Foto: M. A. Fernández y J. Marcos / desplazados.org
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron al Estado mexicano a garantizar la seguridad e integridad del abogado y defensor Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, quien este año ha sido víctima de «intimidación, hostigamiento, vigilancia y el probable intento de homicidio».
«Hemos recibido información por parte de Juan Carlos Flores Solís sobre los ataques a su integridad física, las amenazas de daño físico, repetidos allanamientos, y los actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento que ha sufrido a lo largo de este año», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentran las Brigadas Internacionales de Paz – PBI México, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front line Defenders y Amnistía Internacional.
La agresión más reciente contra Flores Solís sucedió el pasado 17 de octubre, cuando fue víctima de intento de homicidio «que se pretendió perpetuar bajo la fachada de un accidente automovilístico», pues las tuercas (birlos) de una de las llantas delanteras de su automóvil «estaban completamente flojas».
«Después de analizar este hecho con relación a los últimos incidentes de seguridad también relacionados al carro se presume que alguien aflojó la llanta intencionalmente, corroborando un profesional mecánico que no pudieron ser aflojadas de manera natural, sino tras haber sido manipuladas por alguna persona, con el propósito de poner en riesgo la vida e integridad de Juan Carlos», precisaron las organizaciones.
Entre los ataques contra el abogado, defensor y acompañante de las comunidades nahuas que se oponen al despojo de su territorio también se encuentran tres hallanamientos a su domicilio en Juan C. Bonilla, Puebla, hostigamiento, espionaje y hackeo a sus cuentas personales, a pesar de que Flores está incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
«Por todo lo expresado con anterioridad, el conjunto de organizaciones aquí presentes hacemos un llamado al Estado mexicano, en todos sus niveles, a garantizar la seguridad e integridad de Juan Carlos Flores, a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para que continúe con su labor de defensa de los derechos humanos y en especial de las comunidades que acompaña, y a reconocer dicha labor como imprescindible dentro de una sociedad libre y respetuosa con los derechos humanos», finalizaron las organizaciones.
A continuación el comunicado completo:
Las organizaciones firmantes reconocemos por medio del presente comunicado la imprescindible labor del abogado y defensor del FPDTA-MPT, Juan Carlos Flores Solís, por su defensa de los derechos humanos, del derecho al agua, a un medioambiente sano y a la libre determinación de los pueblos.
El trabajo de Juan Carlos Flores Solís como integrante y abogado del FPDTA-MPT, se ha enfocado en acompañar jurídica y socialmente a distintas comunidades indígenas nahuas y procesos organizativos que luchan contra megaproyectos y contra la extracción y contaminación del agua, tanto del río Cuautla, en el municipio de Ayala, Morelos, como del río Metlapanapa, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.
Queremos expresar colectivamente nuestra preocupación por los recientes eventos de intimidación, hostigamiento, vigilancia y el probable intento de homicidio contra Juan Carlos, directamente vinculados con el ejercicio de la abogacía y la legítima labor de defensa de los derechos humanos. Hemos recibido información por parte de Juan Carlos Flores Solís sobre los ataques a su integridad física, las amenazas de daño físico, repetidos allanamientos, y los actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento que ha sufrido a lo largo de este año. Estos ataques buscan menoscabar y obstaculizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos, pues su labor de acompañamiento jurídico y social se traduce en denunciar los graves impactos medioambientales relacionados con la actividad industrial de empresas, tanto mexicanas como transnacionales, que operan en el centro del país.
Las organizaciones aquí reunidas tenemos conocimiento de que el 17 de octubre del presente año Juan Carlos Flores Solís se movilizó en su auto hacia la ciudad de Cuernavaca, para atender temas relacionados a su labor como abogado defensor de derechos humanos. Durante el trayecto, se percató de la existencia de ruidos extraños en el auto. Al revisar detalladamente el auto se dio cuenta que las tuercas (birlos) de una de las llantas delanteras estaban completamente flojas. Después de analizar este hecho con relación a los últimos incidentes de seguridad también relacionados al carro se presume que alguien aflojó la llanta intencionalmente, corroborando un profesional mecánico que no pudieron ser aflojadas de manera natural, sino tras haber sido manipuladas por alguna persona, con el propósito de poner en riesgo la vida e integridad de Juan Carlos. El hecho es de suma gravedad y podría configurar un intento de homicidio, que se pretendió perpetuar bajo la fachada de un accidente automovilístico.
Es importante mencionar que esta situación no es un hecho aislado; por el contrario, se enmarca en los patrones de amenaza e intimidación que ha venido sufriendo Juan Carlos y que se han venido agravando en el trascurso del año 2022, y que, además, afectan a su familia y red de apoyo, así como a los y las demás integrantes del FPDTA-MPT, obstaculizando su labor de defensa de los derechos humanos y el territorio. Se debe puntualizar también que Juan Carlos fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas este mismo año.
Por todo lo expresado con anterioridad, el conjunto de organizaciones aquí presentes hacemos un llamado al Estado mexicano, en todos sus niveles, a garantizar la seguridad e integridad de Juan Carlos Flores, a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para que continúe con su labor de defensa de los derechos humanos y en especial de las comunidades que acompaña, y a reconocer dicha labor como imprescindible dentro de una sociedad libre y respetuosa con los derechos humanos.