Con el asesinato de Miller Correa, son 300 los líderes indígenas asesinados desde la firma de la paz en Colombia
Desde el Cauca
Hoy, Beatriz Cano no está grabando con su cámara la siembra, tal y como el pueblo nasa llama un entierro, de Miller Correa, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) asesinado este 15 de marzo. Abelardo Liz no tiene la grabadora en marcha mientras la mujer y el hijo del líder fallecido dan unas palabras entre lágrimas y valentía. Albeiro Camayo y el joven Breiner Cucuñame no están ayudando a organizar con la guardia indígena a las multitudes de gente que han llegado al funeral. Tampoco están presentes Cristina Bautista, ni Edwin Dagua, ni Sandra Liliana Peña, ni Argenis Yatacué, con sus bastones de mando, junto a tantas autoridades tradicionales de los 128 resguardos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que despiden el cuerpo sin vida de su compañero. Todos ellos y ellas no están porque también han sido asesinados en los últimos años.
Con la muerte de Miller Correa, que en las últimas semanas había recibido amenazas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, los pueblos indígenas de Colombia ya han tenido que enterrar a más de 300 líderes y defensores del territorio desde la firma del acuerdo de paz celebrada el 24 de noviembre de 2016. Según INDEPAZ, de los 41 líderes sociales asesinados en lo que llevamos de 2022, diez son indígenas –seis de ellos del pueblo nasa-, lo que representaría un 33%. Una cifra desproporcionada si consideramos que sólo el 3% de la población colombiana es indígena. Y esta desproporción se debe al rol que las comunidades originarias tienen en la defensa del territorio de actividades extractivistas como el narcotráfico o la minería ilegal. Se debe a la desbordada presencia de actores armados que hay en sus territorios ancestrales, ricos en bienes comunes. Y al papel histórico de resistencia al Estado que han jugado en la colonia española y después en la república colombiana.
Enterrar amigos en el Cauca
Beatriz Cano era una activista colombiana ya convertida en comunicadora comunitaria nasa cuando fue asesinada por las disidencias de las FARC en junio de 2021. Viajaba en transporte público con su hija y Cesar Galarza, también comunicador comunitario del pueblo nasa, cuando quedaron atrapados entre el fuego cruzado de este grupo armado y la policía. Una mujer y un joven indígenas y dos policías fallecieron durante el atentado. Beatriz recibió 3 impactos de bala. Tres días después murió en el hospital. Su hija de 5 años perdió la visión de un ojo y sufrió varias heridas. Galarza tiene restos de bala en las piernas hasta el día de hoy. Después de unos meses de angustia posteriores al atentado, víctima de amenazas y acoso, el pasado mes de enero pudo salir del país con su familia y vive en Catalunya gracias a un programa de protección de defensoras de derechos humanos. En junio no pudo estar en el funeral de su amiga Bea porque estaba en el hospital. Hoy sigue a distancia el funeral de otro amigo y compañero de organización social.
“Cuando matan a una compañera es indignante, da mucha rabia. Pero nos quedamos a veces con muy poco y lo digo por experiencia: cuando mataron a Edwin, a Cristina, a los guardias indígenas, a Beatriz –donde estuve también yo a punto de partir-, ahorita a Miller, nos volvemos tendencia: el comunicado, la fotografía, todo el mundo comparte pero se queda en esto, en una denuncia, en una noticia. Y en 15 días pasa.” Cuenta con voz de impotencia Cesar Galarza. “Ahora hay muchas autoridades amenazadas y muchos jóvenes también, y ellos no aparecen en panfletos de las FARC o de las Águilas Negras, están amenazados a diario por la política de exterminio, el narcotráfico, el gobierno. Estamos amenazados todos, líderes o no líderes”, asegura el joven nasa. Otro joven comunicador amigo de Galarza, Abelardo Liz, fue asesinado por el ejército colombiano el 13 de agosto de 2020 mientras hacía cobertura de un desalojo de las comunidades que recuperan tierras de los terratenientes en el municipio de Corinto.
Guardia indígena y pseudoguerrillas
«Creo que uno de los procesos más claros, los que realmente transforman la palabra en acción, son los kiwe thegnas, la guardia indígena», opina el comunicador exiliado. Encargada de la protección y el cuidado del territorio y la comunidad, la guardia indígena es un cuerpo integrado por personas militantes que no reciben bonificación alguna por su labor, altamente arriesgada en un territorio como el Cauca. El 29 de octubre de 2019, cuatro guardias indígenas y una autoridad tradicional en la vereda de La Luz del resguardo de Tacueyó, en el norte del Cauca, fueron asesinadas también por las disidencias de las FARC.
Esa autoridad, entregada a la defensa del territorio y los derechos de las mujeres, era Cristina Bautista, una mujer nasa, joven, que, durante la siembra de otro guardia indígena asesinado unos meses antes, había repetido su mítica frase “si hablamos nos matan y si no hablamos también. Entonces, hablemos”. Se había dirigido a la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC que actúa y gestiona el narcotráfico en el norte del Cauca, para decirles que no eran bienvenidos en su territorio. Este mismo grupo reconoció poco después ser el autor material de la masacre de la Luz. Dos años después, Breiner David Cucuñame, de sólo 14 años, y Albeiro Camayo, ambos integrantes de la guardia indígena del resguardo de Las Delicias, también en el norte del departamento, han sido asesinados el pasado mes de enero. Esta vez por la Columna Móvil Jaime Martínez. «La guardia defiende el territorio desde el compromiso, pero no todos lo hacemos, nos hemos vuelto muy charlatanes pero, como digo en una de mis canciones, la indignación sin acción no sirve», asegura Galarza, quien también es músico y artista plástico.
Las que se autodenominan disidencias de las FARC, en el caso del Cauca, son grupos armados residuales que se desvincularon del acuerdo de paz después de su firma, y no antes, como el frente primero de esta guerrilla. Gestionan los cultivos de uso ilícito de coca y marihuana que las propias comunidades indígenas se ven obligadas a sembrar debido a los bajísimos precios de otras actividades agrícolas y tienen declarada la guerra a las organizaciones que luchan contra el narcotráfico. Galarza explica que, con tantos asesinatos, el movimiento indígena no siempre consigue apoyar a las familias de las víctimas: “falta apoyo y entonces llegan estos grupos con otras ideas, comprando conciencias, reclutando a nuestros jóvenes y el territorio está hecho un mierdero, es la verdad.”
Reclutamiento de jóvenes
De este modo, la falta de oportunidades lleva a muchos jóvenes a entrar a las filas de la pseudoguerrilla. Según el consejero del CRIC Eduin Mauricio Capaz, reconocido defensor de derechos humanos también amenazado por las Águilas Negras, durante los últimos dos años más de 270 niños y jóvenes indígenas han sido reclutados por grupos armados al margen de la ley. Jóvenes destinados a otros territorios que a menudo son devueltos a sus familias dentro de un ataúd.
Pero las autoridades que efectivamente pasan a la acción y activan mecanismos para expulsar a estos grupos de sus territorios, lo que el pueblo nasa llama hacer “Minga hacia adentro”, también han sido asesinadas. Es el caso de Edwin Dagua, autoridad tradicional del resguardo de Huellas Caloto, asesinado en diciembre de 2018, Sandra Liliana Peña, autoridad del resguardo de La Laguna-Siberia, en Caldono, asesinada en abril de 2021 o Argenis Yatacue, autoridad del resguardo de Corinto, asesinada en junio de 2021. «Lamentablemente no dejamos de luchar nunca porque vivimos en un territorio en conflicto, donde cada día vemos cosas feas, malas, y esta costumbre nos ha hecho muy insensibles», se lamenta Galarza.
Los autores intelectuales
El pueblo nasa es el segundo en número de población en Colombia y la gran mayoría habita en el departamento del Cauca, uno de los más golpeados por la guerra. Según Capaz, su pueblo “tiene un historial muy importante de organización que ha fortalecido la identidad, los principios culturales, la defensa del territorio y los derechos humanos, la promoción de la cultura y la lengua etc. y esto hace que los liderazgos tengan una relevancia importante, que se preocupen más allá de individualidades sino de las colectividades y que se conviertan en riesgos y amenazas para quien intenta, bajo una política de homogeneización, de sectarismo y de radicalismo, mantenerse en poderes locales y nacionales que de algún modo se han enquistado en una política de violencia para mantenerse en el poder.”
Así, lo que observan las organizaciones indígenas es que, aunque grupos armados llamados disidencias de las FARC, ELN o Águilas Negras son las que amenazan y disparan, las que apuntan son fuerzas estructurales del país. “Hay grandes poderes locales en torno a intereses territoriales, económicos, estratégicos políticos. En particular, quien mueve el nivel de autorías intelectuales de lo que nos está pasando como comunidades indígenas, son las economías lícitas, pero también ilícitas, que se han convertido en monopolio y que utilizan la violencia como una estrategia para consolidarse en los territorios, invalidando, desapareciendo y eliminando a los que se oponen a ellos.” La estigmatización, judicialización y eliminación física de estos liderazgos ha sido sistemática desde la firma del acuerdo de paz en el Cauca, después de algunos años de tensa calma en los que se estaba negociando este acuerdo en La Habana y por tanto existía un alto al fuego real.
Ya no puede decirse que el asesinato de Miller Correa, un líder reconocido a nivel nacional, sea la gota que colmó el vaso, porque el degoteo de sangre se ha convertido en una constante. Su asesinato se da después de que la semana pasada la guardia indígena recuperara a algunos jóvenes que habían sido reclutados forzadamente por las disidencias de las FARC y en medio de un clima electoral en el que el pasado domingo la coalición de izquierdas Pacto Histórico –a la que Correa hizo campaña- quedó como primera fuerza en el congreso y Gustavo Petro como la opción más popular de cara a las presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo. Según Milady Dicue, también consejera de ACIN, el mismo cargo que tenía Miller Correa, su asesinato se da en “circunstancias confusas, pero tenemos claro que detrás de todo hay una complicidad con el Estado porque desde hace mucho tiempo éste ha hecho caso omiso a la petición de acciones para proteger a las personas amenazadas”. «No nos cabe en la cabeza como, en un sector muy cercano a la capital del departamento, pueda haber tanta presencia de estos grupos y no haya una intervención», añade la joven autoridad del pueblo nasa.
Un día después de su asesinato “Águilas Negras” publicaba un comunicado reivindicando el asesinato de Correa y amenazando a otros líderes como el consejero Eduin Capaz. “Ahñi tienen a su líder izquierdoso Miller Correa entre las cuatro tablas”, decía el documento. “¿Por qué matan a Miller? Lo matan porque no ha callado. Miller siempre denunció y alzó su voz contra la presencia de grupos armados y del narcotráfico. Que su voz retumbe en todas partes, no nos dejaremos atemorizar por estos grupos, seguiremos defendiendo la vida y el territorio”, asegura Dicue. “Lo que estamos viendo son los últimos coletazos de lo que en Colombia queremos erradicar: una política de violencia y de miedo, de desestructuración e invalidación, para pasar a nuevos escenarios en los que todos podamos convivir con nuestra inmensa riqueza cultural de procesos organizativos en la ruralidad y en las ciudades”, augura el consejero del CRIC.
@bertacamprubi
