Foto: César Martínez López

Mujeres mayas, otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, son las que resisten los ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia del COVID-19. El gobierno ha cancelado los recursos públicos que les permitían operar las llamadas Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), donde ofrecen atención especializada desde hace 17 años a las indígenas que enfrentan violencia o buscan atender su salud sexual y reproductiva.

Desde la frontera norte, al sur del país, las reporteras de la Red Nacional de Periodistas (RNP) recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tijuana. Todas reportan que sin ningún apoyo gubernamental, intentan atender en medio de la emergencia sanitaria la creciente demanda de atención a la salud y casos de violencia de género. 

Las 35 Cami que existen a lo largo del territorio mexicano son espacios dirigidos autónomamente por indígenas y afromexicanas, desde sus propias culturas y lenguas originarias ofrecen servicios cercanos de prevención y atención de la violencia de género, además de contribuir a disminuir otras problemáticas como la mortalidad materna o el embarazo adolescente.

Los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, las medidas de austeridad con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar la crisis de la pandemia quitó los apoyos a estas Casas que atienden a una población históricamente invisibilizada: las mujeres y niñas indígenas. 

Reunidas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, el 30 de abril en una misiva apelaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a intervenir para no perder los recursos públicos. Expresaban que ante la pandemia entendían la situación crítica y las medidas que debía tomar el gobierno Federal, pero ellas eran “la única opción de apoyo para las mujeres de nuestros pueblos”.

Para el 22 de mayo el titular del INPI,  Adelfo Regino Montes, confirmó su temor: quedaban cancelados los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del cual, se encontraban las Cami. El presidente López Obrador había priorizado en su decreto de austeridad recursos para otros proyectos como la construcción del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. 

Guerrero, la primera pérdida 

La construcción de la primera Cami se remonta a 2003 en el municipio de Ometepec en Guerrero. Las mujeres de esta entidad son las que han instaurado el mayor número de casas distribuidas en los municipios de San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec, Acatepec, Ayutla de los Libres y Metlatónoc. Está cerrada desde abril por la falta de recursos. 

La presidenta de la Cami en San Luis Acatlán, Apolonia Plácido Valerio, opinó que la cancelación de fondos es violencia institucional, discriminación a las mujeres y un reflejo de que las autoridades no le dan importancia a la erradicación de la violencia contra las indígenas, mestizas y afromexicanas. En lo mismo concordó Francisca de la Cruz Victoria, presidenta de la Cami de Ometepec, “Es el primer año que nos hacen esto, este gobierno nos está cerrando las puertas, no cree en el trabajo que las mujeres estamos realizando. Es preocupante”, denunció.

En entrevistas separadas, la dirigente de la casa pionera, Francisca de la Cruz, lamentó que si no reciben el dinero no tendrán para la compra de alimentos, traslados para las víctimas y el mantenimiento de la casa, pues el servicio que otorgan, al igual que el resto, es gratuito. 

En Ometepec, la Cami logra abarcar territorios donde no llegan los servicios de salud para las mujeres indígenas que viven en las montañas, si este espacio desaparece no hay institución que sustituya su quehacer.

Los fondos asignados a las Cami también servían para realizar talleres en escuelas y comunidades sobre salud sexual y reproductiva entre otros temas referentes a los Derechos Humanos de las mujeres. De acuerdo a la fase en la que se encontraba la Cami, que va desde la inicial, fortalecimiento y consolidación, recibían del INPI desde 500 mil hasta un millón de pesos al año.

La lideresa de la Cami de Chilapa, Brígida Chautla Ramos, refirió que el recurso era ya poco para cubrir las necesidades. En los meses de junio a diciembre se ejercía el apoyo económico total, de enero a febrero se ingresaban las propuestas al INPI y en el mes de abril recibían respuesta. Para complementar sus recursos gestionan apoyos a través de becas en el Instituto de la Mujer local o en organizaciones civiles como Fondo Semillas pues, pese a que el ayuntamiento conoce el servicio que otorgan, no obtienen respaldo.

En Chilapa comenzaron a operar en mayo de 2011, ahí laboran 15 parteras tradicionales y promotoras indígenas que otorgan el acompañamiento, traducción y la canalización a tlapanecas y mixtecas que provienen de al menos ocho municipios cercanos. 

En lo que va del año han atendido a 200 mujeres que estiman incrementen a más de mil a finales del mismo. “No podemos cerrar, pero también tenemos que tomar medidas, porque no tenemos las condiciones para seguir atendiendo a las mujeres; una, por el recurso y la otra, por la contingencia que estamos viviendo, no tenemos las condiciones, entonces solamente estamos canalizando”, señaló Brígida Chautla. 

La integrante de la Cami en Metlatónoc, Erika Jazmín Garrido Lara, informó que antes de cerrar la Casa las cinco trabajadoras colocaron cartulinas en el acceso principal con sus datos y números telefónicos para que las indígenas que acudan en busca de ayuda puedan comunicarse y les brinden atención o acompañamiento a alguna instancia. Hoy, están en la búsqueda de fondos. 

De Tijuana a Oaxaca, “no vamos a parar”

De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, las Cami entrarían dentro de los servicios esenciales que deben operar en la pandemia del COVID-19, y es que todas las entrevistadas refirieron un incremento de atenciones derivado de la reconversión de hospitales enfocados a atender pacientes con coronavirus, así como el aumento de la violencia porque las mujeres están confinadas con sus agresores en los hogares. 

No sólo es la demanda la que lleva a estas defensoras a seguir otorgando servicios, también son sus convicciones por asegurar los derechos de las indígenas y afrodescendientes. En Tijuana, Baja California, Silvia Ramírez Cuevas, recordó en entrevista cuando en 2013 se reunía con otras mujeres en un parque e intercambiaban sus experiencias de violencia laboral, la mayoría trabajaba en hogares, coincidían que como mujeres indígenas debían conocer sus derechos. 

Ese año decidieron probar suerte y lograron obtener el recurso por parte del INPI, al año siguiente, concretaron su anhelo con la compra del recinto que hoy es la Casa de la Mujer Indígena “Donaji”, pero como ocurre en el resto de los centros, han tenido que limitar las atenciones no sólo por el riesgo a contagiarse del COVID-19, no tienen capital para sostenerse. En marzo atendieron a 20 mujeres en la Cami, para abril se elevó a 70. Ellas ni siquiera fueron informadas oficialmente por el INPI que cancelaron los fondos. 

La situación es similar en el extremo sur del país, en la región de la costa de Oaxaca, en el municipio de Santa María Cortijo. Josefa Calderón, integrante del colectivo Mujeres de la Llanada Unidas por la Equidad de Género y la No Violencia, que operan la “Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas”, reportó que dos de las usuarias enfrentan riesgo de feminicidio, no obstante, han tenido que frenar la atención psicológica y el acompañamiento jurídico a las víctimas. 

“En la zona afro hay mucha violencia y si se está dejando de atender parte de la población, no estamos cumpliendo con el objetivo para lo cual fue construida la casa”, expusó Calderón. Esta casa atiende siete municipios de la zona conocida como La Llanada, así como de Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec y Tututepec, los tres con Alerta de Violencia de Género (AVG) por la prevalencia de violencia feminicida. 

Había presupuestado ejercer en este año 699 mil 900 pesos para solventar becas, actividades sustantivas, mantenimiento del inmueble, pago de servicios, gastos de operación, papelería y consumibles de cómputo, así como gastos médicos. Sin ningún peso, las 16 defensoras de la organización tuvieron que cerrar el lugar y brindar atención en la medida de sus posibilidades y con sus propios recursos. Tan sólo el año pasado, el primero de su existencia, atendieron a mil 500 mujeres.

En el caso de la zona centro del país, la Cami del municipio de Huejutla en Hidalgo, sólo abre dos veces por semana desde que comenzó la contingencia sanitaria, el resto de la atención es vía telefónica. En entrevista, Elvia Hernández Domínguez, administradora de la Casa, recordó que también los empleos de las integrantes de las 35 Cami están en riesgo, en su particular, ellas son ocho mujeres de periferia de Huejutla, una psicóloga y una abogada. 

Antes de dicha situación, daban atención a mujeres en situación de violencia, mujeres embarazadas, brindaban talleres, acompañamientos, entre otras actividades. 

Buscan apoyo fuera del país

Desde 2019 hay ciertas Cami como la Casa de Tolimán, Querétaro “Mak Uhjani” que no reciben recursos. Su coordinadora María Angelina Guerrero Martínez, contó que han buscado desde entonces formas de sobrevivir; imparten talleres de Derechos Humanos de las mujeres o contra la violencia de género, así como alguna ayuda recibida de la Universidad Autónoma de Querétaro o del Instituto Queretano de las Mujeres, pero nada formal, ni periódico.

Una de las alternativas más recurrentes de financiamiento ha sido la tiendita artesanal con el nombre “Sabores y Saberes”, en donde venden artesanías locales de todas las mujeres que apoyan este proyecto así como productos que ellas mismas hacen: jabón artesanal, lociones naturales, dulces artesanales, frutos de la región, blusas bordadas, trajes típicos, aretes, muñecas, manteles, pulseras, entre otras. También realizan masajes tradicionales, todo esto con el propósito de que la CAMI continúe.

Cuando se informó del golpe presupuestario que enfrentarían las Casas, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se encontraban buscando financiamiento de la Unión Europea para mantenerlas funcionales, pero mientras cualquier pacto se concreta, las propias líderes de estos centros han emprendido otras alternativas para mantener los espacios abiertos, señaló la de directora de la CAMI en Cuetzalan, Puebla, Angélica Rodríguez. 

Rodríguez dijo que las CAMI buscarán que el INPI respete la asignación presupuestal que ya se había hecho para este programa, para ello también escribirán una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar su intervención.

Otras instancias, como la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se han pronunciado al respecto. Las legisladoras indicaron que son conscientes de la reestructuración del gasto público que implica la crisis sanitaria pero se tenían que considerar las desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente complejas cuando se habla de las mujeres indígenas y afromexicanas, ellas están en una situación de vulnerabilidad múltiple. 

Además, recordaron, los programas presupuestarios dirigidos a la atención de la igualdad de género son irreductibles. El presupuesto para las Cami forma parte del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas, con la denominación “Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas”, al cual se le asignó un monto total de 85 millones 528 mil 546 pesos. 

Hasta el cierre de esta edición algunas lideresas de las Cami reportaron que autoridades del INPI se comunicaron con ellas por la probabilidad de que se les otorgue algo de recursos, pero nada concreto aún, por lo que trabajan en cartas para exhortar a las autoridades a apoyarlas.

La cancelación de recursos a las Casas se suma a las aseveraciones del presidente López Obrador respecto a que la violencia contra las mujeres no ha incrementado en la pandemia, así como recortes a otras instituciones claves como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) donde se determinó la reducción del 75 por ciento de su gasto.

*Integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Querétaro y CDMX

Publicado originalmente en CIMAC Noticias