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Miriam: Nueve años víctima de violencia obstétrica e institucional

ASILEGAL

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Ciudad de México | Desinformémonos. Luego de que Miriam tuviera un parto fortuito y fuera “injustamente” acusada de “homicidio del producto” fue privada de su libertad por casi nueve años aunque no existían pruebas que acreditaran su culpabilidad, fue absuelta ayer al no existir pruebas que comprobaran su culpabilidad, así lo informó la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) quienes acompañaron el caso y señalaron que “El caso es un claro ejemplo de la violencia institucional y obstétrica que prevalece en el país y que deriva en graves violaciones a los derechos de las mujeres”.

“Miriam fue víctima de las instituciones de salud y de procuración de justicia al ser señalada por un delito que hasta el día de hoy no ha sido resuelto”, por lo que para ASILEGAL su liberación representa un paso que valoran como “muy importante en el ejercicio del derecho a la justicia de las mujeres” aunque también afirmaron que es una prueba más de que en “México se criminaliza a partir de estereotipos y no se juzga con perspectiva de género” es decir, con un análisis que tome en cuenta las condiciones sociales que colocan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad basándose en su sexo.

Sobre los hechos explicaron que la joven guerrerense sufrió un parto fortuito luego de caer accidentalmente en su propio domicilio. La caída provocó que perdiera el conocimiento y que al recuperarlo su hemorragia aumentara y sintiera que “algo” se desprendía dentro de su vientre. Ella no sabía que estaba embarazada.

Momentos después, sus familiares cubrieron el cuerpo del producto con una toalla y observaron que éste no presentaba más lesiones que un golpe en la cabeza y que al llegar el concubino de Miriam, éste la llevó al Hospital General de Acapulco para que recibiera atención médica.

En el hospital, narran que, un médico pidió a la familia que le llevaran el cuerpo del producto lo cuál resulta , en opinión de la organización “indebido” porque los familiares no están autorizados ni capacitados para esta labor. El médico observó el cuerpo envuelto en una toalla y notó que el producto tenía 5 heridas en el pecho y ombligo, por lo que el personal del hospital dio aviso a las autoridades.

“La autoridad hospitalaria, al recibir un oficio en el que se informaba que Miriam estaba siendo investigada por el delito de homicidio, la dio de alta inmediatamente para que fuera trasladada al Ministerio Público a declarar, sin que quedara constancia de que hubiera recibido toda la atención médica necesaria que el caso requería, esto provocó que el propio Agente del Ministerio Público ordenara el regreso de Miriam al hospital, debido a una hemorragia vaginal abundante” detallan.

Finalmente el 25 de noviembre de 2008 se inició el juicio en contra de Miriam por homicidio, y aseguran que desde su ingreso al Penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, sufrió insultos y amenazas del personal del penal y que incluso un agente de la policía estatal la insultó y amenazó con asesinarla argumentando que “asesinar a su propio hijo” era lo peor que podía existir y que merecía la muerte.

Con relación al proceso, detalla ASILEGAL que, desde el inicio Miriam no contó con una defensa adecuada que, de acuerdo con la Constitución mexicana, implicaba que estuviera asistida jurídicamente en todas las etapas del procedimiento por una o un defensor con carácter de profesional en derecho, explican para detallar las violaciones a los derchos humanos que durante todo el proceso enfrentó Miriam.

“Esto no sólo no sucedió, sino que el abogado que en el inicio asesoró a Miriam, le cobró 10 mil pesos y después de su primer acto de asesoría no volvió a conocer del caso”. Por otra parte, aseguran que sin asistencia jurídica, Miriam fue obligada a firmar su Auto de Formal Prisión.

Pese a que, dicen, lo único que el Juez consideró para fincarle responsabilidad fueron “los testimonios iniciales y contradictorios de su concubino, su cuñada y su suegra”, Miriam fue condenada en 2012 a 20 años de prisión. En noviembre de ese mismo año se ordenó la reposición del procedimiento y fue hasta el 16 de agosto de 2016, a poco más de un año de que ASILEGAL tomara el caso, que Miriam pudo conseguir su absolución.

Explican que la violencia obstétrica e institucional de la que Miriam fue objeto constituyen una constante en la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México, la misoginia de las instituciones de salud y operadores de justicia, acusan, fueron clave para el “injusto encarcelamiento” de Miriam, lo que aseguran, indica que se sigue juzgando a las mujeres con base a estereotipos de género, que en el caso concreto fue el de castigarla por incumplir con el mandato de “buena madre”.

Según cifras de ASILEGAL, en México, hay 12 mil 640 mujeres en prisión y el 51 por ciento de ellas en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia, que acredite su culpabilidad o inocencia, lo cual , asegura la organización, representa una grave violación a sus derechos humanos.

Sobre la violencia obstétrica, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirma en su página oficial que “En México, cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales están en alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente” y que esta violencia también se expresa “como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas”.

Según cifras de GIRE, a esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.

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