En lo que constituye una ocasión rara, los medios de comunicación masivos  y los independientes en Estados Unidos se unieron  para expresar su furia colectiva contra el Departamento de Justicia, que pinchó secretamente los teléfonos de la agencia de noticias Associated Press (AP), un hecho también sin precedentes pero que va de acuerdo con la doble moral que maneja el gobierno para la libertad de expresión y la filtración de información reservada.

AP, uno de los más grandes medios de comunicación privados de Estados Unidos, reveló a finales de mayo que fue blanco de una campaña secreta de vigilancia del Departamento de Justicia -que resultó en la incautación amplia e invasiva del registro de llamadas de la agencia de entre abril y mayo de 2012. Más de 20 líneas telefónicas de trabajo, personales y del domicilio de las periodistas fueron intervenidas, lo que asciende a más de un centenar de personas espiadas.

La agencia sospecha que el espionaje y la incautación de los registro se relaciona con una primicia que ofreció en 2012 sobre la actividad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Yemen, en la que utilizó información clasificada filtrada desde el gobierno. El Departamento de Justicia argumenta que eran medidas necesarias para proteger la «seguridad nacional», pero los periodistas (profesionales y ciudadanos por igual) señalan que es un ataque directo a la libertad de prensa y contra la protección de las fuentes, así como un despojo del derecho a la intimidad.

En una carta abierta al Fiscal General, Eric Holder, el presidente de AP, Gary Pruitt, alegó que la vigilancia «revelará comunicaciones con fuentes confidenciales e información… que el gobierno no tiene derecho de saber”. Cuando al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, se le preguntó sobre el incidente, simplemente respondió: «sin comentarios».

Información Clasificada

En la época post 9/11, tanto la administración de Bush como la de Obama utilizaron a la «seguridad nacional» como una excusa para justificar actos que normalmente se consideran inconstitucionales, como las escuchas telefónicas ilegales sin orden judicial contra miles de ciudadanos estadounidenses normales durante la administración Bush, lo que muchos interpretaron  como una manera de silenciar a los críticos de la administración en lugar de combatir al terrorismo.

El ejemplo actual destaca esta tarjeta gratuita del Ejecutivo para la impunidad, que le otorga la posibilidad de excederse en sus atribuciones y negar derechos constitucionales básicos a sus ciudadanos, como la libertad de prensa.

El sistema del gobierno para clasificar la información es un mecanismo que se utiliza a menudo para negar información a los críticos y la prensa, lo que reduce la transparencia general. El Departamento de Justicia argumenta que tiene el derecho y la autoridad para confiscar los registros telefónicos de la AP, ya que la información publicada por la agencia es clasificada y secreta. Sin embargo, Nancy Soderberg, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ahora asesora a Obama en la clasificación de la información de seguridad nacional, dice que el sistema de manejo de documentos oficiales no funciona: «Retenemos documentos que no debemos. El sistema de clasificación actual es obsoleto, totalmente inadecuado para la era digital moderna».

Caza de brujas

Con un sistema que no funciona para la clasificación, el abuso de poder se convierte en moneda corriente. La información que no puede hacer ningún daño a la seguridad nacional se clasifica y así se niega al escrutinio público y la crítica ciudadana. Aquellos que son capaces de tener acceso a la información y criticarla se ponen en peligro de enfrentar cargos criminales. Debido a esto, muchos periodistas y sus fuentes sienten un efecto negativo.

La intimidación y el miedo a la cárcel debidos al uso de información clasificada se volvió demasiado frecuente durante el gobierno de Obama – que trabaja bajo un doble estándar. Mientras que el gobierno de Obama libra una campaña muy agresiva de amenazas y enjuiciamiento a los soplones– aquellos informantes internos que filtran secretos del gobierno-, al mismo tiempo filtra información que arroja una luz positiva en los medios sobre sus propias políticas y acciones, sin buscar el enjuiciamiento de los periodistas que publicaron este material «positivo» o los oficiales que lo hacen posible.

La administración actual ha procesado a seis soplones con la Ley de Espionaje de 1974 – una ley destinada a la persecución de los espías (no a las fuentes periodísticas) y que tiene a la pena de muerte como pena máxima; esto significa el doble de procesos que en las administraciones presidenciales anteriores. Por otra parte, los funcionarios de alto nivel con frecuencia ‘filtran’ información clasificada a los medios de comunicación cuando conviene a sus intereses. Este delito comparable no se enjuicia. Los ejemplos incluyen la filtración de información sobre el ataque mortal contra Osama Bin-Laden Osama (que se convirtió en una película que pone a la administración bajo una luz positiva), los ataques con aviones no tripulados que supuestamente matan a mandos «claves» del Al Qaeda, sofisticados ataques cibernéticos contra el programa nuclear de Irán, y la lista continúa.

Las consecuencias de este doble estándar van más allá de la privación de libertad y el miedo colocado sobre los periodistas y sus informantes. Esto afecta directamente a la vida de casi todos los ciudadanos en los Estados Unidos. El caso actual de los registros telefónicos de AP es sólo una parte de la inmensa y compleja red de una cultura profundamente arraigada de secrecía y vigilancia que el gobierno estadunidense promovió dramáticamente desde el 9/11. De acuerdo con un informe de referencia realizada por el Washington Post en 2012: «Cada día, los sistemas de recolección de la Agencia Nacional de Seguridad interceptan y almacenan 1.7 mil millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas y otros tipos de comunicaciones», un repositorio de información nunca visto en la historia de la humanidad.

Por último, William Leonard, ex jefe de la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Información, señala que: «Los gobiernos deciden bajo el manto del secreto desatar la brutalidad de la violencia en nuestro nombre y el de nuestros conciudadanos. El secuestro judicial se convierte en ‘rendición’, la tortura se convierte en «técnicas de interrogatorio mejoradas», hay detenidos por información que apenas llega a ser rumor, y el asesinato se convierte en ‘selectivo’». Su descripción de la realidad es la manifestación de la peor pesadilla de Orwell.

Publicado el 17 de junio de 2013