Foto: Regadío de cultivos en Segovia. (David F. Sabadell)
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en las organizaciones que llevan años alertando del peligro que supone el glifosato, un herbicida ampliamente utilizado, calificado desde 2015 como “probable cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo sospecha de ser disruptor endocrino y probado tóxico para la vida acuática. La Comisión Europea dio a conocer este miércoles su posición respecto a la posible ampliación de la autorización de este herbicida que se está debatiendo en las instituciones europeas: recomendará su uso en la UE durante al menos una década más.
La Comisión basa su decisión en un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de julio. Este señala que “la evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente no ha identificado áreas de preocupación críticas”. Sí advierte, sin embargo, algunas “lagunas de datos” en su análisis, entre ellas “la evaluación del riesgo alimentario para los consumidores y la evaluación de los riesgos para las plantas acuáticas”.
En Estados Unidos, Bayer-Monsanto aceptó indemnizar con 11.000 millones de dólares a víctimas de su marca comercial de glifosato —Roundup— por los casos de cáncer que provocó
Entre las cuestiones pendientes de un mayor análisis, la EFSA sostiene que “la falta de información sobre la toxicidad de uno de los componentes presentes en la formulación del plaguicida […]” no permite una conclusión clara en la evaluación del riesgo de la formulación para usos representativos. Sin embargo, y a pesar de que los expertos del organismo reconocen que, con respecto a su ecotoxicología, existe “un alto riesgo a largo plazo para mamíferos en 12 de los 23 usos propuestos del glifosato”, el organismo ha elevado un dictamen donde dicen no ver puntos críticos en su uso.
Las reacciones no se han hecho esperar. “La propuesta de la Comisión Europea es inaceptable. A un año de las elecciones europeas, es una clara señal de Von der Leyen para ganar el respaldo de las derechas europeas”, señala a El Salto Florent Marcellesi desde Sumar y Verdes Equo. Para este veterano ecologista la propuesta “va en contra de la salud y pone en peligro la biodiversidad y nuestra seguridad alimentaria”.
“Llevamos años insistiendo en la necesidad de prohibir el glifosato. Países de nuestro entorno ya lo han hecho, la justicia francesa y norteamericana también avalan su prohibición… ¿Para cuándo en España?”, se preguntaba por su parte Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde.
Además de ser calificado como cancerígeno, el glifosato está considerado por todo un abanico de organizaciones como disruptor endocrino
En una línea similar, Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, califica de “increíble” la decisión de la Comisión, remarcando que “los intereses económicos pesan más que la salud y la naturaleza” y exigiendo al Gobierno español que se oponga a la ampliación de la autorización al glifosato.
Por su parte, el grupo Los Verdes Europeos/Alianza Libre Europea ha solicitado a la Comisión que no renueve la licencia del glifosato en la UE, así como que ponga fin a su venta y uso en el continente.
Prohibido en algunos, bajo sospecha en otros
El uso del glifosato, una sustancia comercializada desde los años 70 por el gigante agroquímico Monsanto —hoy propiedad de Bayer— está prohibido en Austria y en regiones de EE UU, Canadá, Gran Bretaña o Suiza, entre otras, y su uso está limitado en una veintena de países. En España, toda una serie de municipios, incluidos Barcelona, Madrid o Zaragoza ya no lo utilizan en sus zonas verdes debido a su posible toxicidad.
Además de ser calificado como cancerígeno, el glifosato está considerado por todo un abanico de organizaciones como disruptor endocrino, lo que significa que es una sustancia que afecta al sistema hormonal animal, incluido el humano. Además, es el principal contaminante en las cuencas del Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, Cuencas Internas Andaluzas, Júcar y Segura, según un informe de Ecologistas en Acción de julio de 2020. Un año después, esta confederación de organizaciones ecologistas publicó los resultados de un extenso análisis de las aguas españolas, concluyendo que, de todas las analíticas realizadas por los organismos de cuenca entre 2015 y 2019 en ríos y acuíferos, el 31% detectó la presencia de glifosato, con un 22% de ellas superando el valor límite de referencia de la Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas superficiales y subterráneas del Ministerio para la Transición Ecológica.
Otro estudio llevado a cabo a nivel europeo por Los Verdes/ALE en 2022, en colaboración con Pesticide Action Network Europe y la coalición Stop-Glyphosate, examinó muestras de agua en 12 países europeos. El trabajo detectó la presencia de este pesticida en el 74% de las muestras, con un 22% con niveles que excedían el límite seguro de 0,1 μg/L para sustancias activas de pesticidas y sus metabolitos en el agua potable. Rebasar ese límite implica que esas aguas son inadecuadas para el consumo humano.
En EE UU, Bayer-Monsanto aceptó indemnizar con 11.000 millones de dólares a víctimas de su marca comercial de glifosato —Roundup— por los casos de cáncer que provocó en un proceso que implicó decenas de miles de demandas, con unos 125.000 demandantes.
La propuesta de la Comisión pasará por el comité de plaguicidas este viernes y los estados miembro la votarán el próximo 12 de octubre. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel Planas, se mostró favorable a una ampliación de la autorización del glifosato en julio, tras conocerse el dictamen de la EFSA.
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