En el estado de Morelos «la violencia contra los periodistas es institucional» clamaba una de las pancartas que portaba una treintena de periodistas -reporteros/as, fotógrafos/as, camarógrafos/as- que realizaron una protesta frente al palacio de gobierno estatal por el asesinato, este 15 mayo, de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en Culiacán, Sinaloa.

A las exigencias de ¡justicia!, a las exclamaciones de ¡basta de impunidad!, ¡no nos van a callar!¡no se mata la verdad matando a periodistas! se sumó la denuncia de periodistas de medios de la entidad que en voz de Pedro Tonatzin, corresponsal del diario Excélsior, aseveraron que en Morelos el mecanismo de protección a los periodistas no está operando, pese a lo que diga el gobierno, porque seis reporteros que formaban parte del mismo dejaron de participar en él desde enero de 2016 ante la actitud de las autoridades contra la prensa.

Tonatzin informó que seis periodistas morelenses fueron a finales de abril a solicitar protección al mecanismo de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), donde los colocaron en un «análisis de riesgos y al caso más urgente le dieron un botón de pánico y los otros casos se están analizando. Nosotros hemos tenido que hacer nuestros propios mecanismos de riesgo para evacuar a los compañeros de zonas de riesgo cuando son amenazados» comentó.

«No estamos participando en este mecanismo -afirmó- porque no hay las condiciones para que estemos presentes, seis periodistas han sido amenazados y a uno ya se le entregó el botón de seguridad, luego de que el gobernador fuera interpelado por uno de nuestros compañeros para decirle que hace dos años no se dirige la prensa y no responde una sola pregunta y de inmediato se dieron amenazas, de forma muy concreta se está documentando cómo a través de las redes sociales, el jefe de asesores del gobierno del Estado, Gustavo Martínez, es el encargado de hacer denostaciones, amenazar y hacer señalamientos en contra de varios compañeros»

Agregó que otro de los asuntos «es que se está solicitando la intervención de la policía cibernética para que investigue los ataques de que están siendo objetos los compañeros que están haciendo un esfuerzo independiente, varios portales han sido bajados cuando se difunde alguna información incómoda para el gobierno del estado y estamos pidiendo que se intervenga por parte de la policía Federal porque esos ataques solamente pueden ser registrados en estados antidemocráticos como Venezuela, como los países del Medio Oriente, no es posible que con … el dinero de los impuestos de los mexicanos estén pagando empresas que están haciendo esta labor precisamente para tirar los portales. Éstos ciberataques documentados se tiene que investigar quién es el responsable, de donde está saliendo el dinero para financiar a estas empresas que se están encargando de detener esta información que fluye hacia los ciudadanos en esta entidad».

Subrayó que se está pidiendo a las autoridades que intervengan para «que no se registren en Morelos zonas de excepción, zonas de silencio como es el caso de Puente de Ixtla y Amacuzac, donde no es posible realizar una labor periodística sin recibir amenazas y también de la zona oriente de Morelos donde tampoco fluye la información; hay una tarea sistemática una política sistemática de los encargados de la función estatal de seguridad pública, de Alberto Capella Ibarra (Comisionado Estatal de Seguridad Pública), para impedir la labor de los medios; entendemos que proteger las escenas del crimen es importante pero la forma en que se aplican los protocolos es para impedir que los medios registren la violencia que se da en la entidad prácticamente de manera cotidiana».

Posteriormente, en entrevista, afirmó que los periodistas morelenses «han sido tan claros como para solicitar a la Secretaría de Gobernación que nos investigue, que investigue nuestros ingresos, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, nuestra forma de vida, para que quede claro, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a paralizar por miedo pero sí queremos que cuando pasa algo lo primero que se dice de un periodista es ´andaba con una mujer, por eso lo mataron, por infiel´, ´Ah es que estaba coludido con la delincuencia organizada´, para eliminar todo ese tipo de situaciones hemos pedido quienes cubrimos noticias de riesgo, seamos investigados, que se sepa quiénes somos, y la forma en que se realiza el trabajo para que el día de mañana no haya ningún tipo de excusa para decir que lo que nos pasó o lo que nos pueda pasar tiene que ver con algo ilícito, algo ilegal o algo irregular que hayamos cometido en nuestro desempeño».

Agregó que el citado Capella, ha implantado protocolos que dificultan el trabajo de los periodistas. «Hay una política sistemática de inhibir la presencia de los periodistas en las zonas de riesgo, en las escenas del crimen, hay un protocolo que evidentemente nos limita a no ingresar y lo entendemos, pero no es lo mismo que se ponga un cordón de seguridad a 50 metros a que se ponga seguridad a 2 kilómetros, eso para nosotros implica que se está impidiendo la labor de los medios, es decir que se nos está impidiendo documentar qué es lo que pasa en las escenas del crimen».

Puntualizó: «lo decimos porque en un caso muy concreto, una balacera que se registró en la colonia Papayos (el pasado 13 de enero), en lo que se conoce como la colonia Montessori en Ahuatepec, logramos tomar una fotografía donde se documenta la detención de 10 sicarios que posteriormente al llegar a la PGR ya no son 10, son seis, y que después resulta que entre ellos iba un líder de uno de los cárteles de la sierra de Guerrero que son los mayores productores de amapola en el país y es dejado en libertad, ni siquiera llega a la PGR… entonces para nosotros es importante, ya que tomamos el riesgo de salir, que se nos permita documentar lo que ocurre en las escenas del crimen y no que se haga esta política sistemática de impedirnos documentar lo que ocurre en las calles».

Durante la protesta de las y los periodistas por el asesinato del colega Javier Valdez, se leyeron fragmentos de sus declaraciones, que reflejan la conciencia del peligro que corría por su labor profesional, hechas en entrevistas o durante la presentación de algunos de sus varios libros sobre la violencia y el accionar del narcotráfico en Sinaloa, y se recordó que las amenazas y asesinatos contra periodistas se agudizaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón y ha continuado  durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con lo que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 126 periodistas en el país, de los cuales 61 de 2011 a la fecha y de ellos seis en lo que va de este año.