Aunque las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por territorio mexicano tienen la necesidad de proteger su salud sexual y reproductiva, no reciben información, atención especializada ni servicios gratuitos. 

Ésta es una de las conclusiones del informe “Mujeres migrantes en Tapachula: barreras y facilitadores para el acceso a la salud sexual y reproductiva en 2020”, realizado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en conjunto con Ipas CAM A.C, Médicos del Mundo Francia México, A.C y Population Coincil Inc. 

Para este informe, las organizaciones entrevistaron a un grupo de 16 mujeres migrantes en tránsito por México, quienes al momento de la investigación estaban en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el documento, las mujeres migrantes enfrentan necesidades de salud asociadas a su sexo, su género, su sexualidad y su reproducción, incluidas aquellas derivadas de haber sufrido violencia de género, tanto en sus países de origen, como durante el tránsito o establecimiento en México. 

Este contexto, se explica en el informe, las migrantes tiene necesidades de salud específicas relacionadas con atención a violencia y violencia sexual, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y salud materna, entre otras. 

Atención a salud menstrual

Al hacer el estudio, las organizaciones encontraron que casi la mitad de las mujeres migrantes entrevistadas (7 de 16) reportaron la necesidad de atención a su salud menstrual. 

Los síntomas asociados a la salud menstrual incluyen cambios en el ritmo y frecuencia del ciclo menstrual, dolores fuertes y sangrados anormales, entre otros. 

Estos malestares se presentan a lo largo del trayecto migratorio; sin embargo, 6 de las 7 mujeres que reportaron necesidades de salud menstrual buscaron atención médica al respecto, mientras que 2 de las 4 mujeres con síntomas asociados a la menopausia lo hicieron.

Sin embargo, quienes han refirieron estas situaciones no tuvieron acceso a estudios de laboratorio o gabinete que pudieran facilitar un diagnóstico, ni a tratamientos que solucionaran su problema en el sistema de salud público, de acuerdo con el informe.

Falta de anticonceptivos

La investigación también reveló que el acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar es una necesidad mencionada por un tercio de las mujeres entrevistadas (5 de 16), todas ellas menores de 26 años. 

Algunas de las entrevistadas informaron no haber podido dar continuidad al uso de anticonceptivos, a pesar de haber iniciado su utilización en su país de origen, algunas interrumpieron el uso de anticonceptivos inyectables mensuales o no pudieron ir a una revisión tras la colocación de un Dispositivo Intrauterino (DIU). 

Otras mujeres entrevistadas dijeron que en Chiapas buscaron la colocación de DIU, pero ninguna pudo acceder si antes no tuvo un parto o aborto.

A ellas tampoco les ofrecieron consejería o acceso a otros métodos anticonceptivos. De hecho, una entrevistada de origen haitiano expresó que no le preguntaron si quería colocarse un DIU tras la atención de su parto, pese a ser su voluntad y pese haber observado que a otras mujeres sí se lo ofrecieron. 

La continuidad de la atención, mediante consultas o revisiones periódicas, es otra necesidad para aquellas que tienen acceso a métodos anticonceptivos.

En el caso de las mujeres menores de edad, 2 de 3 mujeres entrevistadas con este perfil, reportaron haber buscado acceso a métodos anticonceptivos en sus centros de salud. A la primera le negaron la atención, sin informarle o darle acceso a ningún método, incluidos preservativos.

La segunda fue en a su centro de salud, una de las 7 unidades que en Tapachula cuenta con Servicios Amigables para Adolescentes. Sin embargo, no le brindaron la información ni el anticonceptivo, pero accedió a anticonceptivos inyectables mensuales cuando personal médico del Centro de Salud se desplazó para inyectar a mujeres en su colonia de residencia.

Aún así, posterior a la búsqueda del método anticonceptivo, ambas mujeres migrantes tuvieron un embarazo no deseado. 

La investigación encontró que hubo una consejería deficiente en planificación, lo es una barrera para dar continuidad al uso de un método anticonceptivo.

Atención del embarazo

La interrupción del embarazo es identificada como necesidad, especialmente por parte de organizaciones de la sociedad civil, ya que es una práctica de la que se tiene conocimiento, a pesar de que se reconoce como tema tabú entre las mujeres migrantes.

Se contó también con información de 3 menores de edad embarazadas durante el trayecto migratorio. Al preguntar a las tutoras de las menores, una de ellas expresó que no tuvo dudas sobre el embarazo, no quería que fuera interrumpido; la segunda reconoció que de haberse enterado antes le hubiera sugerido a su hija tener un aborto. En el tercer caso, la menor manifestó no querer interrumpir, y al mismo tiempo, no tener los recursos para comprar un medicamento para hacerlo.

En relación con la salud materna, los cuidados prenatales, la prevención de cáncer mamario y cervicouterino, o el diagnóstico frente a síntomas de infección genital o de vías urinarias, las mujeres tuvieron dificultad para acceder a estudios gratuitos de laboratorio y gabinete que les permiteran tener un diagnóstico y/o seguimiento.

Todas las mujeres entrevistadas que han estado embarazadas se realizaron por lo menos un ultrasonido, pero esto ha ocurrido en clínicas particulares, por lo que tienen que buscar recursos para pagarlos, de acuerdo con el informe.

Gasto para atender salud

La mayoría de las mujeres migrantes entrevistadas dijo que no tuvo información sobre prevención del cáncer de mama o cervicouterino, ni están accediendo a servicios gratuitos de detección precoz, pese a que en Tapachula hay siete equipos de mamografía.

El gasto de bolsillo que generan estos estudios, no les permite tampoco acceder a ellos en el sector privado. Una de las mujeres entrevistadas tiene cáncer cervicouterino y otra tiene detectada una lesión por VPH. La primera está bajo tratamiento y la segunda no ha accedido a tratamiento (la detección la hizo en su trayecto migratorio, en Panamá) debido al costo de los estudios.

Las mujeres entrevistadas no expresaron haber vivido violencia sexual durante el proceso migratorio. Sin embargo, una mencionó otras violencias por parte de su pareja, motivo por el cual busca refugio. Varias entrevistadas reconocieron haber vivido violencia en el hogar antes de iniciar su viaje y para algunas fue un factor que motivó la salida de su país de origen.

La Secretaría de Gobernación encontró que de enero a agosto de 2021, 36.9 por ciento de los 148 mil 903 eventos de presentación ante autoridades migratorias en México fueron eventos de mujeres y personas menores de edad.

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