Ciudad de México | Desinformémonos. “No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso”, aseguraron los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, en Durango.
Los pueblos y organizaciones que integran el Frente reafirmaron su lucha contra los megaproyectos en sus territorios, como el de la empresa Chemours Company que pretende producir 70 mil toneladas de cianuro de sodio al año.
Las empresas transnacionales, “desde la lógica del modelo extractivo, abonan al despojo y deterioro de los bienes comunes naturales, pues hemos podido constatar que dichos proyectos se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios generando una serie de injusticias y atentados a los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción de la naturaleza”, denunciaron los pueblos.
Aseguraron que estas empresas y proyectos extractivos avanzan con rapidez gracias al “clima de impunidad que genera la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u omisión, al diseño e implementación de políticas que, lejos de representar los intereses de nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan incrementar su riqueza”.
Lamentaron que los empresarios, en complicidad con las autoridades de gobierno, busquen aprovecharse de la pobreza de los habitantes y de la falta de alternativas para explotar a la mano de obra y la naturaleza. “Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, crisis que se materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación que sufren nuestros pueblos y comunidades”.
Por ello, reafirmaron su rechazo a la división de las comunidades, al debilitamiento del tejido social y la militarización de sus territorios, así como al hostigamiento y atentados contra la integridad física y emocional de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión-
Destacaron que también se oponen a la privatización de los bienes comunes naturales, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, a la generación de empleos “precarios que generan el falso desarrollo”, a las afectaciones a la salud y a la injerencia de las empresas extranjeras en las decisiones políticas y económicas de los territorios.
Por todo lo anterior, exigieron la cancelación inmediata y permanente de cada una de las concesiones y permisos que han entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo y que se detengan de manera inmediata las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio.
Foto: La Jornada Baja California
