Casi 300 personas de más de 60 comunidades de Chiapas y del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala rechazaron la construcción de una hidroeléctrica en el río Usumacinta, la cual representaría la invasión y por tanto desalojo de sus tierras.

Durante el Foro de resistencias y alternativas de los pueblos de la zona norte de Chiapas, los asistentes denunciaron que los trabajos para la presa hidroeléctrica binacional Boca del Cerro ya iniciaron con la construcción de los muros de contención en ambos lados del río.

Boca del Cerro es una de las cinco presas planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que las obras se prevén para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura máxima.

De las mil 799 hectáreas que contempla la superficie total del embalse, 707 corresponden al municipio de Tenosique, Tabasco, y mil 92 al de Palenque.

La obra provocará que “desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique, pues se convertirá en oficinas y campamento de la empresa que construye la cortina de la represa”, aseguraron los representantes.

Además, están seguros de que “el gobierno no nos indemnizará por nuestras tierras, aumentará el costo de la vida y desapareceremos como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región”.

Los representantes de las comunidades están conscientes de que la imposición de la represa por el gobierno viola el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual trata de la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.

Ante esto, se comprometieron a aplicar un plan de trabajo para detener la construcción de la hidroeléctrica que contaminará sus tierras y el río, además de afectar la pesa, y se solidarizaron “con las acciones de organizaciones hermanas que luchan por detener los proyectos mineros, carreteros, hidroeléctricos y expulsar de nuestras tierras a los grandes empresarios que quieran despojarnos de nuestras tierras”.

Por último, exigieron justicia por el asesinato de la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cácares, “y por el respeto de los derechos humanos y la vida de los que luchamos contra los megaproyectos y contra las represas, en México, Centroamérica y otros lugares del mundo”.

Con información de La Jornada