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Morelos | Desinformémonos. “Instamos a la Suprema Corte de Justicia a que actúe con responsabilidad… en una de las decisiones más importantes de su historia” y no avale la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso, señaló el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmando que ese ordenamiento, aprobado con argumentos “engañosos”, legaliza la militarización del país y representa la continuidad de una estrategia que “logró normalizar la violencia extrema” sacrificando la humanidad con la lógica de que se obtiene seguridad si se extermina a los malos, pero en los hechos, dijo “ocurrió lo contrario”.

El diplomático participó en el foro Ley de Seguridad Interior (LSI) y Derechos Humanos, organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía (PUECC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, moderado por Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia (MPJD) y en el cual intervinieron también Roberto Ochoa, director del PUECC y Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de Guerrero. Los ponentes plantearon, en diferentes formas, la necesidad de frenar la LSI y buscar alternativas para prevenir la inseguridad y la violencia en vez de darle un marco jurídico al ejército para que actúe al margen de su función constitucional.

Jarab, cuestionado sobre si México con esta ley se encamina hacia un gobierno autoritario, como sostuvo Rosales en su exposición, contestó: “espero que no”, si bien criticó el proceso de adopción de la misma, “precipitada, sin discusión”, sin buscar consenso social y con una mayoría ad hoc, lo que, dijo, “es preocupante” porque hay discontinuidad con otros procesos como el de la Ley contra la Tortura o la Ley contra la desaparición forzada, que fueron inclusivos, en los que hubo una gran participación social.

Respecto a la posición de los candidatos a la presidencia sobre la LSI, contestó que él no comentaría a los candidatos, “sin embargo se puede decir que resulta prometedor que entre las acciones de inconstitucionalidad –interpuestas contra dicha ley- hay de ambas cámaras” de varias fuerzas políticas, porque los diputados y senadores  que se oponen a esta ley pueden impugnarla en su totalidad, cosa que no ocurre con algunos gobiernos y  con la CNDH.

En su ponencia Jarab afirmó que la estrategia de sacar al ejército a las calles y aniquilar al enemigo, obtuvo resultados “no muy exitosos” ya que sólo se logró fragmentar a las organizaciones criminales, con el resultado de que hay una guerra entre algunas bandas criminales y algunos gobiernos estatales como el de Veracruz, por citar un ejemplo. Las evidencias demuestran que el modelo actual “no funcionó ni siquiera en el sentido de la seguridad” como se expresa en los índices de violencia y el incremento de violaciones a los derechos humanos como torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales… además de que tiene opacidad y abona a la discrecionalidad en su aplicación.

Añadió que en el proceso de aprobación se presentó a la sociedad un silogismo falso, “no se preguntó si el modelo actual está funcionando, porque la respuesta es no; la pregunta fue ¿se pueden retirar las Fuerzas Armadas (FA) de un momento a otro? Nadie habló de eso, ni siquiera mi oficina”. Aseguró que con esa pregunta se utilizó la estrategia del miedo para perpetuar esa estrategia, añadiendo que esta ley no crea un incentivo ni siquiera para el retiro de las FA y el fortalecimiento de la policía civil.

Advirtió que con un modelo como el que ha prevalecido los últimos 10 años en México se está instalando en las fuerzas civiles la lógica de la guerra militar que se incorpora en las acciones  de las policías. La ley abona a la continuidad de incrementar la violencia, “premiar la falta de éxito es un gran problema con esta ley”, le da continuidad a petrificar el modelo actual y le otorga más poder al ejército sin balancearlo con garantías, contrapesos, salvaguardas, como su oficina propuso desde hace un año que se hiciera.

Cuestionó además que todos estos operativos se van a desarrollar en el marco de la seguridad nacional, lo que va a complicar el acceso a la información, además de que las instituciones y organizaciones sociales deberán dar información a las FA. Mencionó que ante estas críticas la respuesta de las autoridades fue que sólo se utilizarán éstas en las protestas violentas, “pero en los Estados democráticos la protección contra protestas violentas es el rol de la policía, no de las FA; todos conocemos lo que pasó en Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo seis muertos y muchísimos heridos, hubo un uso desproporcionado de la fuerza por la policía, imagínense qué hubiera sucedido con la FA”, éstas, subrayó, no deben ser parte de la seguridad interior.

Sicilia por su parte afirmó que México vive “en un estado de excepción de facto” desde que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles, iniciándose “una guerra civil entre el narcotráfico y el Estado”, misma lógica que, dijo, sigue el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el resultado de un incremento “brutal” de la violencia. Ahora se aprobó la LSI, que el movimiento frenó con Calderón, para legalizar el estado de excepción ¿en esta situación decimos que hay un proceso democrático? cuestionó.

A su vez Roberto Ochoa, destacó que las descalificaciones y argumentos de los políticos defensores de dicha ley son “pueriles” pues dicen que el ejército ya está en las calles y hay que aceptar lo que ya existe; apuntó que “entonces si las drogas ya están en las calles ¿por qué no legalizarlas? Comentó que México está atrapado entre el securitarismo –que propone penas cada vez más altas contra los delincuentes hasta llegar a la pena de muerte, colocar cámaras en todas partes, crear un mando único para las policías y sacar al ejército a las calles- y el humanismo resistente “lo que queremos es paz, no seguridad”, que busca alternativas a esa política de control, porque “si el ejército y la Marina siguen actuando en las calles eso se llama guerra”, indicó.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de Guerrero, centró su participación en los efectos que históricamente viene provocando la militarización en el país, específicamente en Guerrero desde la década de los años 60 para desmantelar a la guerrilla y los movimientos sociales.

Citó que de 700 desaparecidos habidos con el argumento del combate a la guerrilla, 70 por ciento corresponden a Guerrero. Mencionó además las masacres como la de El Charco, donde hubo  10 jóvenes muertos y violación de mujeres como las perpetradas contra Inés y Valentina, por la falta de controles. Tlachinollan hizo las denuncias correspondientes en este caso pero el ejército exigió la competencia en las investigaciones, por lo que se tuvo que dar la batalla hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitarlo.

Rosales advirtió que con la LSI “nos estamos encaminando a un Estado autoritario” porque hay un marco de discrecionalidad en la aplicación de la ley además de que en muchas protestas sociales ya hay la presencia del ejército. Ante estos hechos, el movimiento social se quedó “un poco pasmado” como diciendo que la LSI es un tema de los defensores de derechos humanos, pero es algo, indicó que nos va a impactar a todos.

Cuestionado sobre qué hacer frente a la LSI si la avala la Suprema Corte, dijo que debe haber un programa de movilización de las organizaciones sociales que deben hacer un plan, pero también una reflexión para reforzar los argumentos en contra de esa ley y para regresar al ejército a sus cuarteles y generar una discusión fuerte porque muchos afuera, que día a día sufren el ataque de la delincuencia organizada, que ven que las policías, los ministerios públicos, los gobernadores, están metidos en eso, piensan que es mejor que el ejército esté en las calles.