Colima, Col., 10 de julio.

La presa de jales (depósito de desechos sólidos altamente contaminantes que se generan al procesar minerales) El Arrayanal, de la minera Benito Juárez-Peña Colorada, está en peligro de derrumbarse, advirtieron ecologistas.

Gabriel Martínez, presidente de la asociación ambientalista Bios Iguana, recordó que en septiembre de 2012 las lluvias causaron un derrumbe en ese lugar, lo que provocó el derrame de miles de toneladas de desechos.

El activista solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que constate que la minera cumpla su manifestación de impacto ambiental y proteja a las comunidades ubicadas en la zona de donde extrae mineral como Paticajo, El Arrayanal y La Playita, en el municipio de Minatitlán.

Los terrenos donde se depositaron los desechos en septiembre pasado, recordó, aún están en disputa, pues los ejidatarios no han querido dejarlos. No hay estado de derecho en materia ambiental en la región; no conocemos los compromisos de las autoridades federales y estatales con la empresa, que tiene manos libres para la extracción de mineral, afirmó.

Un informe preventivo elaborado por la empresa Ardici Corp, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó en 2010, señala que más de 300 mil árboles de diferentes especies, 195 especies de animales (37 endémicas y 37 en peligro de extinción), dos asentamientos humanos y el río Marabasco resultarán afectados por la presa de jales.

Al comenzar operaciones, la empresa indo-italo-argentina Benito Juárez-Peña Colorada dispuso de casi 300 hectáreas para su primera presa de jales, Las Guásimas, pero su vida útil terminó y en 2008 comenzó a construir otra.

Durante un recorrido por las zonas afectadas, Mariano Trillo Quiroz, diputado local del Partido Verde Ecologista de México, señaló que este nuevo basurero de desechos de Peña Colorada tiene capacidad para recibir jales durante unos 30 años. Es un desastre ecológico en aras del progreso económico, dijo.

Peña Colorada comenzó labores en 1975, con capacidad para extraer unas 8.5 toneladas de hierro por año, y es la principal minera de América Latina; sus ganancias anuales se calculan en 3 mil millones de dólares.

Sin embargo, dijo Trillo Quiroz, la empresa paga a los ejidatarios por usar sus tierras 200 mil pesos al año, una suma ridícula: por cada 20 mil dólares que gana la empresa, dan a los ejidatarios un centavo por la renta por 800 hectáreas, y está habilitando 400 más para desechos.

Los terrenos donde se tiran los residuos forman parte de un área de amortiguamiento de la Sierra de Manantlán supuestamente protegida por un decreto presidencial emitido en la década de 1980. Plan de Méndez, Cerro Prieto, Cortapico, La Astilla, Las Pesadas, El Plantar, Jocotlán, El Mameyito y otros poblados están en peligro de desaparecer, al igual que Los Potros y Las Parotas, lo cual vulnera los derechos de mil 400 indígenas nahuas, dijo el legislador.

El 12 de septiembre de 2008, un tribunal internacional emitió en Guatemala una resolución contra las autoridades mexicanas por la polución que la empresa causa en la zona de amortiguamiento, dictamen que el gobierno ha ignorado.

De acuerdo con el legislador, la presa es como un basurero: no existe tratamiento de agua, tiran lodos a cielo abierto y éstos destruyen la superficie para siempre. Además, destruye el hábitat y usa las aguas del río Marabasco para sus procesos. Presentaremos denuncias y exigiremos a la Profepa y Semarnat que investiguen estas irregularidades, puntualizó.

No obstante, la Profepa y la Semarnat aducen que los procesos de la minera cumplen las normas.