Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. “Cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México, aseguró el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, con respecto a la Ley de Seguridad Interior, la cual otorgaría poder y control a las Fuerzas Armadas.
Jarab insistió en que “no es la militarización de combate a la delincuencia, sino la certeza de que se castigará el delito” lo que realmente contribuirá a la lucha contra el crimen organizado, por lo que llamó a “cambiar el paradigma” sobre la presencia del ejército en funciones policiacas.
Por otra parte, admitió que se requiere una “ruta de salida gradual” para el retorno de los militares a sus cuarteles.
Frente a esto, Jarab enlistó 17 recomendaciones en caso de que se dictaminen las cuatro iniciativas existentes en materia de militarización, entre las que se señala que el uso de las fuerzas armadas “no implique ninguna suspensión de derechos”, que los militares “no participen en labores de investigación y de inteligencia” sobre los delitos, y que su vigencia sea “temporal y breve”.
Además, urgió a que los ciudadanos puedan denunciar violaciones de los militares sin sufrir consecuencias, que exista un control de las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, mecanismos de rendición de cuentas, medidas de supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y medidas para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, denunció que entre el 2000 y el 2006 se presentaron mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo se emitieron 11 recomendaciones por parte de la CNDH, y que en los últimos diez años se presentaron más de 10 mil quejas y sólo se emitieron 146 recomendaciones.
Es decir, “el promedio anual de quejas es de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de dos al año. Hoy, tras el despliegue iniciado en 2006, el promedio anual de quejas ha sido alrededor de mil 75 por año, y de recomendaciones más de 14”, señaló Aguirre.
Tan sólo el año pasado se registraron 700 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo emitieron 12 recomendaciones. “En suma, hay razones de peso, constitucionales, convencionales, de derechos humanos, de efectividad, para afirmar que desde la perspectiva de derechos humanos, la aprobación de una ley de seguridad interior no es el camino adecuado”, concluyó.
Varias organizaciones coincidieron en que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho, sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país, y reiteraron que la reglamentación del concepto de seguridad interior “incumpliría abiertamente la Constitución”, así como los tratados internacionales que México se comprometió “a respetar y garantizar”.
“No es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”, aseguraron.
