Fotos: Daniel Ñamandú.

A ocho meses de la asunción de Santiago Peña como presidente de Paraguay, estudiantes universitarios protagonizan masivas movilizaciones y toma de facultades en defensa del acceso gratuito a la educación superior y programas sociales para la primera infancia, investigación y salud. Una causa nacional que dialoga con la realidad argentina. 

Desde fines de febrero, en las universidades y calles paraguayas, jóvenes se manifiestan en rechazo a la Ley «Hambre Cero en las Escuelas», la cual fue sancionada sin debate ni consulta en el Congreso Nacional y promulgada de manera inmediata por el gobierno colorado de Santiago Peña a comienzos de abril. En Paraguay, la falta de recursos económicos es la principal barrera para que la juventud acceda a la educación superior. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 7 de 10 jóvenes entre 20 y 24 años no accede a la universidad. 

La nueva ley ―criticada por diversos sectores― eliminó el fondo de recursos que financiaba programas sociales vitales para el país, entre ellos, el “Arancel Cero”, que fue el resultado de una larga lucha estudiantil en plena pandemia y que garantizaba por ley la gratuidad en el acceso a la educación superior para estudiantes provenientes de colegios nacionales y subvencionados por el Estado. Este programa era financiado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, conocido por sus siglas como FONACIDE, y establecía que la totalidad del pago que Brasil realiza a Paraguay en compensación por la cesión de energía de la hidroeléctrica Itaipú se dirigía al fondo, del cual el 28% se destinaba al Tesoro Nacional para inversión en infraestructura y el resto se distribuía en diferentes programas y políticas sociales de gran importancia.

Al ser eliminado el FONACIDE, quedaron sin financiamiento políticas públicas tan sensibles como el Fondo Nacional para la Salud, del cual dependen el suministro de medicamentos a pacientes oncológicos y la atención gratuita para la salud mental, además de otros fondos para becas, primera infancia y promoción de la investigación científica. Con la intención de apaciguar los ánimos del movimiento estudiantil, el gobierno incorporó al articulado de su nueva ley un apartado en el que establece que el Arancel Cero pasará a financiarse con recursos del Tesoro Nacional, conocido como Fuente 10, lo que significa que pasará a depender de la recaudación tributaria de cada año, en uno de los países con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región. Los demás programas fueron simplemente eliminados.

La nueva ley cartista, propulsada por el movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, bajo el pretexto de “la universalidad del almuerzo escolar”, creó el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) que elimina el FONACIDE y que se apropia del 80% de sus recursos (cerca de 300 millones de dólares al año), que será manejado por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE). Lejos de incluir a instituciones de salud pública para discutir el almuerzo escolar en escuelas públicas y privadas subvencionadas, el Consejo está compuesto por actores como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), un organismo sin fines de lucro y ajeno al Estado, integrado por cuestionados intendentes que ya han sido denunciados por malversación de fondos públicos.

Además, el CONAE será presidido por el ministro de Desarrollo Social (MDS), el cartista Tadeo Rojas, quien tiene denuncias de corrupción en su mandato de intendente de la ciudad de Areguá. Y que tuvo que renunciar a su anterior cargo de ministro del Interior en 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, luego de que la policía a su cargo asesinara al joven Rodrigo Quintana dentro de la sede del opositor Partido Liberal. 

La falta de rigurosidad en la ley llevó rápidamente a los estudiantes a parar las actividades académicas y tomar sus facultades para exigir su derogación. El 5 de abril, tomaron, además, el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y siguieron masivas movilizaciones exigiendo garantías para la protección de los fondos de la Ley de Arancel Cero y demás programas desfinanciados.

«La verdadera intención política de la Ley Hambre Cero es tocar los recursos más seguros. Sabemos que el Estado está en déficit y tiene un alto grado de endeudamiento, además, tiene un andamiaje de prebendarismo que necesita sostener, ya que hablamos de un partido que se mantiene en el poder hace casi 70 años ininterrumpidos», expresó Aitana Gorostiaga, representante estudiantil de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y referente del Frente de Alianza Estudiantil.

Estudiantes enfrentan a «minoría corrupta» 

Desde el mismo momento en que el Ejecutivo presentó el proyecto de la Ley Hambre Cero a finales de enero, los movimientos estudiantiles advirtieron sobre las consecuencias y empezaron con asambleas permanentes, sosteniendo tomas en la Universidad Nacional de Asunción, del Este y filiales del interior del país. “No superan 100 personas”, afirmaba el senador Basilio Núñez, líder de la bancada cartista y próximo titular del Congreso, ante las movilizaciones de estudiantes. “Es una minoría que muchas veces es más ruidosa”, decía por su parte el presidente Peña.

La respuesta de los estudiantes fue una masiva movilización a nivel nacional el 16 de abril, que llevaba como título “Somos más de 100”. Miles de estudiantes marcharon en las inmediaciones de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, también en el este del país, y se fueron sumando protestas en las universidades nacionales de Villarrica, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Pilar, entre otras instituciones, alcanzando a más de 20.000 estudiantes movilizados. 

“La movilización empezó con el Arancel Cero, pero, con el tiempo, nos dimos cuenta de que esto es una causa nacional, ya que la Ley Hambre Cero desfinancia programas que ayudaban a los sectores más vulnerables de la sociedad”, expresó Marisol Pérez, del Centro de Estudiantes de Medicina-UNA y miembro del Grupo de Articulación de Universidades Nacionales y Públicas, en diálogo con La tinta.

No existen fondos seguros en un país donde la única realidad diaria de niñas, niños y adolescentes es estudiar en aulas con goteras y techos que se caen. Según los datos del año pasado de microplanificación del Ministerio de Educación y Cultura, 3.197 escuelas públicas del país requieren intervenciones de aulas por motivo de riesgo de derrumbe o porque se encuentran en mal estado.

“Queremos plantear una activación del movimiento estudiantil y de la conciencia social y política de los estudiantes. Esto nos dio esperanza y fuerza para seguir luchando”, agregó Marisol. 

Paraguay es un Estado deficitario sin «fondos seguros»

El diputado cartista, Yamil Esgaib, calificó de akãne ―en guaraní, significa ignorante― para referirse a estudiantes universitarios que rechazaron “el blindaje de fondos” ofrecido por el gobierno para financiar el Arancel Cero. Pero resulta imposible pensar y, más aún, ignorar la situación financiera del Estado paraguayo, que no solo recauda poco ―el año pasado, recaudó apenas el 10% del PIB nacional―, sino que además se enfrenta a una evasión fiscal entre el 20 y el 30%, según datos oficiales. Lo que demuestra que Paraguay, además de la alta corrupción y malversación de fondos públicos, tiene un Estado desfinanciado y, para apalancar el déficit fiscal, recurre al endeudamiento y al arancelamiento de servicios.

Cada vez es mayor la proporción del presupuesto que va destinado al pago de los servicios de la deuda, que solo en el 2024 representó el 12% del Presupuesto General de la Nación. Los ingresos genuinos del Estado ―como ingresos tributarios, aduaneros y dividendos de las empresas públicas― son escasos, por lo que la única disponibilidad real de capital es la renta eléctrica y la compensación de las binacionales, siendo Itaipú la más relevante. Así lo demostró el presupuesto del 2024, que contó solo con el 34% de cobertura con recursos genuinos del Estado. La Fuente 10 no garantizaría la gratuidad porque depende de lo que el Estado recaude, mientras que, por su parte, el oficialismo tiene una imperante necesidad de disponer de recursos para mantener su estructura clientelar, luego de las sanciones de Estados Unidos al Grupo Cartes. 

Crisis de credibilidad del gobierno genera unidad de estudiantes y trabajadores

Luego de la gran movilización del 16 y 17 de abril, el gabinete de la presidencia convocó a representantes estudiantiles de todas las universidades públicas para conformar una “mesa de diálogo”, que se realizó el pasado viernes en el Puerto de Asunción con la jefa de gabinete, Lea Giménez, y el viceministro de educación superior, Federico Mora. El presidente Santiago Peña no participó porque estaba en el foro Llao Llao con empresarios aliados de Milei.

Julieta Rojas, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, señaló que el gobierno trata de solucionar problemas de administración y corrupción en detrimento de los programas sociales en vez de mejorar los controles para la eficiencia del gasto público. “No nos usen de extorsión para tratar de solucionar sus problemas administrativos. Queremos una Ley que cubra todo, no queremos quitarle fondos a nadie, no queremos más que nos enemisten con la ciudadanía con un discurso polarizante”, sentenció la delegada estudiantil durante su intervención.

Luego de seis horas de discusiones, la mesa de diálogo culminó con la firma de una carta de compromiso en la cual el gobierno se compromete a conformar mesas de trabajo con representantes estudiantiles para buscar soluciones participativas para el financiamiento de los programas que quedaron fuera. Las muestras de soberbia y subestimación por parte de altas autoridades solo sirvió para aumentar la desconfianza manifestada por gran parte de la población. «La aplanadora cartista» ―como se conoce a los parlamentarios oficialistas― viene aprobando, sin debate, medidas de ajustes a pesar de la gran resistencia en las calles, como se vio en diciembre del 2023 con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones cuando sindicatos de trabajadores y gremios de jubilados recibieron el apoyo de gremios estudiantiles para enfrentar al cartismo en las calles. Esta vez, trabajadores y jubiladxs organizadxs brindaron su solidaridad a lxs estudiantes durante las semanas de paros, tomas y marchas.

La resistencia estudiantil continuará en las distintas unidades académicas con diversas manifestaciones de lucha. Algunas facultades de la UNA anunciaron este fin de semana que retomarán sus actividades desde el lunes 22, mientras las tomas continúan en otras unidades académicas. La respuesta a las nuevas medidas de ajuste y recorte de derechos es la articulación entre líderes estudiantiles y dirigentes sindicales que continuarán unificando reivindicaciones que permitan inclinar la balanza hacia la protección de derechos.

Publicado originalmente en La Tinta