El plan de atención a la población más vulnerable frente al COVID-19 que anunció el presidente de México y parte de su gabinete por el inicio de la Fase 2, no consideró acciones para mitigar el impacto desigual que éste tendría en la vida de las mujeres.
Al anunciar este 24 de marzo en la conferencia de prensa matutina el plan de atención a la población más vulnerables frente al COVID-19 y el inicio de la Fase 2 de la contingencia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud; José Rafael Ojeda, titular de la Marina; Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); y Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, no reconocieron el impacto diferenciado en la vida de las mujeres que traerá el COVID-19 y no especificaron ninguna medida que lo mitigue.
Por el contrario, el presidente de México llamó las familias a organizarse para el cuidado de las personas adultas mayores, quienes están siendo las más vulnerables frente a la epidemia; y responsabilizó de estos cuidados, en concreto, a las hijas.
“Hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los adultos mayores. Ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicar más. Es un hecho, es conocido, que sobre todo las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres”, dijo López Obrador.
La ausencia de la perspectiva de género en el plan de atención contradice las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien aseguró el pasado 20 de marzo a pregunta expresa de esta agencia de noticias que desde hace varios meses existía un plan para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19 y que éste tenía perspectiva de género. El funcionario evadió detallar en qué consistía esta perspectiva al asegurar que era el Consejo General de Salubridad a quien le correspondía dar esta respuesta.
Cimacnoticias solicitó al Consejo General de Salubridad, y otras dependencias que lo integran, que informen sobre las acciones con perspectiva de género de ese plan, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
El plan del gobierno federal carece hasta ahora de perspectiva de género. Distintos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Comité de Expertas de la Convención Belém Do Pará, alertaron desde días pasados que las medidas de confinamiento en los hogares por el COVID-19 traería a las mujeres mayor carga de cuidados y limpieza, así como mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso por sus condiciones precarias, informales y desiguales de trabajo.
De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres realizan 59 horas de trabajo de cuidados no remunerado. Además, en México los hombres dedican en promedio 4 horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de cuidados, y las personas de hogares con ingresos más altos dedican menos horas a este trabajo que las de hogares con ingresos más bajos, con base en datos de OXFAM.
Estos organismos recomendaron a los gobiernos tomar medidas con perspectiva de género para mitigar esta desigualdad, entre ellas que quienes tengan a cargo el cuidado de otras personas puedan contar con políticas flexibles para atenderles sin afectar su estabilidad en el empleo o sus prestaciones laborales; y que, en caso de que se decrete una cuarentena generalizada, se generen planes de contingencia para que las labores que realizan las mujeres a cargo el cuidado de otras personas puedan ser subsumidos por otras personas sin que esto afecte su ingreso o sus derechos laborales.
Otras medidas son generar esquemas de pagos únicos por causa de fuerza mayor en las instituciones, organizaciones y empresas que no formen parte del salario cotidiano para que las familias puedan enfrentar el aislamiento sin que se vean afectados sus derechos mínimos a la alimentación, a la salud y a la vida digna, entre otros; así como subsidios por parte de los gobiernos para las mujeres y hombres que trabajan en la informalidad o que su sustento dependa de la reactivación de la economía.
Publicado originalmente en CIMAC Noticias
