El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los
pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la «diplomacia económica» a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de «oro libre de conflictos» que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsasen Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

Artículo publicado originalmente en Otros Mundos Chiapas