En los últimos siete años el gobierno mexicano ha tejido un entramado institucional para atender el problema de la desaparición de migrantes extranjeros en tránsito. Pero en los hechos, su implementación avanza lento y su operatividad ha sido limitada frente a las necesidades de las familias de migrantes desaparecidos, de acuerdo con familiares y organizaciones civiles.

“La última vez que habló conmigo me dijo:

-Aquí la cosa está bien fea, se oyen muchas cosas-”, recuerda Heidy Orozco sobre el último día que escuchó la voz de su hermano Hessmir Sharon Polanco Orozco. Era 2010 y él había salido de su natal Guatemala rumbo a Estados Unidos, el país al que había llegado siendo un adolescente de 14 años y del que había sido deportado tras casi una década de vivir ahí.

“-Mirá, si ya no te llamo es porque algo pasó, porque todos los inmigrantes estamos encerrados en diferentes casas y no nos dejan… o sea, no nos dejan salir-”, parafrasea Heidy sobre lo que le dijo Hessmir por teléfono desde algún lugar no identificado. Ella sólo sabía que su hermano estaba en un municipio llamado San Fernando, Tamaulipas, al norte de México, a unos 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

La última vez que los hermanos hablaron fue el 27 de julio de 2010. Casi un mes después, durante los días 22 y 23 de agosto, el cártel de Los Zetas asesinó a 72 personas en un ejido de ese municipio, luego de que se hubieran negado a trabajar con el grupo criminal. La mayoría eran migrantes centro y sudamericanos. San Fernando ganó notoriedad mundial por la masacre y la noticia llegó a oídos de Heidy.                       

“Entonces él no nos habló como unos diez días, entonces dije yo ‘’o sea, qué raro, ¿verdad?’. Y de ahí fue lo de las masacres, que fue en el mes de agosto”, continúa Heidy. La coincidencia la alarmó. Entonces empezó a buscar a Hessmir, aunque se enfrentaba a un obstáculo mayúsculo: su hermano había desaparecido a mil 1,800 kilómetros de Guatemala. “Ahí fue donde empezó todo mi caminar en este tema”.

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Heidy lleva 12 años buscando a su hermano Hessmir Sharon. Durante ese tiempo ha atestiguado cómo en México el tema de la desaparición de personas migrantes pasó de ser invisible a posicionarse en la agenda del gobierno, aunque eso no ha significado ni que se haya encontrado a todos los migrantes desaparecidos ni que haya dejado de haber casos de personas desaparecidas en su tránsito por el país.

Ficha de búsqueda de Hessmir Sharon Orozco Polanco. Crédito: Especial

México es un país de origen, tránsito y destino de personas que emigran. Pero también es un país que engulle a los migrantes. No hay cifras certeras de cuántos son, pues oficialmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta de apenas 7761 personas extranjeras migrantes desaparecidas, la mayoría reportadas a partir de 2010, el mismo año en que se perdió el rastro de Hessmir. Pero organizaciones no gubernamentales manejan cifras que van de los 3 mil, 716 casos a decenas de miles. Son desapariciones que suelen ocurrir en las sombras, en un país que enfrenta una crisis de desapariciones con más de 100 mil casos reconocidos en el Registro Nacional.               

La presión de las familias de personas desaparecidas sobre las autoridades mexicanas ha logrado que, al menos en el papel, exista un entramado institucional y legal con directrices sobre a quién le corresponde buscar a las y los desaparecidos, quién es responsable de investigar judicialmente las desapariciones como delitos y qué apoyos deben darse susa las familias de las y los desaparecidos (reconocidas como víctimas indirectas). Estos preceptos incluyen a las personas migrantes.

Lo que dio pie a este andamiaje institucional fue la promulgación en noviembre de 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Su implementación, en enero de 2018, implicó crear fiscalías especializadas en los estados, una Comisión Nacional de Búsqueda y sus representaciones locales, así como establecer un Protocolo Homologado de Búsqueda, con directrices para cada tipo de búsqueda o grupo de personas desaparecidas, entre ellos los migrantes.

Pero incluso antes de la creación de la Ley, en 2015 se había creado una Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, adscrita a la entonces ProcuraduríaFiscalía General de la República (PFGR), para investigar, entre otros delitos, la desaparición. A la par se conformó el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, que tenía el objetivo de facilitar la denuncia de la desaparición de una persona migrante, para que sus familias pudieran presentarla y dar seguimiento a la búsqueda desde sus países de origen.

Sin embargo, la implementación de estos mecanismos ha avanzado a pasos lentos y no ha sido efectiva ni siquiera para facilitar las denuncias a las familias de las y los desaparecidos, señalan familiares de migrantes desaparecidos y organizaciones que les apoyan y dan acompañamiento.

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“Yo llamaba y no contestaba, me dije ‘no, qué raro’, más por lo que nos había dicho, ¿verdad? Entonces fui a la policía”, relata Heidy por videollamada, desde el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala, donde reside.

En la estación de policía le dijeron que tenía que presentar la denuncia por desaparición en el Ministerio Público de Ciudad de Guatemala. Eso significó para Heidy un viaje de cinco horas a la capital. Ahí la remitieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde finalmente le tomaron la denuncia.

Heidy relata que llamaba a diario al Ministerio para saber si había alguna noticia. Le decían que estaban a la espera de novedades de México. Ella cree que la persona que la atendía se exasperó de su insistencia y, para quitársela de encima, le dio un dato que, sin saberlo, le abriría la posibilidad a una verdadera búsqueda.

“La persona que llevaba el caso de mi hermano, de tanto que lo fastidié, porque yo digo que sí lo fastidié, me dio el contacto de las primeras reuniones que estaba haciendo la Fundación para la Justicia”, dice.

Heidy se refiere a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una organización no gubernamental mexicana que da acompañamiento jurídico a personas migrantes y a sus familias en casos de violaciones graves a sus derechos, como la desaparición.

“Fue una luz en medio de toda la tormenta, de toda la noche negra. Fue una luz que al final del túnel estaba brillando”, dice Heidy sobre lo que significó para ella dar con esa organización. Con su acompañamiento, Heidy logró lo que sola muy posiblemente no habría conseguido, como descartar a través de pruebas de identificación forense que su hermano hubiera sido una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Por las gestiones de la FJEDD también ha logrado que se le hagan comparativos genéticos con los de cadáveres no identificados que están en los servicios forenses del país o que se busque a su hermano dentro de las prisiones mexicanas.

Aunque no ha logrado dar con el paradero de su hermano, ha conseguido más que si sólo hubiera esperado la respuesta de las autoridades de su país. Dice que del Ministerio Público de Guatemala la llamaron hasta dos años después de que acudió a denunciar la desaparición de Hessmir. Tras ese contacto nunca más la volvieron a buscar. Del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco tuvo una respuesta.

“Desde ese momento, ya no hay ninguna comunicación por medio de ellos. O sea, la única comunicación que hay con la PGR [actualmente la FGR], con el Ministerio Público de México, es por medio de la Fundación”, afirma.

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La FJEDD no es la única organización que apoya a familias de migrantes desaparecidos en tránsito por México. En Guatemala, El Salvador y Honduras las propias familias de migrantes desaparecidos se han organizado y orientan y acompañan a otras familias. También han impulsado caravanas de búsquedas para que madres de migrantes viajen a México a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos. Visitan albergues y prisiones, recorren zonas de prostíbulos y rutas que siguen quienes atraviesan el país sin documentos migratorios. Siguen pistas que ellas mismas investigan.

En México, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) tiene desde 2007 un programa de búsqueda de migrantes desaparecidos en el país. Buscan en albergues, hospitales y también en estaciones de detención migratoria, o prácticamente en cualquier lugar donde crean que las y los desaparecidos pueden estar.

En suma, familiares y organizaciones han hecho por muchos años el trabajo de las autoridades. Y en muchos casos han logrado dar con el paradero de migrantes a quienes se les había perdido el rastro, de acuerdo con sus representantes.

Con la creación de la Ley GeneralNacional desobre Desapariciones en México quedaron especificadas las responsabilidades para investigar la desaparición de personas extranjeras en tránsito. Según la Ley, a las fiscalías especializadas les corresponde investigar la desaparición de personas migrantes y deben mantener una comunicación continua y permanente con el ahora Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) y con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para informar sobre las acciones de investigación y persecución del delito de desaparición o desaparición forzada.

Mientras que las oficinas consulares de México en el extranjero deben recibir las solicitudes de búsqueda y reportarlas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Dicha Comisión, además, tiene la encomienda de coordinar acciones de búsqueda de personas migrantes desaparecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así cómo de proponer la expedición de visas humanitarias a familiares de personas extranjeras desaparecidas en México.

Migrantes marchan en la CDMX en su paso mientras se dirigen al norte del país. Crédito: Obturador MX

Desde sus experiencias, las organizaciones ven claroscuros en la efectividad de estos mandatos y de los mecanismos institucionales que se han creado para atender el tema.

“Definitivamente es un gran avance a comparación de no tener pues prácticamente nada, pero pues va avanzando como lento”, dice Adrián Estrada, coordinador del área de atención psicojurídica del SJM. La puesta en marcha de la Ley GeneralNacional sobre Desapariciones y de las comisiones de búsqueda ha cambiado el trabajo de búsqueda del SJM, explica Estrada. Ahora el SJM dirige las denuncias de desaparición que reciben de las familias a las comisiones de búsqueda y sólo acompaña algunos casos específicos.

Nelly Santos es fundadora y directora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Yoro (Cofamipro), que desde hace más de 20 años agrupa a familias de personas migrantes desaparecidas en su tránsito hacia Estados Unidos. Ella dice que sigue sin atenderse una demanda que las madres de migrantes desaparecidos han sostenido por años: que les faciliten ingresar a México para participar en las búsquedas de sus seres queridos.

“En muchos casos te puedo decir que las madres no van a buscarlos porque no tenemos una visa o un permiso mexicano para poder penetrar a territorio mexicano y poder buscar a los nuestros. Entonces eso se queda ahí estancado, no nos dan mayor respuesta”, dice.   

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El 9 de septiembre de 2015, en la capital mexicana Heidy habló a nombre de más de 70 comités de familias y organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, quienes presentaban a las autoridades mexicanas sus propuestas para la creación de una ley de desaparición, que para entonces aún no existía.                   

Al dar las conclusiones de las familias, Heidy subrayó que en la ley “debe quedar reconocido el legítimo derecho de las familias a ser parte de todo el proceso que posibilite encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas”.

La creación de una ley culminaría dos años más tarde. Heidy considera que no ha dejado de ser una hoja de ruta de buenas intenciones.

“O sea, en papel está bonito, pero no se ha llevado a cabo a cabalidad cada artículo de lo que dice”, espeta.

El problema no es sólo del cumplimiento de la Ley General sobre Desapariciones. También el Mecanismo de Apoyo Exterior ha resultado insuficiente e inadecuado para las necesidades y perfiles de las familias de migrantes extraviados.

Un problema con el Mecanismo es que operó durante casi 7 añosopera sin lineamientos, lo que volvíavuelve discrecional la atención de casos, explica Rosmery Yax, coordinadora de la oficina Guatemala de la FJEDD. Apenas el pasado 21 de julio, los lineamientos del MAEBI fueron aprobados.

Yax reconoce que ante la falta de criterios para la atención de casos, el respaldo de una organización puede hacer la diferencia entre que un caso sea atendido o no por las autoridades mexicanas.

“En la práctica, ¿qué pasa? Que básicamente las denuncias que hemos presentado han sido coordinadas previamente con los consulados o con las embajadas. Nos comunicamos a los consulados o a las embajadas para planificar esta jornada de presentación de denuncias y, bueno, pues ya vamos, ahí se presentan las denuncias”, explica.

Hasta agosto de 2022, la FEJDD había presentado 123 denuncias de desaparición de personas migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras a través del Mecanismo, de acuerdo con Yax. Actualmente, la fiscalía mexicana se reúne dos veces por año con las familias y los abogados de la FEJDD para presentar sus avances.

Otras personas que buscan a su familiar desaparecido en tránsito por México no han conseguido ni siquiera eso.       

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Ana Enamorado es hondureña y busca a su hijo Oscar Antonio López Enamorado desde que le perdió el rastro en Jalisco, México, el 19 de enero de 2010. Ella ahora vive en México, donde continúa su búsqueda. En el camino ha aprendido cómo navegar a través del sistema de justicia mexicano y ha acompañado a otras familias extranjeras -sobre todo hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas- que buscan a un ser querido desaparecido. Desde 2021, acompaña 18 casos a través de la Red Regional de Familias Migrantes.

La madre de Óscar López Enamorado, Ana Enamorado y familiares de personas desaparecidas protestan fuera de la FGR. Foto: Miguel Martínez/Obturador MX

Enamorado dice que las familias desconocen los mecanismos de búsqueda que existen en México y no suelen acercarse a las autoridades o consulados para denunciar. Y cuando lo hacen, no ha servido.   

Dice que a la Red han llegado dos casos de personas centroamericanas con un familiar que migró y le perdieron el rastro en el camino.

En Honduras, a una familia ni siquiera le tomaron los datos de la persona desaparecida, dice Enamorado. El otro caso ocurrió en Guatemala. La familiar fue a la embajada mexicana y sólo le tomaron sus datos. Cuando regresó a preguntar si había noticias, le dijeron que la llamarían cuando tuvieran alguna información.

“Obviamente, eso nunca va a pasar”, ataja Enamorado. Dice que confirmó la inacción de las autoridades cuando indagó si a la fiscalía había llegado el reporte y se había levantado una denuncia.

“Yo tomo la información, hago el reporte, pregunté si ya había reporte. No hay reporte, no hay denuncia en la Fiscalía de acá, de la Unidad de Migrantes, eso quiere decir que esta información que tiene la autoridad cuando las familias acuden, pues ellos se lo quedan”, dice.

Ni la FGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de las embajadas y consulados de México en el exterior, respondieron a solicitudes de entrevista para conocer sus posturas sobre estos señalamientos.

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Heidy dice que hace cinco años ella también se acercó a las autoridades mexicanas en Guatemala. Fue al consulado mexicano, donde le dijeron que delegarían a alguien, pero dice que no hubo seguimiento. A pesar del apoyo que ha recibido de la FEJDD, cree que si el consulado atendiera adecuadamente a las personas que buscan a un familiar migrante desaparecido sería más fácil, pues significaría uin canal directo entre autoridades de Guatemala y México.

“Fuera excelente que en el consulado hubiera un agente del Ministerio Público y un agente también de la PGR [actualmente FGR] que trabajara los casos de las personas desaparecidas guatemaltecas”, dice.

De hecho, algo así es como tendría que funcionar el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Aunque no estipula la presencia de agentes en los consulados, sí establece una comunicación directa con la Unidad Especializada de la fiscalía.

Pero incluso esa opción no es viable para todas las familias. La falta de confianza en las autoridades puede desalentarlas de acudir a presentar una denuncia, señala Enamorado. O el simple desconocimiento producto de la poca difusión sobre la existencia en México del trabajo de los consulados o las comisiones oficiales de búsqueda.

Santos, de Cofamipro, agrega otra situación que ha desalentado a las familias con un integrante migrante desaparecido a denunciar a través del MAEBIMecanismo de Apoyo Exterior: las autoridades mexicanas sólo les han notificado casos de personas encontradas muertas

“Entonces no sabemos en realidad, sólo cuando hay notificación de muertos”.

Santos lo explica así: si las familias asocian el papel de las autoridades mexicanas con que únicamente repatrian cadáveres, prefieren no acudir a ellas para evitar que les entreguen muertos a sus hijos, a quienes ellas buscan vivos.

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Heidy razona una idea más sobre por qué todo el andamiaje institucional que México ha creado para investigar las desapariciones de migrantes no ha sido efectivo: el compromiso de las autoridades es con sus compatriotas, no con personas de otros países.

“Si siendo mexicanos, ya sea el Ministerio Público, la PGR [actualmente FGR] y todas las entidades tienen el compromiso de buscar a sus ciudadanos mexicanos, ¿cómo van a tener el compromiso de buscar a una persona extranjera?”, cuestiona.

Entre las decenas de miles de personas desaparecidas en México, las y los migrantes siguen siendo los últimos de la lista.

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos