Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. El poder Judicial ordenó al ejército mexicano abstenerse de «destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información» sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras otorgar la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo interpuesto por los padres y madres de los estudiantes, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Los padres y madres de los 43 promovieron el amparo el pasado 15 de agosto luego de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comprobó que «el ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia», lo que viola el derecho a la verdad de los familiares.
De acuerdo con el Centro Prodh, los padres y madres pidieron como medida cautelar que se ordenara la preservación de la información con la expectativa de que, cuando se resuelva de fondo el amparo, se ordene la entrega de la documentación completa.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos hace casi nueve años en Iguala, Guerrero, continúan a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dialogue con ellos «sobre el incumplimiento de compromiso de esclarecer plenamente el caso», así como aseguraron que seguirán en la búsqueda de verdad y justicia a través de las instancias legales nacionales e internacionales disponibles, señaló el Centro Prodh.
En su sexto y último informe, el GIEI concluyó que las autoridades políticas y de seguridad, especialmente la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), mantienen su «insistencia en negar cosas que son obvias» y continúan ocultando información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la presentación del informe, el 25 de julio pasado, los investigadores Carlos Beristain y Ángela Buitrago señalaron que ningún documento de la Sedena indica que los normalistas desaparecidos estaban coludidos con el narcotráfico, mientras que miembros del ejército, autoridades de los municipios de Guerrero involucrados y jefes de policías municipales sí tenían nexos con los grupos criminales. “La actuación del ejército se explica por colusión con el crimen organizado y por una visión contrainsurgente que estigmatiza a los jóvenes”, dijo Beristain.
A continuación el comunicado completo:
