La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante la falta de garantías al debido proceso en el juicio de los seis defensores indígenas del agua de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, que fueron detenidos y sentenciados a 50 años de prisión acusados injustamente de los delitos de privación de la libertad y homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak Basso, líder de empresarios floricultores de la comunidad vecina de Villa Guerrero que pretendía entubar el agua de los manantiales de Tlanixco en abril de 2003.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, criticó que, a 15 años de la muerte de Isaak Basso, «los hechos permanecen sin ser esclarecidos, tres personas han pasado más de 10 años en prisión sin recibir una sentencia, no se cuenta con elementos de convicción suficientes más allá de toda duda razonable para determinar la condena y existen circunstancias que presumen un incumplimiento de las garantías del debido proceso».
Luego de consultar el expediente judicial del caso, la Oficina presentó seis observaciones vinculadas con el derecho al debido proceso legal en relación con la presunción de la inocencia, la valorización de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva de los defensores Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, sentenciados en primera instancia el 27 de noviembre de 2017 a 50 años de prisión, así como Teófilo Pérez González, Rómulo Arias y Pedro Sánchez Berriozábal.
Respecto a la presunción de la inocencia, la ONU-DH destacó que en la lectura de la sentencia contra los defensores se observa «una inversión explícita de la carga de la prueba al responsabilizar a los acusados de demostrar ‘fehacientemente con pruebas indubitables’ que no cometieron los delitos que se les imputan», pues de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la presunción de inocencia es indispensable la demostración «fehaciente» de la culpabilidad para la sanción penal, «de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado».
Por otra parte, destacó que ninguno de los testigos de cargo en el juicio estuvo presente en el momento de los hechos, cuando Isaak Basso “cayó en una barranca, lo que le ocasionó la muerte”. Agregó que la ausencia fue admitida por los mismos testigos, quienes «incluso mencionan que se enteraron de la muerte del Señor Isaak Basso tiempo después, cuando ya no estaban en Tlanixco». «Sin embargo, pasado el tiempo, las ampliaciones de declaración señalaron directamente a varias personas por el presunto homicidio, entre ellas a los seis defensores sentenciados», explicó la ONU-DH, que añadió que el juez no tomó en cuenta las declaraciones de los denunciantes que explican cómo prepararon los testimonios de cargo y cómo se les instruyó para señalar a personas específicas.
La Oficina señaló que «otro de los principales elementos de preocupación» es la posible falta de individualización de la pena, pues se atribuye igual grado de responsabilidad a los seis sentenciados sin que se expliquen los motivos por los cuales se les aplicó a todos la pena máxima de 50 años. Además, criticó la duración de la prisión preventiva de Pérez González y de Lorenzo Sánchez Berriozábal, quienes fueron detenidos entre 2006 y 2007 y sentenciados en primera instancia hasta el 27 de noviembre de 2017.
«Esta secuencia de violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia», aseguró la ONU-DH, quien llamó a las autoridades judiciales a garantizar la justicia a las personas inculpadas y, «ante la inminencia de una decisión de segunda instancia en el proceso de apelación de Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez», manifestó su confianza en que el Tribunal repare los derechos violados.
El primero de abril de 2003, once empresarios floricultores de Villa Guerrero ingresaron a Tlanixco para entubar el agua de los manantiales y utilizarla para la empresa de Isaak Basso. Ante ello, varios habitantes acudieron a defender el agua a la parte del pueblo conocida como El Salto, donde el ingeniero cayó al barranco. Luego de ello, comenzó una campaña de criminalización que provocó que seis personas, algunas de las cuales ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos, fueran condenadas a 50 años de prisión.
