El domingo 19 de junio, día en que gran parte de la población en México se dedicó a festejar el Día del Padre, en Nochixtlán, Oaxaca, las policías federal y estatal decidieron desalojar a miembros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) que mantenían bloqueada la carretera que conecta la capital de Oaxaca con la Ciudad de México.

Las versiones de ambos bandos se contradicen: de acuerdo con los jefes de ambas policías, alrededor de las 9 de la mañana se dirigieron de manera pacífica buscando un diálogo con los 250 manifestantes, que se encontraban al frente del bloqueo, para pedirles que desalojaran dicha carretera. Los testigos, ajenos tanto al magisterio disidente como a dichos cuerpos policiacos, afirman que el evento tuvo lugar cerca de las 7:30 a.m., y que en ningún momento las fuerzas policiacas buscaron un diálogo, sino que comenzaron a lanzar gases lacrimógenos en contra de las 20 ó 25 personas que se encontraban de guardia.

Los miembros de la CNTE, por su parte, afirman que los 800 policías que atacaron a quienes hacían guardia incumplieron el protocolo al no pedirles, antes de cualquier agresión, que terminaran con el bloqueo; por el contrario, de inmediato iniciaron la agresión por lo que los profesores corrieron en dirección al pueblo. Unos minutos después los pobladores salieron a defender a los profesores de la CNTE, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, salieron a apoyar a los miembros del magisterio.

De acuerdo con la versión oficial, los 800 policías no portaban armas de fuego ni gases lacrimógenos, pero los docentes sí o, en su caso los grupos radicales que, no perteneciendo a la Coordinadora, se aprestaron a brindar apoyo a las y los docentes. Éstos últimos afirman lo contrario.

Los testimonios continúan y las contradicciones se multiplican, pero lo importante aquí es dejar claro que la respuesta de las autoridades federales y municipales excedió con mucho lo que se espera de un gobierno democrático que dice respetar y defender los derechos humanos y que afirma estar dispuesto a dialogar con grupos de inconformes para encontrar las mejores soluciones.

Es justo la falta de diálogo en torno a la llamada “Reforma Educativa”, lo que ha dejado avanzar el “conflicto magisterial” al punto en que se encuentra. La resistencia de las y los profesores de la CNTE para aceptar lo que el gobierno federal ha denominado la reforma estructural más importante, va más allá de la disputa por mantener los privilegios que los mismos gobiernos anteriores a la alternancia otorgaron al SNTE, (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).

Dicho modelo corporativo-clientelar, a partir del cual se intercambiaban privilegios, favores y apoyos, funcionaba cuando los diferentes gobiernos priistas movilizaban al magisterio en apoyo de sus estrategias políticas y de gobierno, pero, una vez que el PRI perdió la presidencia, el ala disidente del SNTE, la CNTE, rompió el lazo que lo unía al partido y comenzó a actuar por su cuenta, primero en contra de su antigua lideresa, Elba Esther Gordillo, y luego en contra del gobierno federal que diseñó una “reforma educativa”, sin contar con los actores principales, las y los maestros.

Esta falta de comunicación ha sido leída por el magisterio disidente como parte de una estrategia de desmovilización, basada en evaluaciones estandarizadas siguiendo criterios de países desarrollados, sanciones y despidos. La idea es, de acuerdo con los integrantes de la CNTE, privatizar la educación y acabar con las voces disidentes dentro del sector educativo.

Esto, que a los ojos del magisterio parece una provocación, se confirma cuando desde la Secretaría de Educación se asevera que habrá diálogo una vez que las y los docentes acepten la reforma educativa y vuelvan a sus aulas. ¿Qué se dialogaría entonces? ¿El color de las bancas y los muros de las aulas? ¿El diseño de los uniformes de niños y niñas? ¿El día nacional de agradecimiento al gobierno federal y al secretario de Educación por tan histórica reforma?

Dados los últimos acontecimientos y la falta de una profunda modificación a los planes y programas de estudio parecería, efectivamente, que lo que se ha dado en llamar, tan presuntuosamente, “Reforma Educativa”, no es más que una reforma laboral encaminada a desmantelar las secciones disidentes del que alguna vez fuera uno de los sindicatos más poderosos de América Latina.

Pero las consecuencias de este desmantelamiento van más allá del despido de unos cuantos profesores, incluyen la pérdida de derechos laborales adquiridos el siglo pasado, después de otro siglo de luchas obreras; la insistencia en homologar los conocimientos de infantes que habitan zonas geográficas con diferencias tan grandes como las que caracterizan a las zonas rurales y a las zonas urbanas o como aquellas que dividen a las personas de ingresos bajos, medios y altos, teniendo como consecuencia un cúmulo de conocimientos inservibles que no toman en cuenta las diferencias regionales y las necesidades locales; el debilitamiento, en el mejor de los casos, o la desaparición, en el peor de ellos, de un grupo social que por décadas ha buscado el mejoramiento económico, laboral y social de las zonas más olvidadas de este país.

En este contexto, la solución no es la represión gubernamental  -apoyada incluso por amplios sectores de la población que ante la falta de información y el desgaste a que ha sido inducido el movimiento magisterial con plantones, marchas y protestas recurrentes, ignoradas en su mayoría por las autoridades, se han convertido, con la “ayuda” de los medios de comunicación afines al gobierno, en una molestia pública que debe ser sometida a como dé lugar-, sino la estructuración de una verdadera reforma educativa que contemple las necesidades reales de los educandos, que respete los derechos laborales de las y los docentes, que les brinde capacitación adecuada, pero sobre todo que a partir de una educación pública de calidad coloque a las generaciones actuales y a las por venir al nivel de los mejores estudiantes del mundo.

Ivonne Acuña Murillo, es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana