El Consejo Indígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervenga en el caso del defensor indígena ecologista Pablo Lopez Alaves, quien inició el día 9 de diciembre una huelga de hambre por tiempo indefinido para exigir su liberación del penal de Etla, donde está preso desde hace cinco años, «acusado de un homicidio que no cometió».
La esposa de López Alaves, la defensora de los derechos indígenas Yolanda Pérez Cruz, inició también una huelga de hambre el mismo día frente al palacio de gobierno de Oaxaca y este viernes -11 de diciembre- «ante la falta de respuesta del gobierno», se sumaron al ayuno otras cinco personas, con lo que ya son 10 los indígenas zapotecas, triquis, chinantecos, mixes y mixtecos, quienes participan en esta acción de protesta.
López Alaves ha sido uno de los principales defensores de los bosques de San Isidro Aloapan y la Sierra Juárez frente a la tala inmoderada que realizan sus vecinos de San Miguel Aloapan, en una lucha colectiva que provocó el encarcelamiento de varios de los indígenas ecologistas, Pablo entre ellos y órdenes de aprehensión y amenazas en contra de unas 20 personas, informó el CIPO-RFM.
Dicha organización exige que el Fiscal General del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Oaxaca cumplan con la Recomendación 11/2015 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el pasado 2 de octubre. Al Fiscal le recomienda que se realice «un estudio técnico-jurídico de las constancias que obran en el expediente penal 102/2007, y atendiendo a las observaciones realizadas en la presente recomendación, haga valer dicha circunstancia en la causa penal y pueda ser tomado en cuenta por el juez que conoce la causa penal que se instruye en contra de A (López Alavez) y de ser procedente pueda obtener su libertad por las violaciones al debido proceso».
Al presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura la DDHPO recomienda que «por las violaciones al debido proceso… tome en consideración las diversas irregularidades cometidas durante la averiguación previa, a la luz de los principios y formalidades que debe reunir todo medio probatorio para satisfacer las exigencias del debido proceso legal, el principio de equidad procesal como exigencia judicial para efectos de la valoración de la prueba y la prueba ilícita y las consecuencias de su ofrecimiento en el proceso penal, debiendo atender de manera integral todos los argumentos que vertió la defensa del procesado».
En un comunicado el CIPO-RFM acusó de «insensibilidad» al gobierno de Oaxaca ante las diversas movilizaciones que se han realizado y la actual huelga de hambre para obtener la libertad de Pablo, lo que, aseveró, «da prueba que los intereses que estamos tocando son de los poderosos quienes se enriquecen de la tala y explotación de nuestros bosques. Y no dejando fuera los intereses mezclados del crimen organizado y el poder político que opera en San Miguel Aloapam (Partido Revolucionario Institucional- PRI)».
«El gobierno (SEGEGO) nos pregunta descaradamente que le demos información de Pablo, es decir le informemos nosotros en qué penal se encuentra y su nombre completo. Para nosotros esto significa un insulto pues no es la primera vez que demandamos una mesa para este caso. Cabe mencionar las burlas que nuestro compañero defensor Pablo está recibiendo dentro del penal de Etla, durante su huelga de hambre, como es el ofrecimiento de comida por parte del Director del penal, la administración de pastillas ante la falta de alimento, lo que puede perjudicar su salud y la falta de sueros orales para mantenerlo en buena hidratación».
Agregó que «el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, con el respaldo del Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, sin argumento alguno y de manera déspota y altanera, corrió al personal de derechos humanos que acompañaba la instalada del ayuno de Pablo. Con el mismo talante, impidió la visita de periodistas, amigos y hermanos de Pablo López Alavez, pese a que jurídicamente no existe impedimento para que periodistas escuchen la palabra de un preso político dentro de un penal».
La organización indígena hizo un llamado a los organismos de derechos humanos a estar pendientes de la seguridad de sus integrantes, «pues los malos gobiernos en lugar dar justicia, persiguen, intimidan, golpean, secuestran, encarcelan y asesinan a quienes se atreven a protestar por las graves violaciones a nuestros derechos constitucionales».
