La organización internacional “Girls Not Brides” condenó los matrimonios forzados en niñas menores de edad y consideró que esta es una problemática y no una “tradición de los pueblos indígenas”, y es una forma de violencia que limita que las menores de edad ejerzan su autonomía corporal, libertad de expresión, vida sexual, y demás Derechos Humanos. 

En un comunicado refirieron que el matrimonio forzado en menores de edad no es una “cosmovisión” de la comunidad indígena, sino una problemática que tiene origen en la pobreza, la falta de acceso a servicios, oportunidades e información, y las desigualdades de género, las cuales se tratan de “resolver” al emplear a las menores de edad como una “mercancía” que puede ser transferible por dinero, especies o animales. Acciones que violan sus derechos y las condenan a una vida que ellas no desean. 

Con base en su experiencia, dijeron, los matrimonios infantiles prevalecen en el país porque no hay políticas públicas orientadas hacia la protección de los derechos de las y los niños, ni en garantizar una educación, acceso a salud, oportunidades de desarrollo e independencia económica, reconocer la autonomía, eliminar los estereotipos de género, promover la planificación familiar o de vida. Todo ello impulsa a que las “uniones forzadas” sean una solución a la supervivencia económica. 

En su opinión, es preocupantes que la sociedad considere aún el matrimonio infantil como “algo natural” porque contribuye a que las menores de edad sean más violentadas. “El respeto de los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, no debe estar limitado por la cultura, lengua, lugar de origen o nivel socioeconómico”. 

Datos de “Girls Not Brides” visibilizan que en el mundo, 12 millones de niñas y adolescentes se unen o se casan antes de cumplir los 18 años de edad. Estas uniones conducen a embarazos en la infancia,y adolescencia, que pueden tener un impacto negativo en la salud de estas menores de edad. Cada año, 21 millones de niñas y adolescentes se embarazan, 27 por ciento de ellas recurren a un aborto y 86 por ciento sufren de fístulas obstétricas (una de las lesiones más graves que pueden ocurrir en el parto. Es un orificio entre el canal del parto y la vejiga). 

A fin de terminar con esta problemática, es importante que la legislación sea más rigurosa, promover un cambio cultural, y generar políticas públicas que pongan en el centro a las menores de edad, en particular trabajar con las comunidades para cambiar las normas sociales y de género que permiten que esta práctica prevalezca bajo la impunidad. 

Llamaron a las distintas instituciones federales, estatales y municipales, como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las Secretarías de Gobernación, Salud, Bienestar, Educación Pública de la Mujer y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, entre otras autoridades, a que trabajen en un plan de acción urgente para atacar esta problemática, que involucre a las menores de edad, a las mujeres, y a las y los líderes comunitarios. 

Para llevar a cabo este plan, explicaron, también se deben integrar las opiniones de las organizaciones civiles que trabajan este tema y que tenga un enfoque de género, de prevención de la violencia, de reconocimiento de los derechos, temas de salud, educación, y desarrollo de las comunidades. 

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