Ciudad de México | Desinformémonos. La empresa Monsanto negó que todavía siembra soya transgénica con fines de comercialización en las comunidades mayas de Holpechén, Campeche, tal como aseguró la Misión de Observación Ciudad de México-Campeche y los propios habitantes. Sin embargo, especificó que sí vende las semillas a los productores.

De acuerdo con Monsanto, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia para prohibir la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche, “no ha comercializado” semillas en ningún municipio de la entidad y sigue “en estricto apego a las disposiciones jurídicas y regulatorias vigentes”.

Resaltó que las acusaciones son producto de la “desinformación promovida por los grupos ajenos al sector agrícola”, pues la empresa está “comprometida con el desarrollo de las soluciones agrícolas sustentables, que ayuden a los agricultores a producir más y mejores alimentos”.

Hace unos días, la Misión de Observación Ciudad de México-Campeche denunció que la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto aún continúa a pesar de la orden de la SCJN, lo que deja ver que la indolencia gubernamental frente a los mandatos de sus mismas instituciones.

El organismo aseguró que no se ha llevado a cabo la sentencia emitida por la SCJN que decretó la suspensión de los permisos de siembra y compra-venta de soya transgénica distribuida por la corporación Monsanto en la entidad, y que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuya tarea es vigilar el cumplimiento del mandato, no tiene control sobre el monitoreo de los cultivos de soya modificada genéticamente.

De acuerdo con la Misión, el Senasica constantemente cambia los datos de los cultivos y la información que proporciona es imprecisa e inaccesible gracias al uso de tecnicismos y sin traducción al maya, sin que haya sanción alguna para los infractores.

En 2015, la SCJN suspendió el permiso de siembra de soya transgénica, pero las comunidades afectadas junto con organizaciones observadoras y defensoras de la tierra han denunciado constantemente la permanencia de los cultivos y las irregularidades de las instituciones cuya labor es vigilar el cumplimiento del mandato.

Con información de Proceso