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Ciudad de México | Desinformémonos. En el marco de la cuarta revisión de México en el Examen Periódico Universal (EPU), más de 100 países y el colectivo EPUmx advirtieron la “grave crisis de derechos humanos” que enfrenta el país, especialmente en temáticas como desaparición forzada, feminicidios, violencia y persecución contra periodistas y defensores, racismo y discriminación contra comunidades indígenas y afrodescendientes, tortura; violaciones de los derechos de los migrantes, las infancias, las adolescencias y las juventudes; independencia judicial, entre otras.

Entre las observaciones del EPU, también sobresale el tema de seguridad pública, sobre la que las delegaciones y el colectivo EPUmx recomendaron que se garantice su carácter civil y que “haya un retiro de las fuerzas armadas de estas actividades”, así como que se garantice la rendición de cuentas de las fuerzas castrenses.

De acuerdo con los Estados participantes en la revisión y las organizaciones, centros y redes nacionales e internacionales que integran el colectivo EPUmx, a pesar de que México destacó la creación e implementación de políticas públicas para atender problemáticas como la pobreza y la desigualdad, los avances que reportó en materia de derechos humanos “se ven limitados por la impunidad” y por la “falta de transparencia y rendición de cuentas”.

Además, se destacó la falta de asignación de recursos a instituciones como las fiscalías y la falta de implementación de los marcos normativos, en particular en temas de desaparición, “por lo que es indispensable abordar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en el país”, señaló el colectivo EPUmx.

Los integrantes del colectivo, entre los que se encuentran Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Frontline Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, llamaron al Estado mexicano a atender las recomendaciones dirigidas “a mejorar la situación de derechos humanos” en el país, así como a asumir sus responsabilidades en la materia “para que ello se traduzca en acciones concretas de políticas públicas”.