El Caso Sarayaku traspasó las fronteras de este país que se encuentra a la mitad de mundo, y se volvió emblemático a nivel internacional. Exhibió la exigencia de los pueblos indígenas y originarios de respeto y su derecho a decidir sobre su territorio, cultura e identidad frente a proyectos “extractivos”.  Para los habitantes de Sarayaku, hablar de petróleo es hablar de una historia dolorosa. “Para nosotros representa la muerte. Llevamos más de 40 años con actividad petrolera en la región amazónica y lo que vemos es desolación, contaminación, división entre comunidades, desaparición de pueblos autóctonos, migración, delincuencia, prostitución y más cosas”, informa Franco.

El boom petrolero llegó a Ecuador a partir de 1972. Lo que en un principio se consideró como un “puerta al paraíso”, a lo largo de  40 años dejó ver la otra cara de la explotación petrolera: una incalculable destrucción ambiental y afectación social y a la salud de los pueblos,  específicamente en la selva amazónica ecuatoriana. La región de la amazonia tiene 131 mil 137 kilómetros cuadrados y representa el 48.4 por ciento del territorio del Ecuador. Cuenta con ocho nacionalidades principales: achuar, cofan, huarani, quichua, secopai waorani, zapara,  shiwiar, shuar y siona, además de pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane).

Antes del asentamiento en el norte de la selva de la compañía Texaco/Chevron, tuvieron presencia otras compañías, como Estándar Oil (en 1921) y Anglo Saxxon Petroleoum (en 1937). Durante los años cincuenta también se insertaron en el territorio las  misiones evangélicas norteamericanas a través del Instituto Lingüístico de Verano, que ayudó a la introducción de las empresas trasnacionales con el pretexto de “civilizar”, junto con las fuerzas armadas, a los pueblos amazónicos.

La era Texaco -una de las compañías norteamericanas más grandes- inició en  1964 e implicó el envenenamiento los ríos de la Amazonia con 16.8 millones de galones de petróleo y 19 mil millones de galones de agua de formación;  envenenamiento del aire por las quema  deliberada de 235 mil 600 millones de pies cúbicos de gas; la instalación de más de 600 piscinas de desechos tóxicos (lodos y ripios de perforación que, sin tratamiento previo, fueron vertidos a los cuerpos de agua), sin contar el sin fin de derrames y la deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas. A lo largo de los años, organizaciones y académicos documentaron estas afectaciones –son pruebas que sirvieron cuando el caso fue llevado a los tribunales.

Las consecuencias sociales fueron el aceleramiento de los procesos de extinción de los pueblos tetetes y sansahuari, rompimiento del tejido social por la división promovida por la compañía y el desplazamiento de los pueblos indígenas siona, secoya, cofan, quichua y huaorani de su territorio ancestral. Se presentaron  impactos a la salud reflejados en enfermedades como cáncer, aborto, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel, y trastornos nerviosos como pérdida de memoria, reseña Alexandra Almeida, responsable de la campaña de petróleo de Acción Ecológica Ecuador. Representados en la unión de afectados y afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco (UDAPT), 30 mil pobladores lucharon contra las petroleras y llevaron a juicio a la empresa norteamericana.

La sentencia favorable a los pueblos en el caso Texaco/Chevron, por parte de la corte provincial de Sucumbíos, implicó el deber de la compañía de asumir su responsabilidad  por los daños ambientales y por los impactos sociales, culturales y económicos que provocó durante sus operaciones en la zona. Texaco fue condenada a pagar más de 19 mil millones de dólares luego que se negó a cumplir con lo establecido en la sentencia inicial, que incluyó pedir disculpas a los afectados.

El caso de Sarayaku implica, como muchos conflictos ambientales, la disputa entre dos visiones de mundo que el dirigente indígena retrata claramente: “La riqueza de nosotros no la medimos en términos de dinero, sino en términos de aire puro y de agua limpia, de estar en amistad con la familia, de mantener la solidaridad, de mantener la minga y de estar en armonía con la naturaleza”, señala Viteri. Abunda que “aunque no tengamos carros o mucha ropa, una riqueza es el hecho de que tenga mi sembradío, mis pollos y un río limpio, que esté en paz con mi familia y con mi comunidad. O sea, los pobres realmente son los de la ciudad.”

La consulta, foco del caso

En la página web de la comunidad se menciona que “La obligación de consultar es criticada por los Estados porque según ellos constituye un freno a su ‘desarrollo’. Sin embargo, es indispensable considerando que los territorios son la base de la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales”. El texto describe que un estudio del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, relativo a las consecuencias de los proyectos de desarrollo a gran escala sobre los derechos de las comunidades indígenas, observa que como consecuencia de estas actividades, los pueblos indígenas son víctimas de profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. “Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces los efectos serán beneficiosos, muy a menudo devastadores”, completa el documento.

El caso se ganó y, para los kichwas, es un gran precedente pues “siempre son las empresas las que salen ganando en los juicios o reprimen. Es importante porque otros pueblos pueden tomar fuerza”, señala el dirigente, que considera que con su lucha defendieron la dignidad y los derechos de los pueblos. “Por eso es importante el caso Sarayacu: genera precedentes, dignifica a los pueblos indígenas y genera jurisprudencia. Esto quiere decir que nosotros hemos interpretado la constitución tal como la merecemos y desde nuestra visión”, remata Viteri. El camino no fue fácil, comparte Franco Tulio: “Ellos dicen que la soberanía radica en el pueblo, entonces nosotros hicimos eso. La empresa era extranjera y nosotros defendimos el territorio, nuestra vida, la Constitución, los derechos colectivos, la libre expresión, la autonomía, la libre determinación, estipulados en la actual Constitución y en la antigua”. El líder considera que su pueblo cumplió tratados internacionales mientras el gobierno violentó derechos, “nos reprimió e impuso las políticas públicas en aspecto de minería, petróleo y madereras”.

La nueva actividad petrolera promovida por el gobierno de Rafael Correa se desarrolla en aéreas protegidas. La onceava ronda petrolera incluye todo el sur de la Amazonia y cada bloque petrolero cuenta con 200 mil hectáreas.

Criminalización de la defensa del territorio

Un informe de derechos humanos contabiliza más de 200 casos de campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos que son acusados de terrorismo por su defensa de la tierra, a pesar de que la Constitución del 2008 (considerada una de las más avanzadas en el mundo por incorporar los derechos de la naturaleza y el Estado plurinacional) protege el derecho a la protesta. Podemos encontrar personas  de comunidades rurales desde la selva y el páramo hasta la costa, mayores de edad, mujeres y jóvenes, juzgados como terroristas o con orden de captura.

El caso de Sarayacu implica la organización de un pueblo indígena para la defensa no solo de su tierra sino de su identidad frente a proyectos que tienen grandes impactos ambientales y sociales, pero además la reflexión de cómo los conflictos ambientales también se desarrollan en un país “progresista” en América Latina. En el caso de Ecuador, a pesar de tener avances en algunos aspectos sociales, sigue con el extractivismo como eje de la economía.

Intelectuales ecuatorianos mencionan que el análisis sobre lo que sucede con estos conflictos no puede hacerse con las mismas categorías que las que se usan contra un gobierno de derecha, ya que no se enfrenta a un gobierno neoliberal, pero sí capitalista. Frente a ésta nueva amenaza, Franco es claro: “Primero: no les tenemos miedo. Segundo: nos preparamos. Pasamos de la movilización física a una movilización de la comunicación, jurídica, de la cultura, la música, el arte. Esas son nuestras herramientas de lucha, porque aquí no se trata de luchar con armas, se trata de generar espacios y una forma distinta de ver la vida”.

El presidente de la Confederación señala que parte de su lucha implica  pelear contra el consumismo y la propaganda en la televisión, contra la mentira, el nepotismo, la corrupción, la falta de transparencia y el clientelismo, “que muchas veces está enquistado también en los pueblos indígenas. Debe haber un proceso de depuración también en los movimientos y en las organizaciones indígenas, porque si tratamos de gobernar a nuestras sociedades con las mismas herramientas y el mismo estilo de los colonizadores y las repúblicas, no estaremos construyendo lo plurinacional”, reflexiona.

El líder considera que la construcción del Estado plurinacional empieza “por la familia, por la persona, por la comunidad, por la organización y toda la sociedad en conjunto”. La tarea, indica, es grande y de largos años, “no hay que medirlo solamente en un año, dos, tres, o diez. Los pueblos indígenas hemos resistido más de 500 años y todavía podemos seguir resistiendo; los que no van a resistir son los de Occidente porque sus tecnologías y sus estilos de vida son muy depredadores”, finaliza.