Ciudad de México | Desinformémonos. El Estado mexicano viola los derechos de los pueblos indígenas al no consultarlos previamente sobre los megaproyectos que pretende instalar en sus territorios, lo que provoca desplazamiento forzado, despojo y quiebre del tejido social, así como hostigamiento, represión y asesinatos a quienes se oponen a las obras y emprenden luchas en defensa de la tierra, señaló la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
De acuerdo con la relatora, los pueblos indígenas aspiran a definir y perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural, como elemento esencial para su libre determinación, pero se han visto limitados «por los modelos actuales de desarrollo impuestos en sus territorios, en particular, el auge de proyectos extractivos, energéticos y de inversión producto de reformas legislativas y de políticas que no fueron consultadas con ellos», tales como el Tren Maya o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
«Recibí denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y culturalmente adecuadas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado», explicó Tauli-Corpuz durante la presentación del informe realizado a raíz de la visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 2017.
Entre las problemáticas señaladas en el informe, la relatora destacó los conflictos territoriales ocasionados por la imposición de megaproyectos, así como la criminalización y la violencia contra los defensores de la tierra y los pueblos indígenas, los cuales «enfrentan esta situación en un contexto ya existente de profunda desigualdad, pobreza y discriminación que limita su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos».
«También recibí denuncias sobre abusos cometidos contra pueblos indígenas durante operativos militares realizados en el marco de actividades del gobierno contra el crimen organizado. Se alega impunidad en varios casos de muertes arbitrarias de personas indígenas debido al uso desmedido de la fuerza por parte de oficiales militares y también de violencia sexual contra mujeres indígenas», agregó.
Indicó que es necesario que se otorgue «el mayor reconocimiento» de los derechos de los pueblos indígenas y que debe reflejarse a través de modificaciones y reformas de la legislación y las políticas en áreas transversales, como los asuntos de tierras agrarias, el desarrollo energético y minero, el agua y la producción y seguridad alimentaria, la administración de justicia, entre otros, y que dichas reformas «deben implementarse en consulta con los pueblos indígenas».
Por último, señaló que respecto al desarrollo social y económico «las instituciones de gobierno deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos y que promueven el empoderamiento, la libre determinación, y las prioridades y propuestas de estos pueblos».
