Fotos: Tlachinollan

“El Centro Comunitario Gúma Kúma ‘La Casa de los Saberes’ es base de una lucha. Muchos años busqué justicia y estoy muy contenta de que tenga las puertas abiertas. nNo quiero que más mujeres les pase lo que viví en esos tiempos”, expresa Inés Fernández Ortega, indígena mépháá y una de las ocho embajadoras del centro que buscan apoyar, acompañar y defender a las mujeres que sufren diversas formas de violencia en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron violentadas en 2002 por parte del ejército mexicano. Desde entonces, han enfrentado una larga lucha para exigir justicia, y uno de sus logros fue la creación de un centro comunitario de organización para las mujeres indígenas.

El Centro Comunitario Gúma Kúma “La Casa de los Saberes” se encuentra en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Lo encabeza un grupo de mujeres mé pháá, que se autonombran embajadoras. Inés Fernández explica: “Trabajamos ocho embajadoras junto con un equipo de profesionistas. Nosotras vamos a las comunidades a platicar con las mujeres e informarles que este centro es para que no sufran violencia y que brinda apoyo a quien la sufre”.

Si una mujer viene con violencia, puntualiza Fernández Ortega, embajadora y responsable del Centro Comunitario, “están las abogadas para atenderla, y ellas se van a encargar de apoyar y resolver los problemas legales. Si una mujer viene con problemas emocionales, están las profesionistas psicólogas. Si una mujer vine lastimada, están las doctoras y enfermeras”.

Las embajadoras están las 24 horas del día al pendiente de cualquier alerta por violencia machista en la región, pues buscan “que las mujeres puedan llegar con confianza para exponer sus problemas”, puntualiza Fernández.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, relata que el pasado 15 de enero, en la comunidad del Paraíso, se desarrolló una asamblea convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Casa de Justicia El Paraíso, en la que las embajadoras estuvieron presentes.

En la asamblea comunitaria se abordó el caso de un feminicidio, explica Barrera Hernández: “El primero de enero, fue asesinada una joven de 19 años, después de ir a un baile. Al llegar a su casa, fue asesinada por su novio”. La Policía comunitaria detuvo al novio y, como es costumbre en estos casos, se convocó a una asamblea, “a la que acudieron más de doscientas mujeres que exigían justicia, que escucharon los testimonios de los padres, de los testigos y del acusado”.

En dicha reunión estuvieron presentes las embajadoras del centro comunitario, encabezadas por Inés Fernández, “quienes fueron a testificar y dar su palabra, a solidarizarse y decir que las mujeres van a cerrar filas en Ayutla y en la Costa Chica para que no haya más feminicidios”, explica el defensor de los derechos humanos en Guerrero.

Diecinueve años de lucha y la justicia apenas se asoma

Han pasado 19 años de una incesante lucha por justicia y para exigir castigo a los culpables y la reparación de los daños cometidos por los elementos del ejército mexicano, quienes ejercieron tortura sexual contra Inés  Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en la Costa Chica y Montaña de Guerrero.

El 16 de febrero del 2002, en la comunidad de Barranca Bejuco, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, fue víctima de “abuso sexual” por parte de un grupo militares. En marzo del mismo año, en la comunidad Barranca Tecoani, Inés Fernández Ortega fue víctima de lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictaminó como “tortura sexua”.

El día del ataque, Valentina “se encontraba en el arroyo para bañarse cerca de su domicilio, mientras un grupo del ejército mexicano se acercó, le enseñó fotos y le preguntó nombres. Ella no dominaba el español y se quedó callada. Los militares entonces dedujeron que era cómplice de los ‘encapuchados’, pues en ese tiempo se buscaba a quien era parte de la insurgencia armada en la región y también a las personas que sembraban amapola. Al verla sola se aprovecharon de su indefensión, la golpearon y la violaron”, cuenta, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Pocos días después de la agresión a Valentina, nuevamente miembros del ejército mexicano arribaron a la comunidad de Barranca Tecoani, del mismo municipio de Ayutla de los Libres, “bajo el pretexto de que habían visto carne de res colgada en el patio de la casa de Inés Fernández Ortega. Entraron sin pedir permiso, le gritaron, preguntaron por su esposo, pero no se encontraba. Inés Fernández se encontraba en la cocina, preparando agua para sus hijas. Los militares se adentraron al domicilio, fueron a la cocina y preguntaron nuevamente por el esposo, pero Inés no contestó porque tampoco hablaba español. Guardó silencio, y por ese mismo silencio la agredieron sexualmente”, expone Barrera.

Complicidad del ministerio público y del ejército mexicano

Desde el 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega lucharon para que el ministerio público tomara sus declaraciones y comenzara las investigaciones contra el ejército. Sin embargo, detalla Barrera, “el ministerio público les manifestó en diferentes momentos que contra el ejército no había poder en México que los investigara y castigara, y que mucho menos iba a realizar lo que en ese tiempo se llamó la averiguación previa”.

Ambas mujeres mépháá denunciaron la complicidad que existe entre las autoridades ministeriales y los elementos del ejército para cometer violaciones a los derechos humanos y lograron llegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, “mientras que el gobierno siguió negando los hechos”. El ejército, dice Barrera, “se ponía en medio y decía que todo lo dicho era una falsedad, que se estaba injuriando al instituto castrense”.

La Comisión Interamericana le dio seguimiento al caso y lo turnó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuyos jueces valoraron los hechos y testimonios y el 30 de agosto del 2010 dictaron dos sentencias, una para el caso de Valentina y otra para el de Inés.

Para Abel Barrera Hernández, algo importante a resaltar en el caso de Inés Fernández es que “junto con la sentencia que hubo, aparte de la exigencia de que se investigue a los responsables y se les castigue, que se realicen reformas legislativas para proteger los derechos de las mujeres, que se repare el daño y que se reconozca la responsabilidad del Estado, también se encuentra la reparación comunitaria”.

Los jueces valoraron que el agravio que se hizo a Inés Fernández “trastocó la convivencia comunitaria en Barranca Tecuani, y que por lo tanto ese agravio al cuerpo de Inés se hizo a todas las mujeres y que la reparación debía ser para todas ellas, así como se debía buscar una medida para que estos caso no se vuelvan a repetir”.

En ese sentido, indica Barrera Hernández, fue que “ordenaron al Estado mexicano a que se creara un Centro Comunitario para las niñas y mujeres indígenas de Ayutla de los Libres”.

Un centro de mujeres y niñas contra las violencias

El Centro Comunitario Gúma Kúma “La Casa de los Saberes” se debe al valor y la constancia de las mujeres y comunidades mépháá de Ayutla de los Libres que denunciaron al ejército y buscaron fincar responsabilidades y hacer avanzar en la justicia tan anhelada de los pueblos indígenas.

La finalidad del centro es atender a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia, pero también ofrecer un espacio para el reencuentro de las mujeres de la región, una casa de la niñez indígena.

El municipio de Ayutla de los Libres, dice Abel Barrera, “es una cabecera que maltrata a la niñez indígena porque las pone a trabajar explotándola en sus labores domésticas. Estas niñas indígenas, además de las labores de su casa, bajan a la cabecera para hacer trabajos domésticos”.

El defensor de los derechos humanos explica que Ayutla de los Libres y Tlapa de Comonfort son dos de los siete municipios donde existe la “alerta por violencia género”, lo cual resalta la imporancia de contar con espacios como el centro comunitario y fincar modelos de atención a las mujeres contra la violencia.

“Queremos compartir que en las luchas de Guerrero existen experiencias de mujeres valientes que merecen ser contadas. Son experiencias que a pesar de que son dolorosas están logrando que exista un modelo de atención por parte de las mismas mujeres, con las embajadoras al frente. Ellas luchan para desterrar la violencia machista y la violencia feminicida y para exigir no más tortura sexual, no más feminicidios, no más violencia castrense. El Centro Comunitario Gúma Kúma ‘La Casa de los Saberes’ marca otra historia en la Costa Chica y en la historia de las mujeres de Guerrero”, concluye el defensor.