Foto: Irving Mondragón
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones no gubernamentales documentaron la negativa del gobierno mexicano a brindar recursos para proveer a cerca de 500 desplazados de la comunidad Laguna Larga, Guatemala, que instalaron un campamento improvisado
Cuatro ONG nacionales acusaron que ni las autoridades de México ni las de Guatemala actúan para proteger a las familias que se instalaron en el ejido de El Desengaño, en Campeche, donde no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades alimentarias, de vestido y de vivienda.
“No está respondiendo de acuerdo con la gravedad de la situación”, aseguraron al referirse al Estado mexicano, pues “la ayuda alimentaria y médica ha sido proporcionada por la población civil, no por el gobierno”.
Con ello, las autoridades mexicanas incumplen sus obligaciones internacionales en materia de desplazamientos forzados y población refugiada, acusaron representantes de Equipo Indignación, La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, Resistencia Civil de Candelaria y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
Las autoridades federales “distan mucho de atender la emergencia tratándose de una zona fronteriza, que además incumple por mucho las obligaciones internacionales y condiciones mínimas que le impone el marco jurídico internacional en desplazamientos forzados, refugio, [y] derecho internacional humanitario”, expresaron.
Agregaron que el gobierno mexicano “ya tenía conocimiento de la inminencia del desalojo del gobierno de Guatemala días antes de ejecutarse”, lo que explica que el 2 de junio, cuando las familias se vieron obligadas a dejar sus tierras, la policía federal, el ejército y el Instituto Nacional de Migración ya los esperaran.
El desalojo en Guatemala constó de la quema de viviendas, el robo de pertenencias de los desplazados y el impedimento para el retorno de las familias, señalaron las organizaciones.
Por ello, exigieron que la asistencia humanitaria sea de acuerdo con la gravedad de la situación y con los principios y directrices de Naciones Unidas, los cuales establecen claramente que en situaciones de desplazamiento forzado se tiene que garantizar una estancia digna.
