El conflicto por el proyecto de la Mina Esperanza en Tetlama, Morelos, se encuentra en una situación compleja porque la empresa canadiense Alamos Gold Inc. pretende continuar con el plan de explotación que fue rechazado por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2013, coinciden la doctora Aleida Azamar Alonso y el maestro Juan Hipólito Esteban, investigadora y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), respectivamente.

La académica del Departamento de Producción Económica y el egresado de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco destacan la resistencia social y los logros de la población para detener las actividades del proyecto minero en el ensayo Organización colectiva en Morelos frente a la amenaza socio-ambiental del proyecto Mina Esperanza.

El texto, que forma parte del libro Minería en México: panorama social, ambiental y económico, editado por la Unidad Xochimilco de la UAM y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aborda el papel de los actores principales, las acciones y sus demandas e incorpora la relevancia de la zona arqueológica de Xochicalco por su valor cultural, económico y académico para el estado.

El territorio concesionado a la empresa se ubica en el municipio de Temixco, con planes para extraer oro y plata mediante el proceso de tajo a cielo abierto, aunque otras concesiones abarcan parte de los municipios de Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec, puntualizan los autores.

La futura mina llevaría por nombre “Cerro El Jumil”, cuya área es parte de las tierras comunales de San Agustín Tetlama, a dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco e incluye alrededor de 2.2 kilómetros del río Los Sabinos. La extracción tendría una vida útil de 15 años, utilizando tan sólo cinco años para la extracción y desarrollo del tajo, aunque podría extenderse dependiendo de los resultados.

La Semarnat negó el permiso de explotación porque el proyecto causaría impactos ambientales de efecto prolongado por las características del minado a cielo abierto.

La extracción provocaría deforestación, erosión y modificación topográfica y transformaría el territorio afectando los biomas locales y los ciclos naturales de migración de especies animales.

Además, ocasionaría alerta de contaminación de suelos y de recursos hídricos superficiales y subterráneos, debido a la filtración de químicos, residuos y otras sustancias al subsuelo, lo que dañaría la capacidad productiva en materia agrícola y la calidad del agua.

Todo ello sin considerar el riesgo que implica el uso de explosivos para abrir los boquetes en el suelo, pues los gases desprendidos durante y después de la explosión degradarían la calidad del aire y la salud de los habitantes, de la flora y la fauna en la región.

El organismo gubernamental arguye que con la explotación aumentarían los niveles de ruido y vibraciones que desestabilizarían el suelo dañando viviendas y reduciría la vegetación, en tanto que el proceso de lixiviación utiliza cianuro de sodio, el cual, mediante escurrimientos y derrames afectaría el acuífero de Cuernavaca.

Los autores indican que “durante estas décadas de exploración y transición del proyecto se comenzó a gestar la desconfianza y rechazo colectivo en la zona y en 2006 empezaron los brotes de oposición hacia la empresa cuando los pobladores de la comunidad de San Agustín Tetlama se enteraron que los trabajos que se estaban realizando serían utilizados para instalar una mina”.

Ante ello, una parte importante de la comunidad no estuvo de acuerdo con el proyecto, decidieron dejar sus empleos y retiraron el apoyo a la empresa, “al considerar que era más importante la vida que el oro.”

Si bien esa situación no escaló y el conflicto no salió de la comunidad, sí rompió el tejido social, dando inicio a una respuesta social para evitar la instalación de la mina.

Sin embargo, desde aquellos años algunos habitantes siguen apoyando el proyecto al suponer que mejorará sus condiciones económicas y en especie que la empresa sigue otorgando aun estando en pausa el plan.

Los investigadores relatan que ya conformada una mayor oposición se comenzaron a realizar acciones dirigidas a promover el rechazo de la Manifestación de Impacto Ambiental para la explotación de la mina que presentaría la empresa entre finales de 2012 y el primer semestre de 2013. En dichas acciones se demandaba la cancelación del proyecto y la suspensión definitiva de las concesiones.

Con ese propósito los pobladores realizaron caravanas, conferencias, campañas de información en espacios estudiantiles, festivales de cine, cierre de carreteras, consultas y denuncias en medios de comunicación, así como protestas fuera de la embajada canadiense, actividades que forzaron al gobernador de la entidad a integrarse, al igual que empresarios del estado, con lo que el movimiento escaló como una preocupación estatal y no sólo como una demanda aislada.

Las organizaciones y actores sociales y políticos encontraron puntos en común para oponerse a la mina, como el consumo desmesurado de agua para el proceso de lixiviación que contaminaría los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con la consecuente afectación a la población de los municipios colindantes.

El proyecto también representaba daños a la salud de los habitantes y de los ecosistemas por las columnas de polvo del explosivo utilizado y metales pesados, además que “la minera provoca el deterioro del tejido social y es una forma de colonialismo, al expoliar a la nación para el beneficio de empresas privadas mayoritariamente extranjeras en detrimento de la ciudadanía”.