Foto: Berenice Chavarría Tenorio
Durante el año 2022, en México 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas por ácidos o sustancias químicas, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), así lo reveló la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.
Durante el informe que presentó el Grupo interinstitucional de la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven violencias basadas en el género (GIEV), Alanís Sámano hizo un llamado a las fiscalías estatales para que estos delitos se investiguen.
También reiteró la necesidad de que los ataques con ácido y otras sustancias se califiquen como tentativa de feminicidio, al ser un delito que atenta contra la vida e integridad de las mujeres que lo enfrentan.
Ataques con ácido permanecen en impunidad
De 2001 a junio de 2022, la Fundación Carmen Sánchez ha documentado 33 agresiones con ácido a mujeres. De estos casos, 60 por ciento fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres.
La alta tolerancia del Estado mexicano hacia la violencia contra las mujeres ha provocado que más del 90 por ciento de los ataques con ácido perpetrados se encuentren impunes. Las sobrevivientes no solo luchan por sanar las cicatrices visibles e invisibles, también deben vigilar que las autoridades actúen con debida diligencia y perspectiva de género para poder acceder a la justicia.
En este contexto vemos casos como el de Martha Ávila, quien el 8 de marzo de 2017 fue atacada con ácido a manos de su yerno. La mujer tuvo que ser sometida a un coma inducido para saber hasta dónde había llegado la sustancia corrosiva. El agresor –de origen argentino– tenía como propósito terminar con la vida de la hija de Martha durante el intento la agredió a ella. Los hechos ocurrieron en el Estado de México y, aunque actualmente el violentador se encuentra en prisión, su pena se redujo debido a que accedió a un procedimiento abreviado.
Por este delito, el hombre había sido sentenciado a 24 años de prisión; sin embargo, tras confesar su crimen la pena se redujo a ocho años, por lo que podría quedar libre en menos de 20 meses.
Otro caso que muestra el nivel de impunidad que enfrentan las mujeres agredidas con ácido es el de Esmeralda Millán, quien en 2018 –a la edad de 23 años– fue atacada por su ex pareja y padre de sus hijos.
Actualmente, el agresor de Esmeralda se encuentra detenido acusado por el delito de tentativa de feminicidio. No obstante, la justicia no ha llegado, pues el hombre y su defensa han logrado diferir la audiencia intermedia en más de 10 ocasiones.
O Carmen Sánchez, quien en 2014 fue atacada por su expareja. Siete años después el agresor fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, a casi nueve años del crimen, el hombre aún no es sentenciado. En su camino Carmen ha tenido que someterse a poco más de 60 cirugías, revictimización por parte de las autoridades y afectaciones emocionales, laborales y económicas.
Pese a que estas agresiones continúan presentándose, al día de hoy solo el estado de Oaxaca, a través del delito Alteraciones a la Salud por Razón de Género, tipificó en su Código Penal las agresiones con ácido o cualquier otro tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva.
Por otra parte, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, CDMX, Hidalgo y Estado de México incluyen los ataques con ácido como agravantes en el delito de lesiones, pero no como un delito autónomo.
Recientemente la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar la violencia ácida por medio de la llamada “Ley Malena”. Con ello se modificaría el Código Penal de la CDMX y la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia local. Sin embargo, algunas sobrevivientes refirieron que no fueron consultadas para dichas modificaciones, por lo que en el mes de marzo iniciará un parlamento abierto para adecuar a sus necesidades.
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