Fran Richart / Desinformémonos

“Ha sido uno de los peores recibimientos que puedo haber dado el estado mexicano”. Así define Omar Esparza, pareja de Bety Cariño, el resumen de encuentros y reuniones que hubo estos días, entre varias instancias de gobierno con una delegación de dos diputadas finlandesas. El objetivo de las políticas europeas en su visita en México, era conocer las investigaciones respecto al asesinato de la activista mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, muertos el 27 de abril de 2010 por paramilitares cuando dirigían una caravana con insumos a los indígenas de la comunidad de San Juan Copala.

La integrante del Parlamento de Finlandia Satu Hassi, aclaró que decidieron venir a Oaxaca porque “no hay avances, no hay nada, no ha pasado nada, entonces, mi conclusión es que hay una total falta de voluntad del gobierno de Gabino Cué para detener a los perpetradores de estos crímenes”, explicó para el rotativo Página 3.

Esparza, también integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), informó que pese a que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, más autoridades de Oaxaca, habían firmado una minuta comprometiéndose a detener a todos los implicados en el asesinato, no ha habido avances al respecto y siguen habiendo 10 órdenes de aprehensión sin ejecutar.

En enero de este año hubo la detención de dos sujetos relacionados con los disparos que acabaron la vida con los activistas. Los dos, son funcionarios y formaban parte del gobierno en Copala como autoridades civiles y educativas. A raíz de estas aprehensiones empezaron las amenazas contra Esparza y los testigos. Omar tuvo que salir del país tres meses con toda su familia, ya que las intimidaciones aumentaban y el riesgo también. Tuvo que gastar los ahorros y recursos que tenía su alcance para sacar a sus hijos, “con un poco de apoyo internacional”, cuenta. Los testimonios que tuvieron el valor de denunciar, no fueron protegidos a pesar de denunciar hostigamiento y se tuvieron que esconder en otra comunidad de la zona.

Señalan al grupo Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Uvisort), protegido por el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), como los artífices de estas amenazas contra la familia de Cariño y los testigos. A pesar de que buscaron mecanismos de protección estatales y federales, las medidas no sirvieron para mantener la seguridad a estas personas, que dependieron de sus ingresos para dar cobertura de seguridad a sus familiares. Estos grupos, el MULT y el Uvisort, son señalados como las organizaciones que se aliaron y crearon un cerco paramilitar en Copala en 2010, para evitar que una parte de los triquis locales, crearan una comunidad autónoma indígena.

En el caso de Jaakola, la justicia urge, ya que hace poco su padre falleció sin tener respuesta de quienes fueron los asesinos de su hijo. Una frase que remarcaron las diputadas finlandesas de su reciente estadía en México, iba en esa dirección: “En nuestro país se solucionan el 99% de los casos judiciales, aquí es todo lo contrario, quedan impunes el 99%”.

Ante esta situación, Esparza y los demás afectados mantienen contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emita una recomendación o medidas cautelares para ellos, así como acciones de cabildeo para presionar a las autoridades judiciales, ya que la “protección” que les ofrecieron les visibilizó y los puso en mayor riesgo.

Esparza ve que el gobierno mexicano interpreta este caso como político, donde realmente no se quiere detener a los responsables de los asesinatos porque generarían un coto de violencia en la zona.

San Juan Copala, por su parte vivió, a causa de los acontecimientos, un desplazamiento de 700 personas que acabaron en varios sitios como en Oaxaca de Juárez, Ciudad de México o Estados Unidos. Los paramilitares viven en las casas de los desplazados y estos, pese a que han intentado volver, no ha habido las condiciones de seguridad para que puedan hacerlo. Estas 11 personas que intentaron el regreso, como las demás, no han recibido ningún tipo de compensación o indemnización, y hasta hace poco reivindicaban su caso en un plantón de la capital oaxaqueña.

La organización donde trabajaba Cariño, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), recibió muchas amenazas después de la muerte de la activista. Como explica su hermana, Carmen Trujillo Cariño, los puso en riesgo, y aunque siguen funcionando con varios proyectos, ya no tienen la fuerza y vigencia de antes.

Carmen, ve la muerte de su hermana como una punta de lanza que abrió la represión contra este tipo de organizaciones y luchas. “Después de estos asesinatos vimos que con fuerza se amenazaba a los activista y sigue en aumento. Las impunidad preocupa mucho, no hay instituciones en el país que garanticen este tipo de trabajo, y en la medida que no hay justicia se generan las condiciones para que siga sucediendo y eso es muy peligroso”, explica.

De momento, por los sucesos de Copala hay cuatro personas detenidas. Los dos primeros, fueron encarcelados pero no relacionados directamente con los asesinatos de Cariño y Jaakkola, en 2011 .Los otros dos sujetos detenidos en enero de este año sigue en curso su proceso judicial, donde se ha coaccionado a los testigos sin darles ningún tipo de protección.

Una cosa está clara, a cinco años de sus muertes, sus asesinos no han sido detenidos o condenados por ello. Y Carmen resalta que continuarán con el caso por dos vías: una judicial y la otra, una apuesta por mantener vivas las razones por las cuales se lucha en Oaxaca en estos conflictos. “Nos queda la memoria, y va ser fundamental para seguir luchando”, sentencia la hermana de Bety.