A la fecha los pueblos indígenas en nuestro país tienen muy poco que festejar. Siguen siendo ciudadanos de tercera en su propia tierra. Invisibilizados por los gobiernos neocoloniales para los que no son prioridad, por lo que no forman parte medular en las políticas públicas ni en la agenda nacional.

En el plano federal, el reconocimiento constitucional sigue esperando el sueño de los justos. El Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inició los foros de Consulta para sentar las bases de una iniciativa de Ley que reconociera sus derechos, sin embargo, el proceso quedó trunco y nada ha sucedido con la iniciativa de Ley para el reconocimiento constitucional de sus derechos. El gobierno federal prefirió utilizar los recursos para la realización de las consultas relacionadas con el Tren Maya y el corredor interocéanico del Istmo en Oaxaca. Los pueblos indígenas y Afromexicanos tendrán que seguir esperando.

En Guerrero la situación es peor, a la pobreza secular que sufren los indígenas y Afromexicano se suma el racismo y discriminación ramplones de las autoridades de todos los partidos que se niegan a reconocer sus derechos, los pocos logros obtenidos en la Ley 701 de reconocimiento derechos y cultura de los Pueblos indígenas se abrogaron de un plumazo por el gobierno del PRI. Por su parte, el de Morena se niega a reconocer tales prerrogativas. Este gobierno ha exhibido acremente su racismo contra los pueblos indígenas y Afromexicano, negándose a consultarlos de manera previa, libre e informada. Ha realizado iniciativas que son más regresivas que las del PRI y que son violatorias de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia.

El desprecio a los pueblos indígenas y Afromexicanos es evidente. La iniciativa de Ley que fue producto de las consultas y diálogos que tuvieron, presentada por la Comisión de asuntos indígenas en 2019, nunca le dieron curso legislativo. La actual legislatura se ha negado revisarla. Ni siquiera se digna a recibirlos. Mucho menos abordar el tema. El ejecutivo pese a que dijo estar dispuesto a iniciar un proceso para una eventual iniciativa, mantiene a la CRAC y otras organizaciones en un diálogo que solo produce desgastes y nulos avances.

Por otro lado, la violencia contras las mujeres indígenas aumenta exponencialmente. En lo que va de este año el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de 11 feminicidios, abril sería el mes más violento. Los municipios con mayor índice de feminicidios son Copanatoyac, Cochoapa el Grande, Atlixtac, Tlapa y Ayutla de los Libres.
Las investigaciones no presentan avances sustanciales. De estos casos hasta ahora no existe ningún feminicida detenido. Muestra de ello son los casos del doble feminicidio de las indígenas Nahuas de Copanatoyac Kenia y Avelina, que fueron asesinadas en su propio domicilio.

Los municipios de Copanatoyac y Zapotitlán Tablas son las bandas delictivas las que imponen su ley. Las autoridades municipales nada hacen al respecto, pareciera que les permiten hacer y deshacer en la zona. El municipio es una institución que responde a otros intereses y nunca se pone del lado de mujeres como Kenia y Avelina que fueron asesinadas a mansalva sin que nadie hiciese nada y a la fecha su familia vive en vilo con el riesgo de ser asesinada, mientras el agresor recorre la zona con total impunidad y las autoridades no hacen nada.

De igual forma Tlachinollan tiene 40 casos de mujeres indígenas desaparecidas que datan de 2016 a la fecha, de las cuales 6 son niñas.

Por lo demás, los matrimonios forzados contra las niñas indígenas siguen ocurriendo ante la complacencia de autoridades comunitarias y estrategias fallidas del gobierno estatal. Tan solo en este año Tlachinollan tiene registrados ocho casos de niñas que han sido víctimas de matrimonios forzados. Ninguna autoridad protege a las mujeres indígenas y niñas. Más bien, se hace escarnio por su condición de mujer y por hablar su lengua materna. No hay acciones efectivas en las comunidades indígenas para garantizar sus derechos y revertir la brecha de la desigualdad y el oprobio.

Lo mismo ocurre con las familias jornaleras que siguen a la intemperie. Las familias están en la indefensión durante su viaje a los estados del norte, su alimentación, seguridad y salud se ven seriamente comprometidas sin que autoridad alguna se sienta interpelada por estos hechos. En los campos agrícolas sus derechos a la seguridad social son vulnerados, reciben salarios irrisorios y sufren accidentes de trabajo sin que las empresas se hagan cargo de prevenirlos ni reparar los daños cuando ya ocurrieron. Por ejemplo, este 8 de octubre la niña Jaqueline de 11 años de edad de la comunidad de Juanacatlán, municipio de Metlatonoc, fue arrollada por un tren en Yurécuaro, Michoacán, cuando ayudaba a su mamá a realizar las compras para la comida. Las autoridades del tren no se responsabilizaron y las autoridades no hicieron mayor esfuerzo de apoyar a las familias.

La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) se ha desentendido de los problemas más urgentes que enfrentan las familias indígenas y jornaleras. Su titular se ha dedicado a acompañar las giras de la gobernadora y a desplegar adulaciones frívolas a la jefa del ejecutivo, así como a entregar bandas musicales de viento, olvidándose de su papel fundamental.

En municipios indígenas como Zapotitlán Tablas, Acatepec y Copanatoyac la violencia se ha enseñoreado. Decenas de asesinatos y desapariciones ocurren sin que las autoridades hagan algo al respecto. Se han convertido en zonas donde las bandas delictivas imponen su Ley ante la mirada complaciente de los gobiernos municipales y el estatal.

De igual forma en los municipios de la Montaña como Cochoapa el Grande, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Atlixtac, Iliatenco y Malinaltepec existen 12 concesiones mineras que amenazan los territorios indígenas. La reforma a la Ley minera nacionalizó el litio, pero dejaron intocables la temporalidad de las concesiones mineras que son por más de 50 años y con nulas responsabilidades ambientales para las empresas mineras.

El gobierno del Estado no tiene un programa regional específico para revertir la pobreza, marginación y discriminación histórica que viven los pueblos indígenas y Afromexicano, los programas sociales siguen siendo clientelares y no han revertido el sufrimiento que padecen.

Por todo lo anterior, exigimos reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos indígenas; privilegiar a los pueblos indígenas en las políticas públicas como un actor que merece atención; trazar políticas que reviertan los índices de violencias contra las mujeres y niñas indígenas y dar atención a los jornaleros agrícolas. Nunca más un México sin los pueblos indígenas y Afromexicano.

Publicado originalmente en Tlachinollan