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Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, colectivos y activistas se pronuncian contra imposición minera en Andalgalá

Redacción Desinformémonos

Foto: Asamblea de Chilecito

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante la represión del Estado contra el pueblo de Andalgalá, Argentina, que se opone a la megaminería en su territorio, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, colectivos de derechos humanos e intelectuales exigieron un alto a la imposición de proyectos mineros en la zona y detener el hostigamiento contra los defensores de la tierra y el medio ambiente.

El pronunciamiento de los activistas y colectivos se publicó luego de que el 10 de abril el pueblo de Andalgalá, en Catamarca, se movilizara de manera masiva contra el avance de la megaminería, autorizada por el gobierno provincial que permitió la entrada de máquinas excavadoras para comenzar las operaciones de la mina Agua Rica, de la empresa Yamana Gold, en la zona del Nevado del Aconquija.

Esa noche del 10 de abril se registraron incendios en las oficinas de la mina Agua Rica por parte de «infiltrados», como acusaron usuarios en redes sociales, así como allanamientos de la policía de Catamarca en domicilios particulares y detenciones a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, «involucrándolos en el incendio de las oficinas de Agua Rica en la ciudad de Andalgalá», denunciaron Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, Mariana A. Katz, entre otros activistas y académicos.

«La coincidencia entre el reclamo social provocado por la presencia de maquinaria en el cerro y estas detenciones resulta altamente sospechosa, más aún si se tiene en cuenta que el pueblo de Andalgalá, así como la Asamblea de vecinos mencionada, viene manifestándose todos los sábados desde hace 11 años en las Caminatas por la Vida y siempre de manera pacífica, aún cuando no encuentren respuesta institucional a sus denuncias», explicaron.

Por su parte, el colectivo Bienaventurados los Pobres acusó que las agresiones contra el pueblo organizado de Andalgalá es muestra del «avance de la militarización de los territorios, la represión y criminalización de las organizaciones sociales y la actuación de las fuerzas represivas en defensa de las corporaciones transnacionales».

«En el caso concreto del pueblo andalgalense en particular y catamarqueño en general, la rebelión se vuelve legítima ante la violencia que se esconde detrás de la negativa de los estados en todos sus niveles a escuchar la voz comunitaria que viene gritando desde hace muchos años: ‘Andalgalá no es territorio de sacrificio’; ‘Andalgalá no quiere ser contaminada, explotada y saqueada’, ‘Agua Rica no tiene licencia social’, ‘El Aconquija no se toca'», añadió el colectivo.

Desde hace 11 años, el pueblo de Andalgalá se ha manifestado contra la imposición de los proyectos de exploración y explotación minera en su territorio, pues además de provocar afectaciones al medio ambiente y la vida comunitaria, son acciones «ilegítimas» e «ilegales» que vulneran los derechos de la población.

A continuación la carta completa:

12 de abril de 2021

Por la presente expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo la población de Andalgalá en la provincia de Catamarca a partir del ingreso de máquinas perforadoras en el cordón montañoso del Aconquija, con fines de explotación a gran escala del yacimiento minero Agua Rica.

El ingreso reciente de esta maquinaria ha provocado confusión y malestar, poniendo en alerta al pueblo de Andalgalá así como a quienes venimos acompañando su reclamo en contra de la explotación megaminera. Entendemos que la presencia de dicha maquinaria obedecería a la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020), del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold. Lo que esta autorización no ha considerado es la existencia de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), así como de ambientes periglaciares dentro de la zona de exploración, violando lo dispuesto por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La existencia de estos cuerpos de hielo perennes ha sido incluso constatada por el propio Ministerio de Minería de Catamarca en una inspección llevada a cabo en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como por otra inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizada el 5 de marzo del corriente. Respecto de la existencia de ambientes periglaciares, el Ministerio de Minería provincial consideró que deberían realizarse estudios al menos por dos años, no obstante lo cual autorizó la exploración, violando el principio precautorio y preventivo dispuesto en Ley General del Ambiente.

Asimismo, esta exploración implica perforaciones y extracción de agua del río Minas, el cual forma parte de la cuenca del río Andalgalá, siendo este último el que nutre de agua a la población local.

En este sentido, la exploración autorizada implica contaminación ambiental y social, pues no solo se afecta el agua, el suelo y el aire -elementos de los que dependen los seres humanos y toda la biodiversidad de especies vegetales y animales de la zona- sino que también afecta la identidad cultural de Andalgalá al deteriorar la continuidad de trabajos tradicionales, como el cultivo de frutales -especialmente nogal, membrillo y vid-, la producción de conservas vegetales, aceite de oliva y dulces, por mencionar algunas, para las que es imprescindible un ambiente sano y seguro. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectándose la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

A esto debemos sumar que en el día de la fecha, la Policía de Catamarca está allanando domicilios particulares y deteniendo a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, involucrándolos en el incendio de las oficinas de Agua Rica en la ciudad de Andalgalá. La coincidencia entre el reclamo social provocado por la presencia de maquinaria en el cerro y estas detenciones resulta altamente sospechosa, más aún si se tiene en cuenta que el pueblo de Andalgalá, así como la Asamblea de vecinos mencionada, viene manifestándose todos los sábados desde hace 11 años en las Caminatas por la Vida y siempre de manera pacífica, aún cuando no encuentren respuesta institucional a sus denuncias. Nos preocupa sobremanera la persecusión política que se está dando, viéndose afectados los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal y a la libre expresión de la población en el marco de un sistema de gobierno democrático.

En función de todo lo expuesto, exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente, la salud y la vida. Asimismo, requerimos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de 11 años por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

Nora Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nóbel de la Paz y Pte. Honorario del Servicio Paz y Justicia.
SERPAJ (Servicio Paz y Justicia).
Beverly Keene. Economista. Cátedra Cultura para la Paz y los DDHH, UBA. Coordinadora «Diálogo 2000».
Mariana A. Katz. Integrante del SERPAJ y abogada de la Asamblea El Algarrobo.
Marcos Filardi. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Gabriel Fernando Bicinskas. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Juan Pablo Vismara. Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
Lis Sablé. Ingeniera Industrial Especialista en Ingeniería Ambiental.
Jessica Visotsky. Docente-investigadora Universidad Nacional de Sur.
Sebastián Quintana. Docente Universidad de Buenos Aires-Facultad de Derecho.
Laura Roda. Docente-investigadora Universidad Nacional de Catamarca.
Néstor Ruiz. Antropólogo. ONG Juntos podemos en un ambiente sano, Jujuy.

PARA FIRMAR EL DOCUMENTO, CLICK AQUÍ

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Por su parte, el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA emitió un documento en el que se pronunció sobre los hechos del 10 de abril en Andalgalá:

¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)

«En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá. Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá, inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando, en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.
Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz histórico-política de su emergencia). Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas, para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender lo que ha pasado y lo que nos está pasando. 

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder- se impone como “verdad”. La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos, buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia, ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva. Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la “propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las disposiciones del código penal. 

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en la quema de las oficinas de una empresa minera.

Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a “desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye un ominoso error epistémico y político. 

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que “desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable, eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”.

La única paz duradera y deseable es aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del “respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los ’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos. 

El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad; factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural, tecnológica y política. 

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo. 

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia».

Firman el documento: Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.  

Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora, Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral Conicet-CITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega (Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA), Federico Vega Castillo (Estudiante Fac. De Humanidades, UNCA), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).

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