Ilustración: Roberto Janacua Benites.

El derecho a un medio ambiente sano, garantizado por el artículo cuarto constitucional, es un derecho que, por lo menos en el estado de Michoacán, no se cumple a cabalidad. De ello dan cuenta los procesos de despojo de tierras, agua, bosque, lagos, salud y bienes inmateriales que sufren las comunidades indígenas y rurales a lo largo y ancho del estado.

En México, las comunidades indígenas poseen la quinta parte del territorio nacional que comprende 1.958,201 kilómetros cuadrados, lo que significa que gran parte de los recursos naturales como bosques, selvas, minerales y recursos hídricos, se encuentran también bajo su territorio (Ventura, 2006).

Los intentos por despojar a las comunidades de su territorio y de los elementos naturales no son recientes. Diversas estrategias han sido esgrimidas por aquellos que codician los territorios y riquezas de las comunidades. Desde legislaciones de y para el despojo, como la llamada Ley Lerdo de desamortización de 1856 cuya finalidad era la obtención de tierras y la liberación de mano de obra; la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional de 1992 que finalmente favoreció la venta renta de terrenos comunales y ejidales; hasta procesos de terrorismo de Estado como el impulsado por el gobierno de Felipe Calderón 2006- 2012.

En la actualidad, los territorios de las comunidades indígenas y rurales continúan siendo codiciados para la instauración de diversos proyectos de inversión económica como cultivos de exportación (aguacate y berries), proyectos pecuarios, desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos, desarrollos industriales, proyectos mineros, rellenos sanitarios y represas entre otros. La ubicación geográfica de Michoacán y la conectividad que le brinda la infraestructura vial y portuaria lo convierten en un enclave industrial que abarata costos de producción lo que le convierte en un territorio bajo asedio.

Ante ello, las comunidades se han tenido que organizar para defender de facto el territorio que ancestralmente les pertenece a través de prácticas ancestrales heredadas como las asambleas comunales, las faenas y las rondas comunitarias. Es conocido que, en sus tácticas de despojo, quienes codician los territorios muchas veces tratan de seducir a actores sociales relevantes como jefes de tenencia, representantes de bienes comunales o líderes morales de la comunidad. Con ellos se utilizan las tácticas del despojo: o los seducen y los integran a sus filas, o les amenazan y asesinan.

En Michoacán, tristemente la lista de defensores ambientales y comunitarios se incrementa año tras año, ello, a pesar del discurso gubernamental de apoyo y respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Un discurso que, dadas las circunstancias más bien pareciera tener como objetivo fundamental la limpieza de la imagen del gobernador en turno. Así, el objetivo de este breve y lúgubre texto es presentar algunos de los atentados y asesinatos que han sufrido las comunidades indígenas y rurales por la defensa de su territorio desde el 2018 a la fecha.

El 16 de enero de 2018, la comunera y activista defensora de los bosques de la comunidad de Cherán, Guadalupe Campanur, fue asesinada y encontrada a unos kilómetros, en el municipio vecino de Chilchota sobre la carretera Carapan- Playa Azul. Campanur participó activamente en el movimiento de defensa del territorio de Cherán K´eri cuando en 2011 se organizaron y movilizaron contra la tala clandestina de su bosque, la violencia y la irrupción del crimen organizado quien se encontraba aliado a los partidos políticos y a la policía municipal.

Aproximadamente dos años después, el 29 de enero de 2020 fue encontrado el cuerpo sin vida de Homero Gómez, activista defensor de la biósfera de la mariposa monarca en el municipio de Ocampo, cerca de Zitácuaro. Gómez desapareció el 20 de enero, después de asistir a una feria en la comunidad de El Soldado. Su desaparición se enmarcó en su fuerte activismo y defensa de una especie amenazada, la mariposa monarca, y el avance del agronegocio aguacatero que genera miles de millones de divisas por la exportación. Gómez denunció en múltiples ocasiones cómo la industria aguacatera, en su avance, amenazaba los bosques que reciben año tras año, a la mariposa proveniente de Canadá.

Dos días después, el 31 de enero del mismo año, fue encontrado sin vida Raúl Hernández Romero, quien además de ser guía de turistas en el santuario de la mariposa monarca también fuera, al igual que Homero Gómez, defensor de la biósfera de la mariposa monarca. Hernández Romero habría desaparecido el 27 de enero después de salir de su casa, ubicada en la localidad de San Pedro, en el municipio de Angangueo y sería encontrado dos días después, con signos de violencia en el poblado Las Balsitas.

Ambos activistas habían dedicado los últimos años de su vida a denunciar la tala inmoderada de los bosques que componen el ecosistema de la mariposa monarca, sin embargo, pese a la cercanía geográfica y temporal del asesinato de los dos activistas, los crímenes no parecen estar conectados entre sí.

No solo la biósfera de la mariposa monarca ha sido territorio bajo asedio, también la región conocida como Cañada de los Once Pueblos, localizada al norte del estado de Michoacán, ha sido el escenario donde se han desplegado procesos de violencia en contra de las comunidades para despojarles de sus recursos. El año de 2020 fue un año particularmente violento. El 21 de marzo del 2020, fue asesinado Adrián M, quien fungiera como suplente del jefe de tenencia de la comunidad de Tanaquillo, asesinato que antecedió al de Jesús Miguel Jerónimo, ex jefe de tenencia de la comunidad de Ichán, quien, junto a su hijo fueran asesinados a tiros mientras se encontraban en su casa el 24 de julio de 2020. El periodo 2018- 2020 fue un periodo violento para las comunidades de la Cañada. En 2018, la comunidad de Acachuén había establecido su ronda comunal pero el asedio del crimen organizada logró desarticular el esfuerzo de los comuneros por brindarse seguridad por lo que los embates en la región podrían tener el objetivo de persuadir a las comunidades en su intento de organizar sus rondas comunales.

En otra latitud del estado, el 6 diciembre de 2021 fue secuestrado y torturado el ejidatario Guillermo Saucedo Gamiño, Coordinador de los Comités de Defensa Ambiental de Villa Madero que fueron constituidos para concientizar y visibilizar los daños ocasionados por el cambio de uso de suelo, la construcción de hoyas de agua y la perforación ilegal de pozos de agua para la producción industrial de aguacate y frutos rojos en la región. A pesar de que Saucedo Gamiño había denunciado una semana antes las amenazas en su contra, fue secuestrado el 6 de diciembre y liberado horas después con golpes y huellas de tortura.

El 15 de enero de 2023 fueron desaparecidos el profesor Antonio Díaz y el abogado Ricardo Lagunes, defensores del pueblo nahua de Aquila. Díaz y Lagunes habrían sido amenazados de manera directa por directivos de la minera Ternium México durante una asamblea comunal. En sus exigencias hacia la empresa minera, los comuneros representados por Díaz y Lagunes solicitaban se emitiera la convocatoria para la elección del comisariado de bienes comunales, cargo al que aspiraba Díaz y que le permitiría renegociar los acuerdos con la minera, entre ellos, los acuerdos de ocupación territorial por la minera y la exigencia de un pago justo de regalías por la extracción de minerales del territorio comunal. La desaparición de Díaz y Lagunes estuvo precedida por el asesinado de Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, quienes formaban parte de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila.

Este mismo año, el 21 de febrero, fue asesinado Alfredo Cisneros Madrigal, presidente de Bienes Comunales de la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes. Cisneros Madrigal fue un importante defensor de los derechos de las comunidades indígenas y defensor de los bosques amenazados por la tala y el cambio de uso de suelo para la instalación de huertas de aguacate.

Recientemente, el 4 de abril de 2023 fue encontrado el cuerpo de Eustacio Alcalá Díaz, defensor del territorio de la comunidad de San Juan Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, en la costa michoacana. Don Eustacio, de 66 años de edad, fue secuestrado el 1 de abril por un grupo armado y encontrado tres días después. Don Eustacio había fungido como comisariado de Bienes Comunales y jefe de tenencia de su comunidad y en 2022 habría ganado una demanda de amparo en contra de una concesión minera otorgada a la empresa Arcelor Mittal de la siderúrgica Ternium.

Lo que nos muestra esta lúgubre remembranza es que elementos naturales como los bosques y los minerales son altamente codiciados para la ejecución de proyectos de inversión. La industria agrícola, principalmente la aguacatera y la producción de frutos rojos, así como la actividad minera son dos de las actividades productivas que están en el trasfondo de estos asesinatos. Las comunidades, hoy como hace quinientos años, tienen que organizarse y resistir ante el embate de agentes externos que codician sus territorios, sus recursos, sus cuerpos, sus sueños. Mientras el estado no garantice el respeto a los derechos humanos y territoriales, las comunidades tendrán que organizarse, como desde hace quinientos años.

Bibliografía:

Ventura, C. (2006). Reconfiguración territorial indígena y legislación en México. Scripta Nova, 1- 13.

Publicado originalmente en El viejo topo