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Ciudad de México | Desinformémonos. Varias organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos llamaron a la Cámara de Diputados a no aprobar “de forma apresurada” las leyes que hacen permanente la presencia militar en tareas de seguridad pública y que ponen en riesgo los derechos de la población mexicana, pues se pretende normalizar “lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito”.

En el marco de los diez años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, aseguraron que hoy México es un país más inseguro y con instituciones “más débiles”, pero que además, la dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.

“Dotar de marco jurídico a las fuerzas armadas es, sin duda, importante”, expresaron. “Las fuerzas armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar”, agregaron.

Indicaron que a pesar de esto, no puede plantearse que ese marco jurídico se normalice y se haga permanente, tal como propusieron algunos partidos políticos. “Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, señalaron.

La Ley Reglamentaria del artículo 29 estipula que, en situaciones de emergencia, el Estado puede actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios, explicaron. “Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir”.

Además, la ley no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga, así como la modificación de los alcances, incluso antes de concluir el periodo original, lo que calificaron de “riesgoso”.

La experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, por lo que se normaliza lo que pretendía ser excepcional. Las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción “no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho”, por lo que recomendaron legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad en un esquema de seguridad y administración eficaz, concluyeron.