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El presidente Trump ordenó a su administración que aplique de manera contundente las leyes de inmigración, con toda la fuerza del gobierno federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el país de manera ilegal, independientemente de si han cometido crímenes graves o no. Expertos señalan que con las nuevas instrucciones, prácticamente todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, pueden verse afectados.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió el martes 21 de febrero una serie de documentos que convierten en políticas las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza.  Esto supone un cambio importante respecto a la forma en que se hacen cumplir las leyes de inmigración anteriormente. Los documentos revelan el amplio alcance de las intenciones del presidente: difundir los crímenes de los inmigrantes, encargar a los oficiales de policía locales del cumplimiento de las nuevas políticas, despojar a los inmigrantes de los derechos de privacidad, construir nuevas instalaciones de detención, desalentar a los solicitantes de asilo y, en última instancia, acelerar las deportaciones.

Si con Barack Obama era prioritario deportar a autores de delitos graves, a partir de ahora lo será a quienes hubieran cometido cualquier tipo de delito, cometido fraude en un trámite oficial, sean considerados una amenaza para la seguridad pública o hubieran abusado de beneficios sociales.

Eso sí, el gobierno de Trump mantiene las medidas de protección aprobadas durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Expertos señalan que con las nuevas instrucciones, prácticamente todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, pueden verse afectados.

Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la nueva normativa, advirtiendo que tendrá un efecto negativo sobre los derechos de los inmigrantes.

Expulsiones expeditas

Las nuevas directrices implican una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten a los agentes de inmigración y aduanas y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.

Usualmente estas medidas se aplican a personas que hayan cometido fraude al intentar ingresar en Estados Unidos o que no disponen de una visa o de un permiso de ingreso válido.

Sin embargo, hasta ahora sólo se sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente de en cuál lugar de Estados Unidos se encuentren.

Claves de las nuevas directrices contra la inmigración ilegal

-Permiten la deportación de prácticamente todos los inmigrantes indocumentados, con excepción de quienes están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) establecido por el gobierno de Barack Obama.

-Establecen que quienes sean detenidos al ingresar al país y deban ser presentados ante un juez de migración para decidir sobre su caso, deberán permanecer en un centro de reclusión en lugar de poder esperar al juicio en libertad.

-Dan prioridad a la expulsión de los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por cualquier tipo de delito, no solamente por delitos graves.

–Prevén la contratación de unos 10.000 funcionarios adicionales para tareas de control migratorio.

– Autorizan el inicio de las tareas relacionadas con la ampliación del muro en la frontera con México.

-Amplían de 14 días a 2 años el período mínimo que debe haber permanecido en Estados Unidos un inmigrante indocumentado para evitar ser sometido a una expulsión expedita, que se ejecuta sin necesidad de ser presentado ante un juez.

«Con excepciones extremadamente limitadas, no eximiremos a clases o categorías de extranjeros susceptibles de expulsión de la posible aplicación de la norma» dijo el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). «Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sometidos a procedimientos que pueden llevar hasta su expulsión de Estados Unidos», agregó.

Contrataciones

Según escribió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en la normativa: «El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos». En ellos se propone a las autoridades enjuiciar a los padres que ayuden a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.

La normativa pone fin a la política de «capturar y liberar» que hasta ahora permitía soltar a quienes eran atrapados entrando ilegalmente al país a la espera de ser procesados por un juez de inmigración. A partir de ahora, quienes sean detenidos serán enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso. También permite el inicio de la tareas de planificación de la expansión del muro fronterizo con México prometido por Trump durante su campaña electoral.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que el objetivo de las nuevas directrices sea un proceso de deportaciones masivas. Señaló que los memorandos emitidos por el DHS lo que persiguen «la ejecución fiel y eficiente de las leyes migratorias de Estados Unidos”.

Los funcionarios dijeron que la deportación de refugiados centroamericanos a México para esperar las audiencias se realizará de forma limitada y solo después de conversar con el gobierno mexicano que probablemente tendrá que aceptarlos como refugiados.

También aclararon que las directivas no cambian el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que proporciona permisos de trabajo y protección de deportación para los jóvenes conocidos como dreamers.

Organismos de Derechos Humanos consideran las directrices un desastre

La nueva normativa no ha sido bien recibida por las organizaciones de derechos humanos que hacen seguimiento del tema migratorio y tampoco cuenta con el apoyo de muchos estados y decenas de las ciudades santuario, que se han negado a permitir que sus agentes de la ley ayuden a detener a los individuos indocumentados.

«Las expulsiones expeditas serán un desastre en materia de derechos humanos», afirmó en su cuenta de Twitter, Clara Long, investigadora especializada en temas de migración y política fronteriza del programa para Estados Unidos de la ONG Human Rights Watch.

«Estos memorandos confirman que el gobierno de Trump está dispuesto a pisotear el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso la protección a los niños vulnerables ejerciendo una política sumamente agresiva de deportación masiva», dijo en un comunicado Omar Jadwat, director del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

«Sin embargo, el presidente Trump no tiene la última palabra aquí. Los tribunales y el público no permitirán que se haga realidad este sueño no americano», agregó. 

Con información de BBC.com