Foto: Eduardo Fernández Rubiño diputado por Mas Madrid, en el debate sobre la derogación de las leyes madrileñas LGTBI propuesta por Vox, el pasado 17 de diciembre. (David F. Sabadell)
El pasado 16 de diciembre, la Asamblea de Madrid debatió en pleno la propuesta de Vox para derogar la Ley Trans y la Ley LGTBI de la comunidad autónoma, es decir, las leyes 2/2016 y 3/2016, respectivamente. Ante el riesgo de perder ambas leyes, o de ser recortadas, ha habido movilización ciudadana para evitar que esto ocurriese.
Ramón Martínez, escritor, profesor en un instituto de Madrid y activista LGTBI, comenzó una recogida de firmas el pasado 7 de diciembre. En la solicitud alertaba de que, de ser derogadas, se perdería la protección legal que ofrecen ambos documentos. Recuerda que las leyes 2/2016 y 3/2016 prohíben las mal llamadas terapias de conversión, así como multan las agresiones LGTBIfóbicas y reconocen la autodeterminación de género de las personas trans, entre otros tantos mecanismos de defensa para el colectivo.
Ante este riesgo, la solicitud de Martínez exige al Partido Popular que no se abstuviera ante la derogación (o reforma, como así prefiere el grupo parlamentario) de estos derechos. Martínez expresa que no puede haber equidistancia entre “un discurso de odio más radical y la defensa de los Derechos Humanos”. Algo que también se escuchó en las calles el 15 de diciembre, cuando tuvo lugar una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid.
Manifestación a la que también asistió Carla Antonelli, activista trans y ex diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, quien advierte que se ha abierto una veda: poner a debate la derogación de los mecanismos de protección del colectivo LGTBI legitima pensar que se puede retroceder en ellos. Una consecuencia que lamenta que podría ocurrir es el aumento de las agresiones homófoba y tránsfobas, ya que “se sienten respaldados por las instituciones que les representan”.
Por su parte, Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, corrobora esto y menciona que aún queda mucho recorrido por delante. Dice que quedan dos años de legislatura y, si bien la propuesta de Vox no salió adelante, el debate está sobre la mesa. Algo que también señala la Fundación Triángulo, que lucha por la igualdad social del colectivo. Su coordinador estatal, José María Núñez, apunta que ante la amenaza, urge la tramitación de una Ley LGTBI estatal, efectiva e inclusiva que todavía no se ha puesto en marcha, a pesar de que se esperaba para antes de 2022.
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