El 2006 fue el año de la síntesis de los movimientos sociales en Oaxaca, no sólo por la presencia, protagonismo y nivel de articulación que logró generar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sino también por la diversidad de movimientos de defensa territorial que germinaron y se multiplicaron después de esa fecha en prácticamente todas las regiones del estado de Oaxaca.

Y no es para menos, ya que los planes de inversión privada y por consiguiente de despojo hacia pueblos y comunidades es aberrante, tan sólo en el caso de generación de energía eléctrica y extracción de minerales, se tienen planeadas la instalación de aproximadamente 60 presas hidroeléctricas y 40 proyectos mineros.

Los pueblos indígenas, campesinos y rurales de Oaxaca fueron sabios al momento de prever las afectaciones que dichos proyectos producirían en sus territorios, además de la destrucción del medio ambiente, producirían una herida profunda al tejido social comunitario, reconfigurado a partir de sus luchas históricas regionales; en este sentido pueblos y comunidades de Oaxaca, además de organizar una diversidad de propuestas, apuestas y estrategias de defensa, mantienen como eje principal la construcción de autonomía, concibiendo procesos diversos de convivencia con el territorio, con los otros y con ellos mismos.

Un ejemplo de ello, es el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) en la costa de Oaxaca, quienes desde 2006 han fortalecido su organización regional comunitaria. Integrado por comunidades Mixtecas, Chatinas y Negro-Afrodescendientes, el COPUDEVER ha reflexionado sobre la importancia del Río Verde para la reproducción de su vida, lejos del discurso oficial de gobiernos priístas, donde aseguraron que la primer piedra de una presa hidroeléctrica se colocaría en 2010, han resistido al proyecto durante 9 años, para ellas y ellos, el Río Verde es la madre de sus aguas, el ser que une y que proporciona identidad, desde las comunidades que siembran en la parte alta, hasta las comunidades pesqueras en el encuentro del río con el océano pacífico.

No obstante, junto con las pretensiones de algunos gobiernos locales, estatal y federal por construir dicho proyecto, en la región de la costa se encuentran planeados 13 proyectos más con características similares.

Es importante señalar que en esta misma región han existido luchas previas, tal es el caso de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo, quiénes en una mega caravana (casi toda la comunidad) se trasladaron hacia la ciudad de Oaxaca para exigir el cese a la violencia, de igual forma en este mismo municipio la lucha contra gobiernos locales caciquiles fue ejemplar en los años 90´s.

En relación a la construcción de presas hidroeléctricas, también se encuentran las comunidades Mazatecas y Chinantecas de la región del Papaloapan, quienes sufrieron el desplazamiento forzoso de más de veinte seis mil personas por la construcción de la presa Cerro de Oro en los años 80´s. Actualmente se encuentran amenazadas las comunidades de San Felipe Usila, San Juan Lalana, Santiago Jocotepec y Tuxtepec por la construcción de “mini” presas hidroeléctricas. Cabe mencionar que la comunidad de San Felipe Usila ha rechazado cualquier pretensión de empresas y autoridades para entrar a su territorio, ellas y ellos son testigos presenciales de los graves impactos que produjo la presa Cerro de Oro.

De igual forma encontramos las luchas de los 80´s de los pueblos Zapotecos de la Sierra Norte contra las fábricas de papel, quienes a través de una organización impresionante, expulsaron a dichas fábricas para retomar el control sobre sus bienes comunes, sus autoridades y su vida comunitaria. A partir de este momento surgió en las comunidades un proceso de cuidado del medio ambiente, de los bosques y los ríos.

Actualmente esta lucha ha sido una semilla importante para la resistencia contra proyectos mineros, principalmente por la experiencia de defensa de Capulálpam de Méndez, quienes han detenido los trabajos de exploración y explotación minera llevados a cabo por las empresas Sundance Minerals y Natividad y Anexas, en noviembre del año pasado la comunidad celebró 10 años de resistencia contra el proyecto minero. Para lograr esto, se movilizaron en la ciudad de Oaxaca, impulsaron actividades regionales y eventos de análisis y reflexión a nivel nacional y mesoamericano, fortalecieron su asamblea comunitaria y generaron propuestas alternativas para mejorar la vida de la comunidad. Sin embargo la amenaza de la concesión minera continúa en la comunidad.

Este es el mismo caso de la comunidad Zapoteca de Magdalena Teitipac, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca. Desde 2009 la empresa minera Plata Real ingresó a la comunidad a base de engaños y presiones, tres años después los impactos generados por las actividades de exploración provocaron la organización y determinación del pueblo para expulsarlos.

Actualmente el proyecto se encuentra detenido, sin embargo la empresa minera Plata Real no se ha hecho responsable por los daños producidos al medio ambiente y tejido social de la comunidad, además de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión emitidas contra defensoras y defensores comunitarios. Esto evidencia la colusión existente entre los intereses económicos privados y las autoridades estatales y federales, quienes tienen el encargo de “respetar y proteger los derechos de las comunidades”.

A parte de expulsar a la empresa minera en 2013, la comunidad declaró su territorio como “prohibido para la minería”, conformó su Consejo de Ancianos, el Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, así como su radio comunitaria Teiti Radio-Lova Dani.

Igualmente en los Valles Centrales, se encuentran las comunidades campesinas de Ejutla, quienes se dedican principalmente al cultivo de tomate, es importante señalar que esta región es una de las más productivas del estado de Oaxaca y proporcionan alimentos para una gran cantidad de comunidades, incluida la ciudad de Oaxaca.

Ellas y ellos tienen concesionado el 90% de su territorio a empresas mineras. A finales de 2015, dichas comunidades declararon su territorio como prohibido para la minería, además denunciaron que recibían presión por parte de las autoridades, ya que la empresa Fortuna Silver Mines planea la expansión del proyecto “San José”, a partir de la explotación de una veta de plata y oro denominada “Trinidad Norte”.

Es, en este mismo proyecto (San José), donde se han desencadenado una serie de agresiones contra ciudadanas y ciudadanos del municipio del mismo nombre. La empresa minera Fortuna Silver Mines, a través de su filial Cuzcatlán, invadió la comunidad sin su consentimiento, provocando un conflicto interno que ha llegado a escalas extraordinarias, tan sólo en 2012, fueron asesinados dos defensores comunitarios, Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, y heridas por armas de fuego ocho personas más.

La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), denunció desde 2006 que la empresa minera produciría un impacto negativo en su ambiente, su tejido social y su relación con las comunidades vecinas. Lejos de atender dichas demandas, las autoridades municipales, estatales y federales, han otorgado todos los permisos necesarios para hacer “legal” el trabajo de la empresa minera y permitir su expansión a la región de Ejutla. En voz de la CPUVO, el proyecto minero de plata y oro “San José” es legal y a la vez es criminal, ya que la empresa no se ha responsabilizado por la grave problemática generada en la comunidad.

Entre las resistencias ejemplares, también se encuentran las comunidades Ikoojts y Binnizá del Istmo de Tehuantepec, principalmente San Dionisio del Mar y Juchitan. Donde la pretensión de los intereses privados se centra en la instalación de un “corredor eléctrico sustentable” a partir de la instalación de proyectos de energía eólica, con financiamiento del Banco Mundial, el BID y empresas europeas entre los más importantes. La respuesta a la embestida extractivista ha sido sorprendente, ya que en 2013 la comunidad de San Dionisio del Mar logró la expulsión de Mareña Renovables; por su parte Juchitan a finales de 2015 logró la suspensión de manera definitiva de la construcción de un parque eólico impulsado por Energía Eólica del Sur.

En Oaxaca, las comunidades, movimientos y organizaciones conocen las estrategias de caciques, grupos de poder, autoridades locales, estatales y federales, además de las empresas para despojarles de lo propio, de la vida en su conjunto, de sus formas de organización política, económica y cultural, desde siglos pasados hemos sido testigos de esta situación, y en la historia actual, el recrudecimiento de dicho despojo a partir del saqueo desmesurado de los bienes comunes.

Para el estado de Oaxaca, la reivindicación y construcción de las autonomías no es un tema emergente, ésta se ha nutrido de las prácticas comunitarias de resistencia: contra caciques, grupos de choque, paramilitares, empresas y el mismo gobierno, esto se expresa en una multiplicidad de demandas, algunas históricas, fortalecidas también por diversos movimientos estudiantiles, sindicales, magisteriales, indígenas, populares, civiles, entre los más importantes.

Junto con la gran riqueza en términos de diversidad biológica, geográfica, política, cultural y social, detentada por 15 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano, donde el 80% del territorio es colectivo y 418 de los 570 municipios se rigen por sus propios sistemas normativos internos, también se encuentra la riqueza de la resistencia, de luchas históricas, de emancipación contra lo impuesto, contra el saqueo, la destrucción, la usurpación. En palabras más categóricas, en contra el despojo.

Desde los gritos de repudio contra los gobernadores Manuel Mayoral Heredia por la masacre de campesinos en los años 50´s, Manuel Zárate Aquino en los 70´s quienes en esas mismas décadas cayeron respectivamente por la presión social ejercida, las luchas de los 80´s de los pueblos zapotecos de la Sierra Norte contra las fábricas de papel, el desplazamiento forzoso de más de veinte seis mil mazatecos y chinantecos por la construcción de la presa Cerro de Oro, la organización de comunidades Chinantecas para derrocar a los caciques de dicha región, el reconocimiento de los Sistemas Normativos Internos en los 90´s, la conformación de la APPO en el nuevo milenio, hasta la defensa de los ríos en la Costa y el Papaloapan, los minerales en los Valles Centrales, Mixteca, Istmo, Sierra Sur y Sierra Norte, el viento en la región del Istmo, el maíz nativo en prácticamente todas las regiones, hasta la defensa de los espacios radioeléctricos y la conformación de medios de comunicación propios.

Toda esta riqueza se encuentra contenida en la organización comunitaria, en la diversidad cultural, en las asambleas, en la construcción de la esperanza; recordando a una mujer defensora del territorio en los Valles Centrales: “Queremos seguir siendo lo que somos y vivir como vivimos”

*Área de Derechos Territoriales
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