Doce organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional y Robert F. Kennedy Human Rights, exhortan al gobierno mexicano a instrumentar el mecanismo especial de seguimiento a la investigación sobre el caso Ayotzinapa, acorde a los lineamiento indicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

“El hecho de que el Estado mexicano se negara a facilitar las condiciones en México para que el GIEI cumpliera con los objetivos de su mandato y la consecuente decisión de no prorrogar el mandato del GIEI después del 30 de abril de 2016, fueron desalentadores. Los hallazgos del GIEI sobre una posible obstrucción de la justicia por parte de agentes del Estado en el caso también resultan alarmantes” escriben las organizaciones internacionales a Enrique Peña Nieto.

En una carta pública al Presidente Peña Nieto, estas explican que, “para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero”, el mecanismo debe incluir:  el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH;  un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; visitas periódicas por parte de la CIDH;  la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento; y el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.

Maureen Meyer, Coordinadora principal del Programa de México en WOLA señaló: “El Grupo de Expertos enfrentó muchos obstáculos por parte del gobierno mexicano, lo que les impidió avanzar en la investigación. Para ser una herramienta eficaz, el mecanismo que México está negociando con la CIDH debe contar con la cooperación plena de este.  De no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará  impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostraría su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas”.

“El mecanismo es una nueva oportunidad para que el gobierno mexicano demuestre a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales” concluye la misiva de los organismos internacionales de derechos humanos

Además de WOLA, la carta fue firmada por las siguientes organizaciones: Amnistía Internacional; Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Conectas Direitos Humanos; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF); JASS (Asociadas por lo Justo); Open Society Justice Initiative; y Robert F. Kennedy Human Rights.

Aquí el texto de la carta publicada el 13 de julio de 2016

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Residencia Oficial de los Pinos

Estimado Sr. Presidente,

Las organizaciones abajo firmantes le escribimos para expresar nuestra preocupación sobre el retraso en establecer el mecanismo de seguimiento para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a más de dos meses del fin del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Solicitamos que el mecanismo se instale a la brevedad y cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En noviembre de 2014, varias de las organizaciones firmantes reconocimos la importancia del acuerdo que el Estado mexicano firmó con la CIDH, las familias de las víctimas y sus representantes legales para crear el GIEI, con el fin de proporcionar asistencia técnica en la investigación sobre los estudiantes desaparecidos. La comunidad internacional y organizaciones mexicanas reconocieron que el trabajo del GIEI era imprescindible para ayudar a esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para investigar a los responsables, y para asegurar la atención adecuada de las víctimas.

En este contexto, el hecho de que el Estado mexicano se negara a facilitar las condiciones en México para que el GIEI cumpliera con los objetivos de su mandato y la consecuente decisión de no prorrogar el mandato del GIEI después del 30 de abril de 2016, fueron desalentadores. Los hallazgos del GIEI sobre una posible obstrucción de la justicia por parte de agentes del Estado en el caso también resultan alarmantes.

A pesar de ello, las organizaciones firmantes apoyamos la creación de un mecanismo de seguimiento al caso de Ayotzinapa, pues al día de hoy las autoridades mexicanas no han cumplido con la finalidad principal del acuerdo con el GIEI: la localización de los estudiantes desaparecidos. Ello quiere decir que la medida cautelar de la CIDH que llevó a la creación del GIEI continúa vigente.

Para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero, el mecanismo debe incluir los elementos esenciales que la CIDH solicitó al Estado mexicano, como son: 1) el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; 2) un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; 3) visitas periódicas por parte de la CIDH; 4) la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento; y 5) el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso. De contar con estas condiciones, el mecanismo mostrará la voluntad del gobierno mexicano de cooperar con la CIDH alrededor del caso, así como su compromiso de cumplir con su obligación de garantizar la verdad y la justicia para las víctimas.

Un mecanismo con por lo menos las citadas características resulta esencial para mantener la confianza que pudo desarrollar el GIEI entre las familias de las víctimas y las autoridades mexicanas, así como para avanzar en el importante trabajo del GIEI para esclarecer el caso.

Exhortamos a las autoridades para que se construya un mecanismo que cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano de manera que no se repitan los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato. El mecanismo es una nueva oportunidad para que el gobierno mexicano demuestre a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales.

Gracias de antemano por su atención a este importante asunto.

Atentamente,

Amnistía Internacional

Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Conectas Direitos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Robert F. Kennedy Human Rights

foto: Desinformémonos