Tres años después de la masacre del 9 y 10 de septiembre, donde la policía asesinó 14 personas, el crimen se mantiene en impunidad.
El pasado 9 de septiembre, familiares y amigos de las víctimas se reunieron en Bogotá para recordar con actividades culturales a las víctimas de la masacre cometida por la policía colombiana el 9 y 10 de septiembre de 2020.
En un informe de 2021, la ONU expresó que en el tratamiento de las protestas hubo: “uso ilícito de la fuerza, violencia de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad”.
Las contradicciones de la alcaldesa
Posterior a los actos de memoria del pasado sábado 9 de septiembre, algunos manifestantes lanzaron algunas molotov contra el CAI, la Gaitana en Suba, rechazando la impunidad de la justicia.
La alcaldesa Claudia López condenó la protesta y responsabilizó a candidatos en las actuales elecciones, que en su momento apoyaron al grupo de manifestantes de la Primera Línea.
Sin embargo, la alcaldesa no reconoció ninguna responsabilidad política por la masacre ocurrida al inicio de su administración. En cambio, en 2021, año en que ocurrió el estallido social y cuando varios políticos y gobernantes buscaban ganarse el apoyo de la ciudadanía que participó de las protestas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo:
Cómo ocurrió la masacre
A la indignación de la gente se sumaron múltiples casos de violencia policial durante las protestas de 2019. En esa ocasión, la policía asesinó o hirió a varias personas, siendo el caso más emblemático el asesinato del joven Dilan Cruz por un uniformado.
El 8 de septiembre de 2020, Javier Ordóñez fue asesinado por la policía en el CAI de Villa Luz. Este fue el detonante de la ola de protestas en las que miles de personas indignadas quemaron o destruyeron más de 80 CAI de policía en Bogotá.
En un video que circuló en redes sociales, se escuchan los gritos de Javier Ordóñez pidiendo ayuda, mientras era detenido y golpeado por varios patrulleros.
Al día siguiente, las personas realizaron convocatorias espontáneas para protestar en distintos barrios de Bogotá. Los grupos de manifestantes buscaban rechazar los constantes casos de violencia, agresiones y abusos sexuales cometidos por la policía en los barrios populares de la ciudad.
Cientos de jóvenes manifestantes atacaron los CAI de cada barrio denunciando que en esos lugares se cometían toda clase de abusos y violaciones contra los derechos humanos.
La policial respondió disparando de forma indiscriminada contra los jóvenes de los barrios populares. Así lo demostraron cientos de vídeos que medios alternativos o personas captaron de los hechos.
En muchos casos, los jóvenes que fueron heridos por la fuerza pública ni siquiera participaban en las protestas. Para la policía bastaba con ser joven, proveniente de barrios populares como Verbenal, La Gaitana, Rincón de Suba, Timiza entre otros barrios, para declararlos una amenaza.
Víctimas en la memoria
Anthony Estrada Espinosa: Era un joven inmigrante venezolano. Fue asesinado en Soacha por un patrullero que le disparó durante las protestas. El oficial es procesado por homicidio y ocultamiento de pruebas. Hoy se encuentra en detención domiciliaria.
Cristián Hurtado: Salió de su casa en Ciudad Verde, barrio de Soacha para observar la protesta y recibió un disparo en la cabeza. No se ha identificado al autor del disparo ni se han presentado testigos dispuestos a hablar sobre el crimen.
Julián Mauricio González Fory: Murió frente al CAI de Timiza en la localidad de Kennedy, cuando participaba en la protesta contra el abuso policial. Fue herido por una bala que le perforó el abdomen. Su muerte quedó impune. Su madre reclama justicia y exige que no se le estigmatice.
Andrés Felipe Rodríguez: Tenía 23 años y vivía en el barrio Verbenal. Participó en las protestas y recibió un disparo en el pecho. Fue llevado a un hospital donde falleció.
Germán Smith Puentes Valero: Murió desangrado en Suba Rincón. La Fiscalía demostró que el patrullero que le disparó había accionado su arma 21 veces, pero atribuyó el tiroteo a una crisis nerviosa.
Cristián Rodríguez Cano: Fue la «víctima número 14», no reconocida en registros oficiales porque el victimario estaba de civil. Murió en la localidad bogotana de Engativá Pueblo el 11 de septiembre.
Jáider Alexander Fonseca: Era el más joven de los asesinados, con solo 17 años. Murió en Verbenal. Su familia afirma que los jóvenes de ese barrio vivían intimidados por la policía.
Stiwen Mendoza: Murió de un disparo en Ciudad Verde, Soacha. Algunos testigos denunciaron que el disparo provenía de la azotea de la estación de policía.
Julieth Ramírez: Apenas tenía 19 años y fue asesinada cuando caminaba hacia la casa de una amiga en La Gaitana. Recibió un disparo en el corazón.
Angie Paola Baquero: Murió cerca al CAI de Aures por un disparo en el estómago, aunque no participaba de las protestas.
Freddy Mahecha: Murió frente al CAI de Aures y su familia busca respuestas sobre quién dio la orden de disparar y quiénes se negaron a prestarle auxilio. Varios de sus familiares pertenecieron a la policía.
Las cifras del Informe Final
El Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre del 2020 señaló que hubo 14 muertes, incluida la de Javier Ordóñez. 11 personas murieron como consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza de la policía nacional, que desconoció los principios de proporcionalidad. Las otras dos personas asesinadas fueron heridas por parte de civiles armados.
75 personas resultaron heridas por armas de fuego, 43 recibieron heridas por armas corto punzantes, 187 recibieron por otros tipos de lesiones.
Según el informe, hubo graves violaciones a los derechos humanos como: “tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia basada en género, violación a la presunción de inocencia a través de falsas acusaciones y estigmatizaciones; privación de atención médica a los detenidos; hurto y/o pérdida de celulares de las personas detenidas; realización de detenciones masivas, colectivas”.
Igualmente, el informe afirma que hubo omisión por parte de las autoridades civiles y policiales para impedir que la policía disparara, puesto que nunca hubo: “una orden expresa y jerárquica de no disparar como parte de las funciones de supervisión”. Del mismo modo, señaló que existió una “pérdida de trazabilidad del mando entre las unidades desplegadas en los puntos de concentración”.
Así mismo, el gobierno de Iván Duque se caracterizó por la permanente estigmatización de la protesta vinculándola a grupos insurgentes, lo cual fue desmentido por distintos informes.
La alcaldesa López, a pesar de conocer previamente de las magnitudes de lo que ocurría, nunca asumió el mando ni la responsabilidad sobre las actuaciones de la policía. Días después pidió perdón públicamente.
Total impunidad
Familiares de las víctimas dicen que además de sufrir la pérdida de sus seres queridos, temen que los crímenes queden impunes.
Hasta ahora no hay ningún uniformado condenado y se encuentran en etapa de imputación o audiencias preparatorias.
Una investigación realizada por el medio Cero Setenta de la Universidad de los Andes, afirma que hay cuatro agentes de policía imputados con procesos abiertos: John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso, Óscar Alexander Márquez y Andrés Díaz Mercado, quienes son acusados de ser los presuntos responsables del asesinato de cinco personas en la noche del 9 de septiembre de 2020.
Estos policías son investigados por el asesinato de Germán Smyth Puentes y Angie Paola Baquero, en Suba; Jaider Alexander Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, en Verbenal (ambas atribuidas a Mercado) y Anthony Gabriel Estrada, en Ciudad Verde, Soacha.
En todos los casos, los patrulleros fueron llamados por la justicia tras hallar una correspondencia entre sus armas de dotación y los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas. En los casos donde los proyectiles no fueron encontrados, no ha pasado nada.
De los cuatro uniformados investigados, únicamente uno se encuentra en detención domiciliaria desde 2021, el patrullero Óscar Alexander Márquez. Los otros tres siguen en libertad.
Lo sucedido de forma reciente con el caso de Anthony Estrada, asesinado en Soacha, muestra la profunda negligencia y sesgo de la justicia colombiana en los crímenes de Estado. La audiencia preparatoria del juicio prevista para el pasado 9 de agosto se ha tardado más de un año en realizarse, y cinco veces ha sido aplazada por decisión unilateral del juzgado.
Ascensos y cero destituciones
Los generales Jorge Luis Vargas y Ernesto Rodríguez fueron ascendidos. Aunque ambos comandaron el Puesto de Mando Unificado durante esas dos noches de septiembre, nunca ordenaron a sus policías dejar de disparar sus armas.
En junio de 2021, Vargas fue ascendido al máximo grado de general. En septiembre de ese año, Rodríguez fue nombrado Inspector General de la policía. En cuanto a los policías acusados, ninguno ha sido destituido de la policía.
Las familias de las víctimas aún tienen expectativas sobre lo que el Gobierno Petro pueda hacer en materia de justicia y reparación.
Contrario a los anteriores gobiernos, el actual ha dado pasos en el reconocimiento de los crímenes de Estado, algo fundamental, pero aún insuficiente.
A esto se suman las ínfimas reformas impulsadas por el Gobierno cuando se trata de las Fuerzas Militares. El Ejecutivo optó por hacer cambios en la cúpula militar y prefirió mantener buenas relaciones, con lo que demostró que no es una prioridad.
Por su parte, las organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una reforma radical en la policía y en la doctrina militar de la fuerza pública.
Al mismo tiempo, pretenden junto a las familias no olvidar a las víctimas, el acompañamiento en la búsqueda de justicia y construir memoria.
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