El juez primero de distrito del estado de Morelos dictó una suspensión provisional de las obras de ampliación a cuatro carriles de la autopista de peaje La Pera-Tepoztlán el 19 de octubre de 2013; sin embargo, apenas este mayo notificó su decisión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que permitió que la dependencia continuara la destrucción en terrenos que los comuneros no autorizaron invadir, informó Manuel Contreras Maya, vocero de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán.

Mediante un juicio de amparo que los frentes interpusieron en julio pasado por daños al medio ambiente y violación a artículos de la Constitución, la justicia federal falló en su favor, pero notificó siete meses después a la SCT que debe parar los trabajos en tanto el juicio de amparo 14/662013-6 no obtenga sentencia definitiva.

Contreras Maya criticó la tardanza de la justicia federal porque, dijo, permitió que la SCT, a través de la constructora Tradeco, destruyera ilegalmente el territorio durante siete meses y que en ese lapso el delegado de la SCT, Mateo Aguirre Rivero; el gobernador, Graco Ramírez; el alcalde de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia hayan apoyado e impulsado ese proyecto «ilegal».

Lo grave, agregó, es que desde el 23 de julio pasado el gobierno estatal esté utilizando impunemente a la policía del mando único como grupo de choque para proteger a los trabajadores de Tradeco, entre otros.