A pesar de las facetas distópicas que ofreció el 2020, el panorama con relación al trabajo luego del impacto del covid no es más que una versión empeorada de la «vieja normalidad». Casi 40 por ciento de la población ocupada en Uruguay percibe salarios menores a 25 mil pesos, más de 400 mil trabajadores informales profundizaron su situación de precariedad y se agravaron las desigualdades de ingresos por diferencias de edad, género y residencia.
Durante los meses más álgidos de vigencia de las restricciones a la circulación, en Uruguay alrededor de un 20 por ciento de los trabajadores ocupados tuvo la posibilidad de volcarse de lleno al teletrabajo. Esto significa aproximadamente 300 mil personas. Las estimaciones señalaron que, antes de la llegada del virus, solo el 5 por ciento teletrabajaba de forma habitual: unas 74 mil personas, con lo cual se trató de un salto importante. En Montevideo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cantidad de teletrabajadores fue mayor: entre marzo y abril de 2020, representó alrededor del 30 por ciento de los ocupados. En el interior, en cambio, el pico máximo apenas alcanzó el 12 por ciento,1 toda una prueba de adaptación a un contexto de emergencia.
Mientras tanto, alrededor de 600 mil trabajadores (casi un 40 por ciento del total de ocupados) vieron sus fuentes de trabajo afectadas directamente más o menos en el mismo período, pues se desempeñaban en sectores expuestos a un alto riesgo frente a la pandemia –la actividad turística, la gastronómica, el comercio–, según la definición que adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).2 El núcleo más crítico de los asalariados formales de estos sectores encontró al menos un colchón en la vieja institución del seguro de paro. En el momento álgido de la crisis, se contabilizaron más de 180 mil trabajadores amparados, con un promedio mensual que llegó a registrar 80 mil ingresos. La mayoría fueron enviados con causal de suspensión y no de despido, toda una demostración de amortiguación de la emergencia.
Dentro de los afectados directos cuentan también los trabajadores informales. Según la OIT, un 85 por ciento de ellos directamente empleados en los sectores de riesgo medio, medio alto y alto. También un 46 por ciento de trabajadores independientes –no asalariados–, directamente involucrados en los sectores de riesgo alto. «Muchos de los empleos de por sí más precarios estarían relativamente más concentrados en sectores más expuestos», decía un informe de la OIT sobre Uruguay a fines de 2020. La tasa de informalidad en Uruguay era, a fines de 2019, de un 24,8 (se redujo 16 puntos entre 2004 y 2019):3 es decir, más de 400 mil personas. El 64 por ciento de ellos eran trabajadores por cuenta propia (el 10 por ciento no poseía local ni inversión); un 27 por ciento se encontraba subempleado y un 17 por ciento percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza. Aproximadamente 86 por ciento no había alcanzado a completar la educación secundaria. Toda una muestra de precariedad ante la emergencia.
Es difícil hacer algún balance positivo respecto al mundo del trabajo luego de la pandemia del covid-19. Lo cierto es que los 300 mil teletrabajadores, los 600 mil trabajadores afectados directos y los 400 mil trabajadores informales no necesariamente padecen la crisis del mismo modo. Ni la progresiva reapertura de la economía despliega, en el corto o en el mediano plazo, respuestas que puedan considerarse homogéneas.
TELETRABAJADORES
Por lo pronto, la fotografía de 2020 muestra que todavía gran parte de la estructura del mercado laboral en el país no es pasible de migrar a modalidades virtuales. En uno de los momentos más acuciantes de la crisis, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) calculó, para Uruguay, el llamado índice de posibilidad de trabajo a distancia,4 una herramienta que arroja un porcentaje indicativo acerca de cuán proclive es determinada ocupación de reconvertirse en una actividad no presencial. Casi el 60 por ciento de los trabajadores –según el reporte– presentó dificultades para poder teletrabajar. Además, se señaló que esta modalidad es especialmente desfavorable para los trabajadores de menores ingresos y para los informales, respecto a los cuales la imposibilidad del teletrabajo ascendía al 72 por ciento.
De todos modos, no es bueno desatender las tendencias. Teletrabajador y teletrabajadora son palabras que ingresaron recientemente al nomenclátor de la lengua española. Pero el año pasado se integraron definitivamente al habla cotidiana. Y también a la legislación. En abril de 2020, cuando las circunstancias vertiginosas hicieron del trabajo a distancia una necesidad irremediable, la senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) presentó un proyecto de regulación de esta actividad en el Parlamento. El texto fue sancionado por la Cámara de Senadores en octubre, modificado por Diputados en julio de este año y finalmente promulgado en agosto de este año (ley 19.978).
La ley tiene 15 artículos, que pretenden regular el teletrabajo. Para sus críticos, como el jurista Hugo Barreto, nunca hubo una regulación que regulara tan poco. En el mismo sentido que la bancada opositora, las dos críticas principales de Barreto tienen que ver con que la norma, en lugar de establecer regulaciones concretas, las traslada al ámbito de negociación entre el empleador y el empleado. Así ocurre, según el jurista, con la obligatoriedad o no del empleador en proveer las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante el trabajo, con la determinación precisa de la jornada laboral, de descanso, de la desconexión, o con la forma de rendir las horas extraordinarias. Tampoco se hace mención expresa a la posibilidad de dirimir esas definiciones en los ámbitos de negociación tripartita, lo cual es interpretado por los críticos como una negación expresa de la negociación colectiva.
Si bien resta conocer la regulación, la norma va en consonancia con la forma de entender las relaciones laborales de los socios de la coalición. Al margen de ello, de momento no está claro el porcentaje de trabajadores que se verían afectados. Si se tienen en cuenta los estudios llevados adelante a efectos de dimensionar el teletrabajo durante la pandemia, alcanzaría –en un escenario de máxima– a menos del 20 por ciento de la población ocupada. Un número abultado, en cierta medida, pues fue tomado en un contexto por demás extraordinario. Una encuesta reciente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana, difundida por La Mañana,afirma queun 71 por ciento de las empresas «trabajará en un formato híbrido», mientras que un 12,8 por ciento «volverá a la oficina de manera presencial». Al margen de ello, no existen proyecciones atendibles con relación al futuro inmediato del teletrabajo en Uruguay.
ASALARIADOS
Más allá de lo concerniente a la seguridad social,5 las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha desplegado –vinculadas con los trabajadores afectados por la crisis– fueron, en gran medida, dirigidas a retirar la presión fiscal sobre los empresarios de los sectores involucrados o al ofrecimiento de incentivos para la contratación de personal de forma temporaria, como parte de políticas laborales focalizadas. Algunos ejemplos visibles tienen que ver con el sector turístico o el comercio minorista. Asimismo, en materia legislativa se destaca, principalmente, la aprobación de la Ley de Promoción del Empleo, que establece estímulos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. Si bien la norma fue sancionada con anuencia de todos los partidos en agosto, hubo señalamientos de la oposición respecto a que la ley simplemente actualizaba normativas ya aplicadas por el gobierno anterior, cuando los índices de desocupación eran sensiblemente menores a los actuales. También se apuntó a que esta herramienta no está orientada a los problemas macro del empleo. Entre ellos figuraba el tópico de la automatización de los procesos productivos (y el de la consiguiente calificación de la mano de obra), que en buena medida asomaban como uno de los principales problemas antes de la pandemia.
En materia de política salarial, en tanto, hay menos señales sobre el futuro. Sobre el presente, sabemos que al inicio de la novena ronda de consejos de salarios –mitad de 2021– el Instituto Cuesta Duarte estimó una caída acumulada del 4,3 por ciento del salario real. También que los fenómenos asociados a la pandemia han determinado una caída generalizada del ingreso real de los hogares, del orden de un 6 por ciento, especialmente de los ingresos laborales. Según la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República,6 «los ingresos laborales han sido una de las fuentes de ingresos que se han visto particularmente comprometidas. Casi la mitad de la población que se encontraba ocupada antes del inicio de la pandemia redujo sus ingresos laborales durante el año y un 14 por ciento dejó de percibirlos».
Héctor Piastri
Respecto a la estructura de ingresos, según datos del Cuesta Duarte publicados este mes,7 en 2020 existieron más de 650 mil trabajadores ocupados que recibieron remuneraciones por debajo de los 25 mil pesos líquidos mensuales por 40 horas semanales (considerado un «salario sumergido»). Entre ellos, alrededor de 225 mil no alcanzaron a percibir 15 mil pesos. Fuera de ese 42 por ciento de salarios bajos, alrededor de 327 mil trabajadores recibieron remuneraciones entre 25 mil y 35 mil pesos líquidos. Más de 267 mil cobraron mensualmente entre 35 mil y 50 mil, y alrededor de 308 mil recibieron remuneraciones que sobrepasaron los 50 mil pesos por mes.
Según el Cuesta Duarte, casi el 70 por ciento de los trabajadores menores de 25 años percibe salarios sumergidos. Entre ellos, casi el 20 por ciento son remuneraciones que no alcanzan los 15 mil pesos mensuales. «El análisis muestra que tan solo un 7 por ciento gana entre 35 mil y 50 mil pesos, mientras que solo un 4 por ciento (cerca de 5 mil personas) supera esta última cifra», se afirma. A la vez, si una persona tiene entre 25 y 39 años, la probabilidad de que perciba una remuneración mensual que no alcance los 25 mil pesos es del 37 por ciento. Y la probabilidad de que gane más de 50 mil pesos es de 17 por ciento. Respecto a la distribución del ingreso por franja etaria, el informe concluye: «Los jóvenes no solo enfrentan desempleo mucho más alto y niveles de informalidad significativamente mayores, sino que son quienes perciben remuneraciones más bajas, un resultado en principio esperable por su posible menor formación y capacitación, pero en una magnitud exageradamente alta que evidencia la inserción excesivamente precaria de este colectivo en el mercado laboral».
Por lo demás, todos los indicadores con tendencias desfavorables referentes al mercado laboral (tasa de empleo, de actividad, de desempleo) tuvieron mayor incidencia en las mujeres. Especialmente en los tres primeros quintiles de ingresos (los más bajos) y en el interior del país. La pobreza medida para 2020, por ejemplo, era de 11,3 para los hombres y de 11,9 para las mujeres. Pero cuando se integran datos relacionados con la jefatura de hogar, la información es más nítida: el índice de pobreza de los jefes de hogar es de 6,4 por ciento y de las jefas de hogar es de 10. Un dato a resaltar tiene que ver con la incidencia del teletrabajo, que fue significativamente mayor en mujeres que en hombres durante todo 2020. Pero con una particularidad: «Durante la pandemia, las mujeres de los estratos más altos resuelven su inserción laboral a través del teletrabajo, mientras las de estratos más bajos con mayor inserción en sectores vulnerables a la crisis que generó la covid-19 han sido las principales víctimas del desempleo», señaló un informe reciente de ONU Mujeres8 con base en datos del INE. De acuerdo con el estudio, «ello profundiza las desigualdades sociales y territoriales que resultan de la segregación ocupacional, la segmentación del mercado laboral y la división sexual del trabajo, que impone una carga de trabajo no remunerado desproporcionadamente mayor en las mujeres de los estratos medios y bajos».
INFORMALES
Una nota técnica de la OIT, difundida en setiembre,9 destacó que las acciones llevadas adelante para la recuperación del empleo en América Latina aún son insuficientes. Allí se afirma que, a nivel continental, «en 2021 son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación parcial del empleo». En este sentido, el documento calcula que «estas ocupaciones han dado cuenta de alrededor del 70 por ciento o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de la región». Asimismo, se advierte: «Si bien es prematuro afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, es un riesgo latente importante».
Aunque las evidencias para Uruguay indican que la informalidad tiende a extenderse en momentos de recesión, las conclusiones de la OIT no pueden trasladarse directamente, de momento, por falta de datos actualizados. Pero algo curioso ocurrió con el empleo informal en el último año. Los trabajadores no registrados en la seguridad social representan, en Uruguay, un estoico 25 por ciento de la población activa (casi 400 mil personas). El porcentaje de informalidad que divulgó el INE para 2020, sin embargo, estuvo extrañamente en el entorno del 20 por ciento. De acuerdo con el Cuesta Duarte, en el informe citado, «dado el importante rol desempeñado por el seguro de desempleo, que ofreció protección al sector formal de la economía, la caída se concentró entre los trabajadores informales […] naturalmente, este descenso no obedece a un mejor desempeño del empleo formal, sino a una fuerte disminución de los ocupados no cotizantes [informales] cuyos empleos se resintieron a partir del confinamiento».
Los trabajadores informales fueron las víctimas predilectas de la crisis económica desatada por el covid-19, en razón de que cursaron la pandemia sin respaldo y con posibilidades nulas de teletrabajar. Teóricamente, en porcentaje, representan un mayor número de personas que las incluidas en aquel sector que pudo acogerse al teletrabajo y supera en cantidad a todos los trabajadores que contaron con un ingreso mínimo proveniente del seguro de paro. De momento, sin embargo, no hay noticias de políticas laborales de gran escala respecto a ellos. Desde el PIT-CNT se apuesta por que los nuevos puestos de trabajo que se creen en el período poscrisis sean formales, de manera que el porcentaje de no registro en la seguridad social continúe bajando y la tasa de empleo se mantenga. De no mediar políticas específicas, hay pocas probabilidades de que esto ocurra, puesto que hay evidencia en cuanto a que la informalidad crece de forma contracíclica. En este sentido, esperan saber qué ocurrirá cuando se termine el plazo de las extensiones de los seguros de paro que aún continúan vigentes. En la medida en que los trabajadores formales no retornen a sus puestos, puede que el porcentaje histórico de informalidad retorne.
1. «Encuesta continua de hogares. Actividad, empleo y desempleo». Instituto Nacional de Estadística. Abril de 2021.
2. «Uruguay. Impacto de la covid-19 sobre el mercado de trabajo y la generación de ingresos», Andrés Marinakis (coordinador). OIT. Setiembre de 2020.
3. «Covid-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social», Daniela de los Santos, Inés Fynn. Razones y personas. Abril de 2020.
4. «Coronavirus y las vulnerabilidades de la Red de Protección Social en Uruguay». CINVE, Informe n.º 8. Marzo de 2020.
5. Los seguros de desempleo significaron el gasto más elevado del Fondo Covid al 31 de diciembre de 2020. Representó alrededor de 0,4 puntos del PBI.
6. «Una evaluación y lecciones aprendidas de las respuestas epidemiológicas, el impacto social y de las medidas de mitigación social ante la crisis del covid-19 en Uruguay: aciertos, oportunidades perdidas y asimetría de la respuesta social». UMAD, FCS. Agosto de 2021.
7. Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y la nueva Ley de Promoción del Empleo. Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT. Octubre de 2021.
8. «Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza, según el género». ONU Mujeres. Abril de 2021.
9. «Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual», Roxana Maurizio. Nota técnica. Serie Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. OIT. Setiembre de 2021.
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