Ciudad de México | Desinformémonos. Los periodistas y defensores en México se desenvuelven laboralmente con una “tendencia de muerte”, lo que lo convierte en uno de los países “más peligrosos” para trabajar en la comunicación y defensa de los derechos, mientras que los agresores gozan de una “impunidad preocupante de 98 por ciento», aseguró el relator especial de Naciones Unidas para la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst. Además, destacó la situación “preocupante” de las mujeres defensoras, quienes son víctimas de un “patrón de ataques y violencia”.
Luego de su visita por los estados de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y el Estado de México, Frost dio cuenta de los casos de criminalización, campañas de difamación, intimidación, restricciones a los derechos a la protesta y a la libertad de expresión que viven los defensores y periodistas, quienes incluso son objeto de homicidios y desapariciones.
De acuerdo con Frost, quienes más se enfrentan a la impunidad y los altos niveles de corrupción son los defensores ambientalistas, de los pueblos indígenas y del territorio, al luchar contra empresas impulsoras de megaproyectos y políticos involucrados en ellas.
Al entregar el documento con las observaciones y recomendaciones preliminares a las autoridades correspendientes, el relator de la ONU pidió un minuto de silencio en memoria de Isidro Baldenegro, defensor rarámuri asesinado por su lucha contra la tala ilegal en su territorio.
Con base en los casos de imposición de los megaproyectos, Frost aseguró que las “supuestas” consultas a pueblos indígenas para la construcción de megaproyectos no se apegan a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, enlistó como los grupos de mayor vulnerabilidad a mujeres defensoras, periodistas, promotores de los derechos económicos, sociales y culturales; defensores de los derechos indígenas, ambientalistas, familiares de desaparecidos informantes o whistleblowers, defensores de migrantes y de los derechos la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI).
Señaló a las autoridades del gobierno como responsables de gran parte de los ataques, aunque también identificó a las compañías comerciales que impulsan los proyectos extractivos, los grupos religiosos que operan contra la comunidad LGBTI y los grupos criminales que actúan en complicidad con el gobierno.