El pedido de formal prisión que la justicia mexicana le sumó en la tarde de hoy, vino por el aspecto económico. El ex presidente municipal de Iguala, que estaba en funciones hace un año en el momento en que ocurrió la masacre contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue procesado por “Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Enriquecimiento Ilícito”
Desde que Abarca Velázquez fue recluido el 5 de noviembre del año pasado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, “El Altiplano” ubicado en el Municipio de Almoyola en el Estado de México, le han llovido causas penales. Fue detenido en la delegación de Iztapalapa en el Distrito Federal, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda.
Actualmente, ella se encuentra detenida en el CEFERESO Femenil número 4, Noroeste, en Tepic, Estado de Nayarit, responsabilizada junto a su esposo como los autores intelectuales de la Masacre de Ayotzinapa. Ella fue procesada en enero de este año porque “se adhirió al grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos por lo menos desde el 2005, a la fecha de su detención” y que su participación era “dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo, a través de la compra de bienes inmuebles o muebles o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”, según publicó entonces La jornada, que accedió al expediente judicial.
Cabe destacar que el dictado de formal prisión no es una condena, sino el comienzo del enjuiciamiento por la responsabilidad en los hechos de los que se los acusa.
La primera causa penal que enfrentó Abarca Velázquez fue la de “secuestro y homicidio calificado en agravio” de Arturo Hernández Cardona, referente de la Unidad Popular de Guerrero (UP) y también a Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, que fueron secuestrados junto con Hernández, en Iguala, el 30 de mayo de 2013. En esa instancia fueron secuestrados otros cuatro integrantes de la UP, que sobrevivieron al ataque y cuyo testimonio fue clave en la primera condena de Abarca. Esta causa penal está radicada en el Juzgado Primero de Matamoros.
Luego, le cayó la de los normalistas. El juzgado tercero del Distrito de Procesos Penales de Matamoros, en Tamaulipas, Abarca enfrenta la pena de “secuestro agravado” por la desaparición de los 43 estudiantes.
Según ha denunciado Amnistía Internacional, a pesar de la cantidad de casos reportados de desaparición forzada que se han dado en México en los últimos diez años (más de 22 mil según el gobierno, que no ha dado detalles de cómo se desagrega esa cifra) apenas se han logrado seis condenas por ese delito en tribunales de fuero federal, todas entre 2005 y 2009.
Abarca también enfrenta dos procesos penales de fuero común (no federal) por “homicidio calificado en agravio” de las seis personas que fallecieron durante el ataque a los muchachos de Ayotzinapa. Los estudiantes Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava y las otras tres personas que fueron asesinadas por balas oficiales en la noche del 26 de Setiembre de 2014: Blanca Montiel Sánchez, Josué García Evangelista y Víctor Manuel Lugo Ortiz.
Además de otra, en el juzgado penal de primera instancia de Iguala, en que enfrenta otro proceso por “homicidio en tentativa de agravio” de 61 personas.
Esta condena es una evidencia más que suma a una de las líneas de investigación planteadas tanto por el Grupo Intedisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), que insisten en que debe seguirse la ruta de la plata: el vínculo de Abarca con la delincuencia organizada y el enriquecimiento ilícito que cosechó de esas amistades.
