El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas hizo un llamado de atención al Estado Mexicano por el incumplimiento de las medidas cautelares que el organismo internacional dictó ante 117 casos de desaparición forzada en el estado de Guerrero, así como en favor de 13 personas que integran el grupo “Los otros desaparecidos” con base en Iguala (aunque ya su alcance rebasó esas fronteras), familiares de las víctimas que han emprendido la búsqueda de sus familiares ellos mismos, ante la falta de respuestas del gobierno central mexicano.

El organismo fue creada por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, sancionada por la ONU en 2006 y ratificada por el estado mexicano en diciembre de 2010. En su artículo 30, la Convención establece que el Comité, además de realzar informes sobre la temática en los países adherentes, le permite participar de dos maneras en litigios: ya sea solicitando a los estados información sobre las víctimas de desaparición forzada o bien, recibiendo casos particulares.

“México no aceptó que se eleven al Comité contra la desaparición forzada de la ONU peticiones individuales, pero sí avala su capacidad de pedir información de carácter humanitario, y la ejecución de medidas urgentes o cautelares en favor de víctimas de desaparición”, explica Juan Carlos Gutiérrez, abogado y coordinador general de I(dh)eas, una organización civil de “litigio estratégico en derechos humanos”.

El abogado explica que son una organización civil de litigio, integrada por abogados dedicados a acompañar los procesos de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de desaparición y tortura. Ejercen la representación legal de distintos grupos de víctimas en México de manera gratuita. “No tenemos ánimo de lucro” explica el abogado.

La tarea que llevan adelante consiste en el asesoramiento de las víctimas y sus familiares (que suelen ser los denunciantes), acompañándolos a los procesos que la Procuraduría General de la Nación tiene previsto, (representándolos y presentando escritos), o bien asesorándolos para presentar denuncias frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Una vez agotados todos los recursos internos, si es posible y el caso es sólido, tenemos la posibilidad de continuar litigando aquí o en instancias internacionales. Nuestra organización se ha especializado en utilizar el sistema de las Naciones Unidas, a diferencia de la mayoría de las organizaciones que se vuelcan al sistema interamericano, como la CIDH.”

El llamado de atención al gobierno mexicano vino a raíz de un caso elevado por Idheas.

“Armamos una base de datos sobre casos de desaparición entre 2010 y 2014, en el que recabamos 170 casos en Iguala, Guerrero y las zonas aledañas. Apoyamos a las familias en ir documentando los casos. Lo que hacemos es reconstruir los contextos en que se dan estas violaciones graves”, explicó Gutiérrez.

De los 170 casos presentados por Idheas el 21 de Setiembre de este año, el mencionado Comité de la ONU solicitó información al gobierno mexicano sobre 117 de ellos. Así como también dictó medidas cautelares para los familiares.

“En el informe que el Comité hizo sobre México en febrero de este año, fue tajante en recomendar a México que debe aceptar el fenómeno de la desaparición forzada como una situación de carácter generalizado en México.” Que es sistemático vino a decir.

¿Qué implica entonces el llamado de atención mencionado al comienzo? “Fundado en el tratado internacional ratificado por México, que el Estado debe cumplir con lo pedido por el Comité. Cosa que hasta ahora no ha hecho. A pesar de la iniciativa legal que se maneja en el gobierno sobre este tema, en relación al organismo internacional, el gobierno mexicano ha incumplido en su voluntad de avanzar en la lucha contra la desaparición forzada. Particularmente ha incumplido la obligación de proteger a las personas, en un desconocimiento absoluto y flagrante de lo dispuesto por las Naciones Unidas.”

El paso siguiente que puede seguirse ahora es que los 117 casos de desaparición de Guerrero y la falta de protección de los 13 familiares sean elevados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Una convención internacional es como un contrato, tiene obligaciones que el Estado debe cumplir. Es sumamente importante que un órgano de la ONU exija el cumplimiento de sus obligaciones al Estado mexicano, que ha demostrado falta de voluntad en elementos concretos y puntuales” ¿En cuáles? “No ha brindado ningún tipo de protección a las familias que han sido amparadas por las Naciones Unidas. Ni siquiera las ha contactado. Se trata de grupos de familias que se mueven en zonas de altísimo riesgo. Tampoco han protegido el fruto de su trabajo e investigaciones en el terreno, particularmente en el hallazgo de fosas comunes. La resolución del Comité de la ONU ordena expresamente que los lugares en que se hayan hecho hallazgos deben ser protegidos. Nada de eso se ha hecho. No se han acordonado las zonas, no se ha protegido la prueba ni los restos encontrados. Esa es la obligación del estado mexicano para garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Estamos frente a una situación generalizada y sistemática en la que la justicia no está actuando”, sostuvo Gutiérrez.