Ciudad de México | Desinformémonos. A diez años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra los militares y funcionarios implicados en la tortura sexual hacia Inés Fernández y Valetina Rosendo Cantú, en 2002, «no existen avances significativos en su cumplimiento», denunciaron las víctimas.

Las mujeres aseguraron que tampoco hay avances en la investigación seguida contra los servidores públicos que dificultaron la recepción de las denuncias.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña «Tlachinollan» informó que el pasado 1 de octubre se llevó a cabo una audiencia privada de seguimiento de las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en las cuales la Corte IDH señaló como responsable al Estado mexicano de la tortura sexual cometida por elementos del ejército mexicano en 2002 y dispuso una serie de medidas de reparación para ambos casos.

Sin embargo, las dos víctimas aseguraron que no ha habido avances significativos, por lo que emplazaron a las autoridades a cumplir con las sentencias y junto con las organizaciones que las acompañan llamaron a la Corte IDH a emitir una resolución en la que declare la falta de cumplimiento de las medidas.

A continuación el comunicado completo:

 Este 1° de octubre se llevó a cabo una audiencia privada de seguimiento de las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Cabe recordar que, en dichos fallos, el máximo tribunal interamericano señaló como responsable al Estado mexicano de la tortura sexual cometida por elementos del ejército mexicano en 2002 y dispuso una serie de medidas de reparación para ambos casos.

En el marco del décimo aniversario de que se emitieran estas sentencias paradigmáticas, se celebró esta audiencia con el objetivo de revisar el estado de cumplimiento de ambas decisiones y las acciones realizadas hasta ahora por las autoridades mexicanas para atenderlas. En la audiencia participó una amplia delegación de autoridades mexicanas federales y estatales que dan seguimiento a las sentencias, comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, así como sus representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de “Tlachinollan”.

Los puntos abordados en la audiencia fueron: la investigación penal de los hechos y la relacionada a los servidores públicos que dificultaron la recepción de las denuncias; el funcionamiento del Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños en Ayutla de los Libres y Centro de Salud en la comunidad de Caxitepec, así como las garantías de no repetición ordenadas en ambas sentencias, relativas a la estandarización de un protocolo para la atención e investigación de casos de violencia sexual; la implementación de programas permanentes de capacitación dirigidos a funcionarios estatales y personal de las Fuerzas Armadas; el aseguramiento de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, a través de la provisión de recursos materiales y personales; y la implementación de campañas de concientización y sensibilización, dirigidas a la población en general, sobre la prohibición y los efectos de la violencia y discriminación contra la mujer indígena.

Una de las principales preocupaciones resaltadas por Valentina Rosendo e Inés Fernández fue la falta de avances significativos tanto en las investigaciones contra todos los elementos militares y altos mandos involucrados en los hechos de 2002, como en la investigación seguida contra  servidores públicos que dificultaron la recepción de las denuncias. De igual manera destacaron la falta de concreción de un esquema de funcionamiento y designación de un presupuesto para el Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños de Ayutla de los Libres, así como la política regresiva de recortes presupuestarios a programas e instituciones que atienden la violencia contra las mujeres y en particular, contra mujeres indígenas en México.

La jueza y los jueces de la Corte Interamericana expresaron su apoyo a las víctimas y emplazaron a las autoridades mexicanas a dar cumplimiento cabal de ambas sentencias. Al respecto, el juez Eduardo Vio Grossi señaló “soy el único juez que participó en estas dos sentencias. Ya estoy próximo a finalizar mi segundo periodo como juez. Me gustaría que este caso tan emblemático se cumpliera plenamente. No me gustaría irme de la Corte después de 12 años sin el cumplimiento cabal de las sentencias, por lo que le pido al Estado que se hagan los mayores esfuerzos para cumplir las dos sentencias.”

Por su parte, la presidenta del Tribunal, Elizabeth Odio Benito agradeció a Inés y Valentina y señaló que han dado una lucha heroica muy importante, abrieron camino extraordinario para que esta Corte avanzara en jurisprudencia trascendental en la región. Es obvio que todavía queda mucho camino por recorrer, lo siguen recorriendo. Por ellas y todas las mujeres que sufren de esta atroz violencia en Guerrero, en México y en el mundo, es una lucha a la que hay que sumarse.

Tanto las representantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron a la Corte a emitir una resolución en la que declare la falta de cumplimiento de las medidas analizadas y contribuya a trazar un ruta para que el Estado mexicano implemente acciones específicas para asegurar el acatamiento de los fallos según sus obligaciones internacionales.

¡Que su lucha no sea en vano!

# JusticiaparaInésyValentina #AltoalaImpunidadMilitar

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña de “Tlachinollan”