Fotos: José David López Vicente / Agencia Ocote

En el mismo laboratorio privado, una prueba de antígeno puede costar US$57 (Q450) y una prueba molecular (PCR) US$200 (Q1,600). Otro laboratorio la ofrece a Q325 (US$40) la de antígeno y US$120 (Q950) la molecular. Y, aunque el Estado las ofrece de forma gratuita, el tiempo de espera es mayor. La poca oferta y la alta demanda regulan los precios de las pruebas en Guatemala. El mercado manda y el Estado no se da abasto.

Hasta julio del 2020, el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) era el único autorizado para realizar pruebas COVID-19 en Guatemala. Conforme el número de contagios aumentó, también lo hizo la necesidad de realizar pruebas, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) autorizó la toma de muestras a laboratorios privados. Según el Ministerio, al 2 de octubre, 144 laboratorios privados tenían autorización para realizar estas pruebas, con la libertad de cobrar según sus criterios.

El sistema es este, y funciona de forma similar al sistema de medicamentos: el Estado no garantiza el acceso de toda la ciudadanía -demora en entregar los resultados y no tiene cobertura en todo el país- con consecuencias graves como el que los pacientes no inicien un tratamiento pronto, o que al no tener la información expongan a otras personas al contagio. Entonces, quienes tienen la posibilidad pagan por las pruebas. Mientras, el mercado dicta los precios.

Existen dos métodos para realizar pruebas COVID-19 autorizadas por el MSPAS: de antígeno y moleculares. Según Dalia Lau, doctora en biología molecular y especializada en microbiología, para ambas es necesario realizar un hisopado en la nariz para extraer la muestra, y colocarla en un líquido que mantenga íntegro el material genético del virus.

La prueba molecular o de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) requiere de un proceso más largo y de personal profesional. “El bioquímico o profesional de biología molecular requiere equipo clínico para extraer el material genético del virus, separar los reactivos y analizar el resultado. Por eso tienen un costo más elevado”, explica la bióloga.

Las pruebas moleculares, según Lau, son más recomendables, aunque requieren más tiempo, pues por el proceso químico que conlleva su diagnóstico, tienen mayor grado de certeza. Según Lau, un 95% de sensibilidad, en contraste con las de antígeno que según sus fabricantes tienen un 84%. Es decir que el porcentaje de falsos negativos es más alto en las pruebas de antígeno.

Entre la diversidad de laboratorios privados en toda Guatemala, el precio de las pruebas de antígeno oscila entre Q300 y Q700 (un rango entre US$38 y US$90), y las pruebas moleculares van de Q700 hasta Q1,600 (entre $90 y $200). Algunos ofrecen la opción de realizar la prueba PCR y al mismo tiempo detectar otras enfermedades respiratorias como la influenza, si la de COVID-19 resultara negativa. Esta opción puede costar entre Q2,995 y Q3,000 ($377), dependiendo el laboratorio.

Algunos laboratorios privados también ofrecen las pruebas de anticuerpos, que miden las defensas que una persona genera luego de días de haber portado el virus, pero según Julia Barrera, portavoz MSPAS, este tipo de prueba no está aprobada por el Ministerio.

¿QUIÉN REGULA?

El director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), Andrea Calvaruso explica que algunos gobiernos europeos optaron por definir precios tope para las pruebas COVID-19 en el sector privado, dado que la demanda de pruebas ha sido más alta que el número de existencias.

“Al inicio de la pandemia, la prueba de GeneXpert, recomendada y donada por la OPS (Organización Panamericana de la Salud), producida en Estados Unidos, tuvo una demanda mayor a las existencias. Ahora las empresas han mejorado su productividad y hay más existencias. Por esta razón, los precios son alterados”, indica Calvaruso. Y puntualiza que para evitar abusos y garantizar el acceso a la población, los gobiernos deben regular estos precios en las pruebas, como lo hacen con los medicamentos. Pero, en Guatemala tampoco hay regulación para los precios de los medicamentos.

Según Liz Parra, asesora de Emergencia en Salud de la OPS en Guatemala es necesario regular los precios de medicamentos y pruebas de laboratorio para que la población tenga mejor acceso a estos insumos. Agrega que esta entidad desconoce los precios de las entidades privadas que venden pruebas, pues se han centrado en apoyar el abastecimiento de los Ministerio de Salud.

“Los precios los ve la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco). El MSPAS vela por el cumplimiento de la normativa de salud aplicada al producto. No somos fijadores ni sugerimos precios”, es la respuesta de Barrera al preguntar por un listado de precios de las pruebas COVID-19, en los laboratorios privados autorizados. Asegura que de existir regulación, no sería el Ministerio el encargado de fijarla.

Mientras, Carlos Vásquez, vocero de la Diaco indica a Agencia Ocote que tampoco tienen un listado de precios porque no les compete ese monitoreo. “Supongo que debe tenerlo el Ministerio de Salud”, dice. Agrega que la DIACO, encargada de proteger y defender los derechos del consumidor, intervendría solo al recibir una denuncia o queja acerca de estos precios, e indica que no las han recibido. “Estamos en una economía de libre mercado. No estamos facultados para perseguir las diferencias de precios”, señala.

Se cuestionó a Fernando Trabanino Palma, defensor del Consumidor y Usuario de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, acerca de las denuncias recibidas sobre el tema y la no regulación de precios como causa de un posible atentado a los derechos de los consumidores, pero al cierre de esta nota no había dado respuesta.

Según Calvaruso, en Europa hubo países como Alemania donde sí se definieron precios tope para las pruebas COVID-19, pero como el Gobierno las ofrece gratis la gente prefiere acudir al sistema de salud público. A diferencia de Guatemala, donde “la tendencia es que la gente confía más en los hospitales privados”, dice.

En una entrevista con Deutsche Welle, el fundador del laboratorio TIB Molbiol, que produce pruebas moleculares COVID-19 y ha sido proveedor de la Organización Mundial de la Salud, asegura que el costo de sus pruebas es de $6. Sin embargo, en México una prueba molecular está entre $100 y $300, en El Salvador una prueba PCR puede costar $160, en Honduras se puede conseguir entre $149 y $200, y en Costa Rica el promedio es de $117, país donde las de antígeno oscilan los $35. Precios que, como en Guatemala, tampoco están regulados.

Según el medio español NIUS, en Alemania se consiguen pruebas PCR de hasta $200, en Reino Unido podría llegar a costar $450, mientras que en Brasil se consigue por $65. Los precios varían por el tiempo de entrega de resultados y la sobredemanda de los primeros meses. En Venezuela las pruebas COVID-19 las hace únicamente el sistema público.

La Defensoría del Consumidor de la PDH no responde si han recibido quejas por la calidad de las pruebas o relacionadas al servicio en los laboratorios privados. Vásquez, de la Diaco asegura que no han recibido este tipo de denuncia.

EL GOBIERNO NO RESPONDE, EL MERCADO GANA

“El problema en el Estado es que los tiempos son más lentos que en los laboratorios privados”, afirma Lau. Mientras que la mayoría de los laboratorios contactados por Agencia Ocote ofrecían el resultado de la prueba molecular, que requiere más tiempo, en un máximo de ocho horas. Barrera explica que el Laboratorio Nacional entrega el resultado en 24 horas si es molecular y en 30 minutos si es de antígeno.

Sin embargo, Zulma Calderón, defensora de la Salud en PDH asegura que el tiempo de espera para el resultado en los hospitales que aún envían las pruebas PCR al Laboratorio Nacional, han llegado a retardar la entrega de resultados hasta por tres semanas. Asegura que el embudo continúa.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario del Congreso de la República solicitó, el 26 de junio, al Ministerio de Economía que establezca rangos y parámetros de precios para los medicamentos de tratamiento para la COVID-19, y así no perjudicar la capacidad económica de la población. Pero, no solicitaron la regulación en los precios de las pruebas COVID-19 para los laboratorios privados.

Según el diputado Samuel Pérez Álvarez, presidente de esta Comisión, no promovieron la regulación de los precios de las pruebas porque considera que el Gobierno tiene presupuesto suficiente para dotar de pruebas COVID-19 al sistema de salud pública, y así facilitar este servicio a la población.

Según Barrera, el servicio gratuito de pruebas COVID-19 está disponible en las diferentes áreas y centros de salud del país, la red de hospitales nacionales, el hospital temporal del Parque de la Industria (ubicado en Ciudad de Guatemala), dos laboratorios móviles que recorren el país (que según Barreda visitan los municipios que menos pruebas han realizado cada lunes, y hasta el 16 de octubre se contabilizaban 4,304 pruebas), los Centros de Atención Permanente (CAP) y Centros de Atención Integral Materno Infantil (Caimi). Las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) brindan este servicio gratuito únicamente a quienes están afiliados, aunque durante el estado de calamidad (marzo a septiembre de 2020) sí lo ofrecían a la población en general.

Un especial periodístico realizado por medios de comunicación independientes de Centroamérica que forman parte de la alianza Otras Miradas.