que denotan que no conocen el fenómeno de la violencia. Imagínate que querían resolverlo dando dinero directamente a las víctimas y en vez de utilizar el término ‘refugio’ hablan de ‘hospedaje’”, enfatiza la directora general.
El año pasado, señala, la red recibió 13,3 millones de euros para operar sus centros, y todo mediante la firma de convenios [que establecen las reglas de operación de manera muy precisa, y son supervisadas y auditadas de manera sistemática].
Para el resto de las organizaciones, el nuevo jefe del Estado mexicano ha reiterado su decisión de cancelar los apoyos argumentando que gobiernos anteriores otorgaban el equivalente de hasta 1.380 millones de euros (–unos 1.540 millones de dólares USD–), sin precisar en qué periodo, y que el dinero no llegaba a la población más necesitada.
El de la Red Nacional de Refugios es un ejemplo de cómo puede verse afectada la población que hasta ahora ha sido beneficiada por el trabajo de las organizaciones de la ciudadanía.
Los riesgos de debilitar a la sociedad civil organizada
Las organizaciones civiles pueden operar con base en recursos del Estado; también lo hacen gracias a donativos que reciben de entes privados y por recursos autogenerados. El presidente mexicano decidió, en paralelo, que desaparecerán los incentivos (la deducibilidad de impuestos) para que las empresas privadas hagan donativos.
Es decir, el ahorcamiento a las organizaciones de la sociedad civil viene por doble vía.
Clara Jusidman, incansable activista en la defensa de derechos humanos, derechos electorales y derechos sociales en general, además de combatir la pobreza, señala que, si bien muchos de los integrantes de la sociedad civil no quieren oponerse al nuevo presidente mexicano –electo en 2018 por una abrumadora mayoría–, están “en contra de las acciones ilegales que [éste] está llevando a cabo, como esto de no dar los recursos públicos que en esta ocasión incluso ya fueron aprobados por el Congreso como parte del Presupuesto de 2019”.
Jusidman alerta, además, que descalificar el trabajo de las organizaciones, como hace López Obrador –al decir que no sirven para nada y que son corruptas–, pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos. Afirma, también, que van a desaparecer muchas pequeñas organizaciones que trabajan en diversas partes del país y que hacen un trabajo muy importante con modelos de atención a diferentes sectores poblacionales.
Se refiere a personas que trabajan en condiciones muy difíciles, incluso peligrosas, con muy bajos sueldos o incluso como voluntarios, con un modelo que ha probado su efectividad; y a organizaciones que abordan problemáticas con, entre otros, la población que carece de vivienda (y de medios de vida), exconvictos en proceso de reinserción, personas con discapacidad, quienes han sido víctimas de trata o grupos que padecen enfermedades mentales. “Y el Gobierno no tiene capacidades para atenderlos. El Gobierno tiene procesos muy lentos y burocráticos y las organizaciones actúan”, asegura.
Por otra parte, recalca que el Gobierno está atentando contra el derecho que tienen los ciudadanos para organizarse, participar y defenderse frente a autoridades dictatoriales, corruptas o ineficientes. “Se afectan derechos humanos centrales para la democracia”, sentencia.
El enojo del presidente con las OSC
“Di a conocer hace dos días un memorándum, una circular para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG, a asociaciones filantrópicas, ya nada de eso se va a permitir. El apoyo del Gobierno se va a entregar directamente a los beneficiarios”, anunció el presidente el pasado 18 de febrero.
“Todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil”, abundó en su razonamiento un día después.
Gobiernos (anteriores, de otros partidos) en ocasiones hicieron un uso discrecional de los recursos destinados al apoyo a las organizaciones. Ejemplo de una mala práctica es elsonado caso de las aportaciones por el equivalente a unos 78 millones de euros (87 millones de dólares) a dos organizaciones asociadas a una de las principales televisoras de México (Tv Azteca, privada), durante una década, mientras los recursos para Cultura se reducían drásticamente. Ocurre que, el titular de esas organizaciones beneficiadas es ahora el secretario de Educación en el gabinete de López Obrador.
Pero no es el caso de la inmensa mayoría de las casi 40.000 organizaciones que están registradas en el país. En una carta en la que 92 de las principales organizaciones civilesle piden a López Obrador reconsiderar su decisión, reconocen que si bien no toda la ciudadanía –organizada o no–, actúa de manera honesta y transparente y que hay quien utiliza las necesidades y el dolor ajeno para lucrarse, “muchas otras OSC” han “luchado por el bien común, relevando la defensa de los derechos humanos y abogando por gobiernos que sirvan a la población”.
Rogelio Gómez Hermosillo, quien tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos y es consultor internacional en la lucha contra la pobreza, señala que el actual presidente tiene una confrontación política con un grupo de actores a los que considera opositores conservadores por las críticas que ha recibido de estos sobre algunas de sus decisiones (como la decisión de cancelar la construcción de un aeropuerto que ya llevaba más de 30% de avance; las consultas que ha impulsado sin ninguna formalidad ni rigor profesional con las cuales dice fundamentar decisiones importantes; y la legalización de la participación de los militares en labores de seguridad pública, entre otras).
“[Con la decisión de eliminar los apoyos a las OSC y ONG el presidente] está cancelando toda colaboración con la sociedad civil. La coinversión social, modelo que es muy conocido en todo el mundo, plantea el aprovechamiento delexpertise, la capacidad, la mística, la generosidad que tienen las organizaciones”, señala Gómez Hermosillo.
“Toma decisiones muy a rajatabla, sin matices” y “se está llevando entre las patas” todo el modelo de colaboración, a pesar de que existe una ley para el fomento de las organizaciones. “Existen fondos que se concursan en convocatorias abiertas, con reglas claras. Un Estado democrático valora este tipo de cosas, porque se tienen buenos resultados”, añade.
Marian Olvera, directora de Alternativas y Capacidades, organización que busca fortalecer las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, refiere que el presidente decidió cancelar los apoyos a pesar de que los recursos están aprobados. Por lo que toca al Programa de Coinversión Social (que implica que las organizaciones aportan un porcentaje del costo de un proyecto específico), ya habían sido emitidas las reglas de operación, pero cuando el presidente determinó la ahorafamosa Circular 01, se cancelaron.
Para este programa están aprobados el equivalente a 6,2 millones de euros (–7 millones de dólares–, un 37% menos que en 2018).
Las organizaciones de la sociedad civil, un contrapeso
Las OSC también han servido para impulsar instituciones autónomas, como la autoridad independiente del Gobierno que organiza las elecciones, la cual durante muchos años fue modelo a seguir en diversas partes del mundo y fue la que realizó la elección en la que resultó electo el actual presidente; también la sociedad civil logró la creación de una institución autónoma que garantiza el acceso a la información pública, entre otras, y ha empujado iniciativas para lograr diversas legislaciones relativas a la defensa de los derechos humanos. Son sólo algunos ejemplos de los temas relevantes en los que inciden las OSC en la vida democrática del país.
La sociedad civil también sirve de contrapeso. Nada menos a finales de febrero se aprobó en el Congreso la creación de una Guardia Nacional en una versión modificada a la que buscaba aprobar el presidente. Con esa reforma a la Constitución el presidente quería hacer legal la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, lo cual estaba prohibido.
Gracias a la presión de un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil que impulsó la campaña #seguridadsinguerra, por lo menos se logró establecer plazos para la presencia de militares en las labores de seguridad pública y se marcó la necesidad de fortalecer a las policías civiles. Aunque también quedó establecido que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil, el mandatario nombró a un militar en activo, en proceso de retiro.
Durante su campaña política, López Obrador prometió que los militares ya no participarían en la seguridad pública, función que estaba reservada a los civiles, y ya como presidente decidió institucionalizar esa participación incluso modificando la Constitución.
Antes de su aprobación en el Congreso, el mandatario criticó a quienes lo criticaban por impulsar la Guardia Nacional:
“Los expertos y los de las organizaciones de la sociedad civil pues no sé qué estén pensando, porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación”, dijo López Obrador.
‘Guerra’ de cifras
No queda claro a qué refirió el presidente cuando habló de los 1.380 millones de euros otorgados a las OSC. La información oficial disponible reporta que a las organizaciones de la sociedad civil se le otorgaron aproximadamente 324 millones de euros (361 millones de dólares) en 2016, por ejemplo.
Un análisis del Instituto de Investigaciones del Senado de la República señala que el financiamiento público a las OSC presenta “señales alarmantes” pues los recursos de 2014, así como los de 2015 y los de 2016 son prácticamente similares a los otorgados en 2012 (en pesos constantes -toman en cuenta la inflación-).
“De hecho, bajo este enfoque los recursos no solo no han aumentado, sino que en 2013 disminuyeron un 17% y en 2016 cayeron el 7%, respecto a los años previos”.
Y lo más sorprendente es que en las estadísticas sobre apoyos a organizaciones civiles, las autoridades mexicanas incluyen a asociaciones que son de hecho entidades descentralizadas del Gobierno, que realizan labores de Estado, como la educación para adultos, actividades deportivas o incubadoras de negocios, entre otras. A estas instituciones se les llama organizaciones sociales gubernamentales (GONGO).
De acuerdo con un estudio realizado por la organización Alternativas y Capacidades, sobre el financiamiento del Gobierno federal a las organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 40% del total de recursos reportados en realidad fueron transferencias de dinero de las dependencias a instituciones gubernamentales constituidas como asociaciones civiles.
“Se trata de recursos que algunas dependencias destinan a instancias constituidas como asociaciones civiles, pero que no son independientes de la administración pública, ya que sus órganos de gobierno se integran exclusiva o mayoritariamente por funcionarios públicos o por personas nombradas por los titulares de las dependencias; operan fundamentalmente con recursos públicos; e, incluso, pueden estar constituidas con la misión de llevar a cabo programas gubernamentales”, señala el estudio.
Es decir, el monto percibido por las organizaciones independientes de la sociedad civil –que no persiguen un beneficio propio– es, según este desglose, mucho menor del que indican los informes oficiales, concluye Alternativas y Capacidades.
Publicado originalmente en Equal Times