Foto: Mujeres de la cárcel de Cobán con su diploma como comadronas. (Colectivo Artesana)
El racismo y el patriarcado plantean profundos desafíos al sistema de cárceles guatemaltecas. El sistema penal es un reflejo de la discriminación que viven las mujeres originarias por ser mujeres, indígenas y pobres. Ante las adversidades, el Colectivo Artesana impulsa políticas públicas que protejan los derechos humanos de las mujeres indígenas presas. Acusaciones falsas, pruebas sembradas, estafa en el uso de cuentas bancarias y ausencia de traducción durante el proceso legal entre las irregularidades que se repiten.
En Guatemala, los pueblos indígenas representan el 43,75% de la población, es decir, 6,5 millones de 14,9 millones de habitantes. Esto convierte a Guatemala en uno de los países con mayor población indígena de Latinoamérica junto a México, Perú y Bolivia. Como si la discriminación estructural y el 85% por ciento de analfabetismo en idioma castellano fueran poco, las mujeres indígenas de Guatemala deben enfrentarse también a una justicia penal regida por normas occidentales y dirigida por hombres. El sistema penal guatemalteco refleja la discriminación denunciada por el “Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas” firmado en México en 1995: “Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica”.
Exacerbado por las carencias de un sistema penitenciario que posee un 300 por ciento de sobrepoblación carcelaria y cuyo personal desconoce las normas sobre la privación de libertad establecidas por las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes conocidas”, más conocidas como las Reglas de Bangkok, Guatemala atraviesa un momento sumamente crítico con relación a las mujeres en conflicto con la ley penal. Por primera vez en la historia, la relación porcentual entre hombres y mujeres privadas de libertad es del 11%, cuando el promedio general de América Latina se encuentra entre el 2 y el 18 por ciento (CEJIL).
En Guatemala, este porcentaje de mujeres privadas de su libertad representa un incremento alarmante frente al promedio de entre el 7 y el 9%. Además, la edad promedio es de entre 18 y 36 años: esto significa que las jefas de hogar, las mujeres en su edad más productiva y las madres con un promedio de tres hijos están saliendo de la vida en sociedad. Y el Estado no se está ocupando de esta problemática. También se identificó un alza significativa en el delito de extorsión, lo cual podría significar una revictimización de las mujeres ya que se les exige utilizar cuentas bancarias para depósitos extorsivos y luego se las obliga a buscar los pagos.
Historias del Colectivo Artesana
En los últimos 30 años, Naciones Unidas ha estudiado los diversos mecanismos del poder de juzgar y castigar en el mundo: mientras las sociedades occidentales promueven normas de orden “codificado-escrito”, según la cual la pena por un acto debe estar previamente establecida como delito por una ley; las culturas originarias debieron abandonar sus principios de orden “consuetudinario”, que valoran los hechos identificados como socialmente peligrosos por medio de principios y costumbres (y no por una norma preexistente). De este modo, el principio para juzgar determinada conducta descansa en la costumbre local de la propia comunidad indígena, que es la que más conoce las circunstancias de la irregularidad social.
Frente a este contexto, el Colectivo Artesana es una organización guatemalteca que durante los últimos 15 años impulsa el desarrollo de políticas públicas para la prevención del delito de mujeres y a favor de los derechos de las mujeres privadas de su libertad, de las guardias penitenciarias y, de las niñas, niños y adolescentes con familiares privados de su libertad. El objetivo final es que cese la discriminación social y la invisibilización de los derechos de esta población, contribuyendo al trabajo de prevención de la violencia y el delito. En este sentido, el Colectivo ha desarrollado un conjunto de estrategias dirigidas a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad y, ante el incremento de mujeres indígenas que ingresan a la cárcel, ha diseñado acciones específicas de atención, lo que ha permitido identificar historias paradigmáticas.
A través de los procesos de formación y las acciones concretas para mejorar la vida intramuros de las mujeres privadas de su libertad en las cárceles de Guatemala, el Colectivo Artesana ha generado una confianza suficiente para acompañarlas y apoyarlas ante el conjunto de adversidades a las que se enfrentan, producto de la triple discriminación que sufren en el país: discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas.
Las hermanas que resisten la cárcel
E y L son dos hermanas hablantes de idioma Maya-Kekchí del municipio de Carchá que fueron condenadas a 25 años de prisión por el delito de homicidio. Según su relato, fue un caso de defensa propia: L le quitó la vida a un hombre que entró a su casa y atacó sexualmente a E. Inicialmente fueron trasladadas a la cárcel de Santa Teresa en la ciudad de Guatemala, donde L aprendió a hablar español gracias a las gestiones del Instituto de la Defensa Pública Penal. Posteriormente, fueron retornadas a la cárcel de Cobán donde han permanecido durante 11 años y están a pocos meses de salir libres después de 12 años.
L trabaja en la cárcel vendiendo tortillas y comida para las otras internas y el personal penitenciario. En consecuencia, Colectivo Artesana diseñó e instaló cocinas de leña en el centro para que L y sus compañeras puedan cocinar con pertinencia cultural. También tienen un área en donde siembran sus hortalizas. En cambio, durante la mayoría de estos 11 años E estuvo muy enferma debido a la diabetes que padece, tiene un alto grado de desnutrición y perdió la vista progresivamente. Como no aprendió a hablar español, depende por completo de su hermana. Ambas se graduaron del curso de comadronas (como se denomina a las parteras comunitarias) y de hortalizas que el Colectivo Artesana impulsó con traducción al idioma kekchí.
Presa por un llamado telefónico
FES es una mujer de 25 años del pueblo Garífuna, originaria de Puerto Barrios, a 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Un día recibió una llamada de un amigo pidiéndole su número de cuenta bancaria para que le depositaran el dinero de una venta. Por la confianza que se tenían, ella accedió. Días más tarde, cuando FES se dirigía a sus clases del Bachillerato con dos meses de embarazo, recibió un nuevo llamado de su amigo pidiéndole que fuera a sacar el dinero depositado. En el banco le informaron que solo había 75 quetzales, equivalente a US$ 9,75, y al salir del banco fue capturada: la acusaron del delito de extorsión y la sentenciaron a 6 años de prisión inconmutables.
FES padece de diabetes mellitus desde los 15 años. Durante el tiempo en que cumplió su condena tuvo serias crisis de salud e incluso estuvo internada por un mes y 15 días por una úlcera en el talón del pie derecho. A pesar de los esfuerzos médicos le amputaron el talón. Más allá de las adversidades, terminó sus estudios y se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras. Nunca volvió a saber del amigo que la llamó por teléfono y lo único que desea es reiniciar su vida y trabajar para su hijo: que nació mientras estaba privada de su libertad.
Una mujer distanciada de su comunidad
VEQC es una mujer Maya-Pocomochí, tiene 44 años, es líder de su comunidad y representante de una organización de ayuda social. En su caso, fue denunciada por mal manejo de las donaciones recibidas y fue declarada culpable por el delito de estafa. Trasladada al Centro de Orientación Femenino (COF) en la ciudad de Guatemala, la distancia le impidió que siguiera teniendo el apoyo de su comunidad y su familia por el costo del viaje.
Para generar ingresos dentro del COF se dedicó a coser ropa y, dar cursos de corte y confección a otras mujeres. También aprendió a realizar manualidades en material sintético (foamy) y en malla. Años más tarde fue trasladada a la cárcel de Cobán, donde se graduó como comadrona en la cárcel de Cobán. VEQC falleció dentro del centro de detención a causa de complicaciones por la diabetes.
De la mala praxis a una acusación de infanticidio
María FJ es una mujer Maya-Kanjobal, de 31 años, originaria del municipio de Santa Elena Barrillas. Encarcelada en el Centro Penal de Cobán, se encuentra a 500 kilómetros de su comunidad. Como el rostro de Doña María guardaba una tristeza profunda, el Colectivo Artesana le preguntó si se la podía ayudar en algo. Al no comprender bien el español, otra mujer privada de su libertad la ayudó a expresarse. Cuando tenía siete meses de embarazo de gemelos inició el trabajo de parto, por lo que se trasladó de San Juan Ixpatán al centro de salud en Ixcán. Allí le dijeron que aún no era tiempo de que nacieran los bebés.
Al regresar a su aldea fue atendida por un médico privado que le indicó que tenía que esperar dos meses más. Ya en su casa entró en labor de parto y dio a luz a sus gemelos. Como no se encontraba en las condiciones adecuadas, los bebés murieron de forma inmediata. Doña María fue señalada por el delito de infanticidio y la culparon de haber asesinado a sus hijos. Fue condenada a 3 años y 7 meses de prisión y tras las gestiones del Colectivo Artesana, la Defensa Pública Penal obtuvo su libertad por un procedimiento abreviado.
Racismo y patriarcado en las prisiones de Guatemala
Las mujeres mestizas, indígenas o extranjeras sufren las discriminaciones propias de las relaciones de poder del racismo y el patriarcado. Además de las injusticias de sus procesos penales y el encierro, deben soportar el desconocimiento que las autoridades y el personal penitenciario tienen de los tratos especializados que deben recibir las mujeres indígenas privadas de su libertad.
A esto se debe agregar la discriminación por su origen étnico y la exclusión del sistema educativo que han sufrido desde niñas. Asimismo, el monolingüismo en idioma castellano incrementa la violación a sus Derechos Humanos, desde detenciones y procesos penales que no comprenden hasta el ingreso al centro de detención. Finalmente ven afectada su identidad, lo que incide directamente en su reinserción social una vez cumplida la pena.
Los casos recopilados como experiencias institucionales del Colectivo Artesana, representan un pequeño esbozo de la realidad que viven las mujeres indígenas en las cárceles de Guatemala. Sus biografías y testimonios representan el motor para atacar el silencio e invisibilización intra y extramuros, las reconocemos como mujeres que luchan contra las múltiples desigualdades, discriminaciones y estigmatización que se potencian en la condición de privación de libertad más allá de los problemas estructurales e históricos.
Valgan estos textos para llamar la atención de los movimiento de mujeres y feministas, y de las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas latinoamericanos a incluir dentro de sus demandas de justicia, a las mujeres privadas de su libertad que, en la mayoría de los casos, fue la violencia ejercida sobre ellas la que las llevó a vivir en estas condiciones.
Hoy queremos convertirnos en la voz que viabilice la concreción de mecanismos de apoyo adentro y fuera de las prisiones, tejiendo redes de solidaridad para lograr que la vida sea un poco más justa. Hemos dado pequeños pasos para defender los derechos de las mujeres en prisiones y quedan aún muchos desafíos. Sin embargo, nuestra tarea es continuar construyendo conciencia y trabajando junto a las instituciones del Estado para respetar los derechos de todos los seres humanos y terminar con la discriminación y la estigmatización.
*Andrea Barrios Paíz es Defensora de Derechos Humanos desde hace 30 años. En los últimos 15 años ha sido la Coordinadora del Colectivo Artesana, organización que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad y de niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad (NNAPEs).
Oscar Perdomo es Ph.D. en Administración Pública y Administración Estratégica, y asesor del Colectivo Artesana. También ha sido Vicepresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (2005-2007) y especialista del BID en materia de prisiones en Guatemala.
Publicado originalmente en Debates Indígenas
